Familiares y querellantes en el #CasoDiarioMilitar señalaron que la denuncia en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, obstaculiza y entrampa el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Por Regina Pérez
Familiares y víctimas del conflicto armado interno, así como organizaciones que apoyan casos de justicia en los tribunales, manifestaron su solidaridad con el juez Miguel Ángel Gálvez, quien fue denunciado por miembros de la Fundación contra el Terrorismo, quienes solicitaron un antejuicio en su contra, el cual fue dado con lugar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los sobrevivientes señalan que el proceso contra el juez debilita y obstaculiza el acceso a la justicia.
En una rueda de prensa, querellantes y familiares de las víctimas de desaparición forzada del Diario Militar, la Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), señaron que las amenazas a la independencia judicial de Gálvez se incrementaron a partir del 6 de mayo, cuando resolvió enviar a juicio a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, en dicho caso.
Gálvez forma parte del grupo de jueces de alto riesgo, que conoce casos de alto impacto, que habían denunciado hostigamiento en 2021 y que pidieron el apoyo de la Fiscal General, Consuelo Porras, de desestimar las denuncias en su contra, que consideran espurias.
Sin embargo, desde el mismo Ministerio Público (MP) se promovieron los antejuicios en contra de ellos, como en los casos de Érika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo, quien tuvo que salir del país y de Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo, quien perdió su inmunidad en febrero pasado, denunciado por la Fiscalía.
Manuel Farfán, de FAMDEGUA y querellante en el caso Diario Militar, manifestó que han caminado casi 38 años buscando a sus seres queridos y han creído en el sistema de justicia guatemalteco, desde el momento en que sus madres supieron que sus familiares habían sido desaparecidos.
En este momento vemos con mucha preocupación todo lo que está sucediendo y lo que se ha manipulado en contra del juez Gálvez, indicó, señalando que el juzgador ha demostrado independencia en sus resoluciones.
Agregó que como víctimas les preocupa que estas denuncias sin fundamento puedan obstaculizar el acceso a la justicia que ellos han buscado desde hace años.
Alejandra Cabrera, también querellante en el caso Diario Militar, dijo que la acción en contra del juez debilita el acceso a la justicia y temen que vaya a retrasar el caso, que tardó casi cuatro décadas en llegar a Tribunales.
Cabrera indicó que el Estado está llamado en este caso por la Corte Interamericana, a retirar todos los obstáculos, para el acceso a la justicia. Agregó que en el marco de los conflictos armados, es importante garantizar el acceso a la justicia a las víctimas.
El proceso de antejuicio en contra de Gálvez podría tener un largo recorrido en el sistema de justicia. La CSJ designó a la magistrada Zonia de la Paz Santizo como jueza pesquisidora. Tampoco le impide, por ahora, que realice sus audiencias en el Juzgado de Mayor Riesgo B.
El abogado Héctor Reyes, director de CALDH, dijo que la criminalización que sufrían lideres y lideresas en los territorios ahora se ha trasladado a las y los jueces y operadores de justicia probos, perseguidos por la Fundación contra el Terrorismo, con la comparsa de la CSJ, que en lugar de declarar sin lugar estas denuncias espurias, les da trámite.
Lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicatura, mientras resuelven su situación jurídica, sabiendo que en Guatemala, para resolver una situación jurídica de este tipo, tardará mucho tiempo, dijo el abogado.
El pasado miércoles 15 de junio, la CSJ informó que dio trámite a una solicitud de antejuicio en contra del juez, presentada por la Fundación contra el Terrorismo. Dicha denuncia ya había sido denunciada por Ricardo Méndez Ruiz, quien acudió a una de las audiencias en mayo pasado en las que Gálvez resolvió enviar a juicio a exmilitares y expolicías por desaparición forzada.
Debido a la situación actual que vive en Guatemala, cualquier solicitud de este tipo en contra de jueces y operadores de justicia, se le da trámite, manifestó Reyes, quien ejemplificó los casos de Pablo Xitumul, Erika Aifán y el caso del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Sí, definitivamente hay una persecución política jurídica específica para ciertos jueces, expresó.
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Gálvez ha emitido resoluciones no solo en casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, sino en casos de corrupción del presente. En su judicatura conoció el caso de “La Línea”, donde envió a juicio al expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como “Cooptación del Estado”.
En una entrevista con Prensa Comunitaria, el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo expresó su deseo de permanecer en el país. “¿Cómo es posible y cómo un país se va a dar el lujo, por ejemplo, siempre lo he dicho, de sacar a su gente buena, ¿se imagina qué va a pasar con el país?” manifestó.
Según cifras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), al menos 24 operadores de justicia han tenido que salir del país para proteger su vida.
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