Administración de justicia en Guatemala en manos de estructuras criminales, según diagnóstico internacional

COMPARTE

Créditos: Estuardo Tunche / Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 6 minutos

Por Paolina Albani

Un diagnóstico del Sistema Judicial en Centroamérica y el Caribe, elaborado por la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (Fecajud) y otras organizaciones internacionales, refiere que la administración de justicia y la persecución penal en Guatemala han quedado en manos de las estructuras criminales. Esto, a raíz de la cooptación del sistema judicial que, entre otras cosas, ha desprotegido a jueces y fiscales anticorrupción, ha puesto en peligro la independencia judicial, perseguido y/o destituido a operadores de justicia, y ha creado un entramado de corrupción, a través de los procesos viciados en las comisiones de postulación para colocar a dedo a funcionarios alineados con el pacto de corruptos.

El diagnostico fue presentado el 13 de julio. Algunos de los casos que presenta el documento tienen que ver con acciones recientes que han puesto en peligro la operación independiente y balanceada del sistema de justica. Por ejemplo, la anulación de la designación de Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad (CC) y su reciente sustitución con un magistrado que ha sido conocido en el pasado por su postura conservadora y negacionista de la historia reciente: Héctor Hugo Pérez Aguilera.

También las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al no rechazar in limine las denuncias espurias en contra jueces anticorrupción, como el caso de Erika Aifán, quien presidió los procesos de Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas 2020; y Miguel Ángel Gálvez, quien ahora lleva el caso Diario Militar, en contra de una docena de militares retirados y expolicías, señalados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Otro ejemplo de cómo el sistema de justicia ha sido pervertido son los vicios en las comisiones de postulación, que, en 2019, provocó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señalara la compra de voluntades para que los comisionados votaran a favor de una lista preestablecida y con claros vínculos hacia el ala conservadora, un caso denominado como Comisiones Paralelas.

“Organizaciones internacionales han mencionado que las comisiones de postulación han estado envueltas en una serie de controversias respecto acciones de algunos operadores políticos con un alto interés de colocar en el poder judicial a personas afines a ellos para garantizar impunidad y mantener el control de algunos órganos jurisdiccionales”, refiere el diagnóstico.

“En la elección de magistraturas para el período 2019-2024, la autoridad presentó una investigación en la que estaban coludidos 15 comisionados, votando por los mismos candidatos de un listado preestablecido por operadores políticos, haciendo que la elección solo fuera una simulación, toda vez que ya sabían por qué candidatos deberían de votar y consignar en la nómina final”, indica el documento.

Las nuevas reformas a la Carrera Judicial han centralizado el poder judicial y administrativo en la CSJ, limitando la independencia judicial y, las destituciones de fiscales en el MP, como el caso de Juan Francisco Sandoval, quien era jefe de la FECI o de Hilda Pineda, quien llevaba la Fiscalía de Derechos Humanos que investigó grandes casos de la justicia transicional como el juicio por Genocidio, Creompaz, Sepur Zarco, Molina Theissen y actualmente, el Diario Militar.

Este retroceso en el sector de justicia no solo ha comprometido el trabajo judicial, sino que ha provocado que los investigadores y juzgadores ahora sean criminalizados por el MP.

Un total de 24 operadores de justicia ahora viven en el exilio.

El cáncer que consume al sistema de justicia

Úrsula Indacchea, directora del programa de independencia judicial de la Fundación del Debido Proceso en EE.UU., conversó con Prensa Comunitaria respecto al contenido del diagnóstico y dijo que el estado del sistema judicial es el de un paciente con cáncer, pues está autodestruyéndose.

“No estamos como en el pasado. En las dictaduras militares se tomaban la justicia con tanques y golpes de estado. Hoy se utilizan procedimientos legales que sirven para defender la independencia judicial, en contra de esta. El MP, en lugar de defender el Estado de derecho y de perseguir a quienes rompen con el sistema jurídico, lo vulnera gravemente y persigue a quienes hacen su labor independiente”, dijo Indacochea, quien participó en el lanzamiento del diagnóstico.

El caso más visible de cómo el MP se autodestruye, fue la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien era jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hasta julio de 2021.

“El fiscal de FECI fue separado sin un debido proceso. Cómo se puede confiar en las fiscalías que, sin reparo, se saltan los procesos. El uso de denuncias sin pruebas de anticipo, es disfrazar de legalidad algo que ya tiene un resultado previsto, consensuado -por alguien más-”, añadió.

Lo más grave de esta circunstancia es que Guatemala ya es agrupada, principalmente, por la comunidad internacional, junto a otros Estados parias que registran graves violaciones a derechos humanos y, que son liderados por dictadores, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, refirió Indacochea.

Al mismo tiempo, el clima de persecución en contra de operadores de justicia anticorrupción, como el caso de Aifán y Sandoval, ha llevado a que al menos, 24 de ellos salieran al exilio.

“Ni siquiera Venezuela tiene tantos -exiliados-”, comentó. Solo Chile, de la década de los 70, se compara a Guatemala con los exilios masivos de defensores de derechos humanos y militantes de la izquierda, que en ese momento migraron hacia Europa. Décadas más tarde, los exiliados regresaron a Chile y cuando lo hicieron, “hicieron cambios importantes”, dijo.

Por ahora, “-a los jueces y fiscales- les quieren dar la muerte civil, pero algo que no les pueden quitar es el amor a su país y el deseo de volver para transformarlo. Eso es poderoso. Cuando eso se active, se dará un giro importante. Esto es cíclico, no durará para siempre”, manifestó.

Para la entrevistada, la crisis del sistema de justicia que Guatemala atraviesa no únicamente en un poder, sino que es sistémico e involucra al Estado entero. Además, pone en peligro al sistema democrático.

“Las alertas empezaron hace mucho tiempo. Lo que está pasando con el sistema de justicia es una pieza central de algo más grande. Los ciudadanos han cedido este poder para que el Estado los cuide y los proteja. Lo que hace es defraudar ese encargo”, expresó.

La consecuencia más visible es que la imagen internacional de Guatemala se ha deteriorado y seguirá empeorando si las cosas no cambian.

Para quienes apoyan la corrupción “ya no será posible revestir sus arbitrariedades de legalidad. Cuando -Consuelo- Porras diga que perseguirá a fiscales cuestionables, ya no lo va a poder sostener.

Guatemala está transitando desde la invisibilidad a la visibilidad delante de la comunidad internacional, no solo la latinoamericana, sino la mundial. Si sigue por ese camino, estamos imaginando que vendrá una mayor vigilancia de los mecanismos como el Consejo de Derechos Humanos, que, por ahora, tiene un mandato de generar un informe periódico sobre Nicaragua y Venezuela. Pero Guatemala podría verse incluida en esos informes”, señaló.

Dinora Martínez, jueza y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), admitió que han notado un socavamiento del Estado de derecho. Sobre todo, cuando se realizan ataques en contra de jueces independientes por emitir decisiones judiciales. Y las denuncias espurias, sin fundamento, en contra de los jueces, afectan al Estado de derecho.

“Se les desacredita en redes sociales, a nivel profesional y personal. Se les criminaliza. Si los jueces no encuentran apoyo institucional, eso debilita su ejercicio jurisdiccional y se busca presionarlo”, manifestó Martínez.

La falta de un Estado de derecho es apenas el primer movimiento en un tablero de ajedrez que puede provocar no solo que la ciudadanía pierda la credibilidad en el sistema de justicia, sino que inversiones económicas de empresarios se pierdan o sean retiradas. Esto tendría un impacto en el incremento de la migración, pues “las juventudes no encuentran cómo desarrollarse en el país y sus conflictos no son sometidos ante un sistema que le dé garantías de protección”, explicó.

Respecto al involucramiento de empresarios en casos de corrupción, que se han aprovechado de la relajación del sistema de justicia como el caso de la Compañía Guatemalteca de Níquel en El Estor, Izabal, señalada de estar coludida con el gobierno para seguir explotando tierras ilegalmente; Indacochea puso como ejemplo que, recientemente, Estados Unidos incluyó a algunos de los empresarios en la nueva Lista Engels de actores corruptos a los que dicho país les ha prohibido el ingreso.

Esta situación también pondría en jaque la relación de Guatemala con otros países y los apoyos, como los préstamos, también se condicionarían.

Jueces bajo ataque

“Estamos ante una crisis institucional, la situación es verdaderamente difícil. Los jueces al no encontrar respaldo, deben ejercer su defensa de forma personal y esto les quita tiempo para desempeñar su rol.

Es necesario iniciar una fiscalización ciudadana y habilitar controles institucionales para investigar hechos ilícitos”.

La no renovación de las cortes -CSJ y Corte de Apelaciones- y las nuevas reformas a la Ley de la Carrera Judicial que centralizaron, nuevamente, el poder de la corte en lo judicial y lo administrativo, también ha diezmado al problema.

“No se deben mezclar las labores judiciales con las administrativas. Las normativas que quedaron sin vigencia, darían inicio a procurar la separación de las funciones. Con las reformas, se vuelve a centralizar en el CSJ -el poder- y eso confunde las funciones. Entonces, se vuelve discrecional el poder judicial y podría tener consecuencias en cuanto a estabilidad y especialidad, que son derechos que los jueces deberían de gozar por su cargo”, refirió.

“Es preocupante y lamentamos la persecución y ataques mediante denuncias espurias a jueces independientes, que no pueden desarrollar sus labores de manera adecuada al ser objeto de presiones a través de redes sociales. O a través de denuncias, atentando contra su seguridad personal”, agregó la presidenta de la asociación.

Grandes soluciones para grandes crisis

Esta crisis “más grande” necesitará una solución igual de grande y comprensiva, aseguraron Indacochea y Martínez.

“Lo que se necesita son soluciones relacionadas con el restablecimiento de la democracia. Que se activen los mecanismos de protección de derechos humanos, la Carta Interamericana y un monitoreo especial que, por ejemplo, ya se hace a Nicaragua”, dijo Indacochea.

Otro punto que ambas fuentes señalaron fue convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política.

“En Guatemala, nunca se hicieron reformas constitucionales en materia de justicia. Eso habría contenido un poco la situación -actual-”, expresó Indacochea.

Mientras que Martínez señaló que urgen las reformas en el sistema de elección de actores de justicia, pues “es parte del problema la injerencia de poderes políticos en el sistema de elección. Debemos privilegiar la meritocracia”.

Finalmente, “el asociacionismo es importante para hacerle frente como gremio y alcanzar la paz social”, sugirió la jueza.

COMPARTE