Inundaciones constantes, sequías y aumento del nivel del mar son apenas algunos de los efectos que ya han cambiado la vida de la población en Tabasco. Ni en el estado, o el país existen políticas públicas con opciones para los afectados por la emergencia climática.
Por Animal Político
Ricarda Flores describe la que era su casa a unos 150 metros de la costa, cuenta que tuvo que dejarla hace 10 años porque el mar “se la comió”. Desde entonces, ha recorrido tierra adentro lo poco que le queda, pero su única alternativa ha sido mantenerse a la orilla de esta playa en Sánchez Magallanes, un rincón de Tabasco donde los efectos de la crisis climática no han dejado de sentirse.
“Un Norte grande se llevó mi casa, la deslavó. Yo quedé evidentemente en arena, ahorita mi casa es de arena y de lámina que mandé hacer, pero no tenemos a dónde ir. Nosotros somos pobres, somos personas pobres”, dice Ricarda, jefa de familia y cuidadora.
Su esposo, Carlos Córdova, murió en 2020 por COVID-19, y desde entonces Ricarda ha tenido que trabajar en la desconcha de ostión, para sacar adelante a su hijo menor de edad y a su tío, quien vive con discapacidad.
Ricarda no lo piensa dos veces al responder si le gustaría irse de aquí, el problema son las opciones que tiene: actualmente no hay en Tabasco, pero tampoco en el país, algún programa o política pública que atienda a las personas forzadas a migrar, ante los efectos de la emergencia climática.
De hecho, ni siquiera hay información sobre cuántas personas en México ya han tenido que desplazarse por el fenómeno, apenas hay algunas estimaciones de la población potencialmente vulnerable o que podría ser afectada en unos años; pero ningún plan de atención o contingencia.
El Banco Mundial estima que para 2050 en el país habrá cerca de 3 millones de personas desplazadas internas por el cambio climático. Hay otra estimación del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC por sus siglas en inglés) que afirma que, solo en 2020, hubo 101 mil desplazamientos forzados en México ocasionados por desastres naturales, 10 veces más migraciones que las causadas por la violencia ese mismo año.
En el caso del aumento del nivel del mar, uno de los principales efectos por la crisis climática, el propio Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de Tabasco reconoce que este fenómeno afecta a 10 de 17 municipios, con una superficie estimada de 6,184 km2, y donde vive el 70% de la población del estado.
Pero de política pública para hacerle frente a los efectos de la crisis climática, no hay nada.
De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la existencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es innecesaria, pues ha sostenido que sus funciones las puede adoptar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En México existe el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), un mecanismo establecido en la propia ley en la materia para coordinar la política nacional ante la crisis climática. Sin embargo, este mecanismo que buscaría desarrollar las políticas climáticas con los estados, 14 secretarías, comisiones, el Congreso y el INECC, ni siquiera se ha reunido —como lo obliga su propio reglamento— en la actual administración federal.
De acuerdo con los propios registros del SINACC, su última reunión fue en enero de 2018, casi un año antes de que López Obrador tomara posesión.
El mandatario presume Sembrando Vida como la principal política ambiental, por incentivar la siembra de árboles frutales y maderables. Pero aunque este programa tiene como objetivo reforestar, ha ocurrido lo contrario. Un informe del World Resources Institute publicado en 2021 identificó que en estados del sureste se perdieron 73 mil hectáreas de árboles –principalmente en zonas vulnerables al cambio climático— durante el primer año de su implementación.
El riesgo de vivir a nivel del mar
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), consultado por Animal Político, dijo que se estiman cinco escenarios en los que el nivel del mar puede llegar de 1 a 5 metros y podría afectar a por lo menos 9 mil 345 habitantes, y hasta 86 mil 435 personas solo en Tabasco.
En esta zona costera de Sánchez Magallanes, dentro del municipio de Cárdenas, vive César Benítez Ramírez, quien asegura que el mar también le ha ido comiendo terreno a su casa, por lo que busca una reubicación ante el riesgo de vivir a metros del Golfo de México.
“Nosotros nos vamos con gusto porque sabemos que no tenemos tanto problema más arriba, porque aquí si viene un huracán grande, nos va a llevar. Claro que tratamos de salvar nuestras vidas, pero lo poquito que tenemos se pierde. Antes aquí a esta altura había casas, ahorita ya todas desaparecieron”, cuenta Benítez a unos metros de las olas que rompen en una especie de escollera de arena, una improvisada construcción que sirve como un leve intento de impedir el avance del agua.
Benítez fue pescador y campesino, ahora busca “chamba de lo que sea”, ante la cada vez mayor dificultad de trabajar en la costa por la prohibición de pescar cerca de las plataformas petroleras que pueden verse desde la playa.
“Quisiéramos que el presidente López Obrador, que es de aquí de Tabasco, nos echara la mano con una mejor protección, para seguir viviendo unos cuantos años más aquí, ya nosotros qué hacemos, pero para los nietos, para los que vienen, sino al rato no va haber nada aquí”.
Por sus lagunas y costas, Tabasco tiene una gran actividad acuícola, especialmente en el cultivo y producción de ostión, sin embargo estas técnicas han sido afectadas por la actividad petrolera y los efectos climáticos en la zona.
Magdalena Lagunas, investigadora socioambiental del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en Tabasco, explica que la industria petrolera impuesta en el estado dejó sin actividad y sin recursos a esta comunidad pesquera, pues contaminó y alteró las condiciones del sistema lagunar, conocido como Carmen-Pajonal-Machona.
“En los años 70, por la industria petrolera, abrieron casi 100 aperturas artificiales de la desembocadura del complejo lagunar con el mar. Para empezar la laguna se llenó de sal, dejó de ser dulce, se perdieron especies. El agua de los pozos ya no es potable, ya no se puede tomar ni usar para cultivo”, explica en entrevista.
La especialista detalla que el aumento del nivel del mar en Sánchez Magallanes implicó la salinización del suelo y el agua de las lagunas en pocas décadas.
“En menos de 40 años, la gente se quedó sin comida, sin leña, sin suelo, sin agua y sin actividades productivas, y ahí está todavía la gente. Muchos de ellos se hicieron petroleros o tienen trabajos de obreros”, sostiene.
Bertino de la Cruz, técnico profesional en acuacultura, coincide en las causas que están provocando una crisis ambiental y social en la zona.
“Muchas especies se están perdiendo, por ejemplo, el ostión, aquí se conoce como crassostrea virginica, antes aquí se sacaba mucha producción de ostión, ahorita eso ha ido menguando por la contaminación, y si le meten la llegada de la refinería en Dos Bocas, eso viene acabarnos a nosotros”, sostiene el acuacultor e integrante de una cooperativa local.
De la Cruz señala que ante la falta de oportunidades y la amenaza del incremento del nivel del mar, la migración se vuelve la única opción para muchos habitantes.
“A estas alturas era para que nosotros tuviéramos una universidad, tenemos casi 20 mil hectáreas de laguna y el Golfo de México y no tenemos ni tan siquiera una ampliación de una universidad”, lamenta.
Tabasco cuenta con procesadoras de gas, con cientos de ductos y miles de pozos en la industria de hidrocarburos. Actualmente se construye una refinería en Dos Bocas, municipio de Paraíso, una de las megaobras prioritarias del gobierno, bajo el argumento de reforzar la “seguridad energética” del país incrementando la producción de gasolina y diésel y reducir su importación.
Solo para 2022, el proyecto recibirá una inversión pública de más de 45 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Energía, y aunque Pemex ha reconocido que su costo total superará los 8 mil millones de dólares, calificadoras como Moody’s estiman que será de unos 12 mil millones.
En México, se decidió apostar por una refinería siendo el lugar número 11 a nivel mundial en la emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo con la plataforma ClimateWatch.
Un estudio hecho por la organización CartoCrítica sobre la contribución de Pemex a la emergencia climática, advierte que solo la extracción, procesamiento y uso de combustibles fósiles contribuyen con más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país.
Migrantes climáticos atrapados
Si bien hay poblaciones en Tabasco más vulnerables al aumento del nivel del mar, a las inundaciones y al aumento extremo de las temperaturas, no todas las personas pueden moverse a un lugar más seguro, ya sea por falta de recursos económicos o redes de apoyo.
La investigadora y especialista en derecho ambiental, Armelle Gouritin, sostiene que esta población que aspira a moverse ante los efectos climáticos está “atrapada”, un fenómeno que sucede en todo el mundo ante la crisis climática, pero del que no se habla y se invisibiliza.
Como ejemplo, menciona el impacto que tuvo el huracán Katrina en Estados Unidos en 2005, cuando se comenzó a visibilizar a esta población.
“La gente sabía que se venía un huracán, sabían que era peligroso y que podían perder la vida y todo, pero simplemente unos no tenían dinero para poner gasolina en el coche o no tenían amigos o familiares que podían recibirlos fuera de la zona de peligro. Ellos objetivamente tenían que desplazarse, pero no lo hicieron y aquí fue por razones económicas o sociales”, explica Gouritin en entrevista.
De acuerdo con el estudio “Migrantes climáticos en México”, coordinado por la investigadora y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Tabasco cuenta ya con los escenarios para detonar un desplazamiento forzado climático.
Tabasco ha sufrido un fuerte deterioro ambiental desde hace al menos 40 años, con una pérdida del 58.3% de la cobertura vegetal, para priorizar la actividad agrícola y ganadera.
En la entidad, el 65.8% de las viviendas cuenta con acceso a agua entubada y todos sus municipios han emitido declaratoria de desastre, principalmente por tormentas, de acuerdo con datos del propio INECC.
Entre 1999 y 2018, el estado recibió un total de 18 mil 661 millones de pesos por 14 eventos de desastre, un 9% del total de los fondos repartidos en esos años.
Una de las más fuertes ocurrió en 2007, después de que el 62% de Tabasco se inundó, incluyendo el 80% de Villahermosa; en ese entonces, el gobierno y empresas reubicaron a damnificados en cerca de 85 mil viviendas, sin embargo, algunas de ellas quedaron en mayor vulnerabilidad, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Nos acostumbramos y nos vamos al agua”
Rosa de León García lleva 40 años viviendo en Nacajuca, un municipio de la región centro de Tabasco, y en cada inundación dice estar “acostumbrada” a tener que dejar su hogar hasta por tres meses.
En la inundación de 2020, provocada por fuertes lluvias y el desfogue de presas en la región, Rosa perdió casi todas sus pertenencias y animales. Aunque cuenta con algunas redes de apoyo en su localidad, no tiene forma de reubicarse ni quiere dejar la vivienda que tiene junto al río.
“Aquí van tres años que nos vamos al agua y no dan nada, todos eso años yo pierdo todo. No hay quien nos apoye, pero este es mi lugar y yo no tengo pa otra cosa, aquí vivo y no pienso moverme a otro lado”, dice la habitante en Nacajuca que ha podido salir adelante con ayuda de vecinos y con el trabajo que le cae por lavar y planchar ropa.
De acuerdo con datos del INECC, seis de los 17 municipios registran un mayor riesgo de inundación para la gente: Emiliano Zapata, Huimanguillo, Nacajuca, Jalapa, Centro (Villahermosa) y Jonuta.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático considera que Tabasco está altamente expuesto y es muy sensible a las inundaciones, pero destaca que cuenta con una “buena capacidad adaptativa” ante los efectos del sobrecalentamiento del planeta.
“Los municipios cuentan con una alta capacidad adaptativa, es decir, se consideraron: los instrumentos de gestión de riesgos, los sistemas de regulación de avenidas, los instrumentos para la protección y restauración de ecosistemas y las unidades de protección civil”, sostuvo el instituto a una solicitud hecha por Animal Político sobre el diagnóstico del estado frente a los riesgos que hay para su población.
Sin embargo, la investigadora y abogada ambiental Armelle Gouritin sostiene que estas capacidades son insuficientes, pues no hay información clara sobre las afectaciones a las poblaciones vulnerables ni políticas públicas que se enfoquen en el desplazamiento climático.
“No tienes ninguna autoridad encargada de monitorear el fenómeno de desplazamiento climático, no hay cuantificaciones, no hay datos desagregados a nivel estatal, y es resultado de la invisibilidad del problema”, explica Gouritin.
Ni los planes hidrológicos de Tabasco ni el programa contra contingencias hidráulicas del expresidente Enrique Peña Nieto ni el actual modelo de presas implementado por López Obrador han evitado que la población del estado se inunde.
Dejar el hogar no es opción
La última vez que Maricruz Herrera y Luis Pérez tuvieron que dejar su casa fue remando.
Ellos viven en Gaviotas, una colonia al sur de Villahermosa, y que está en constante riesgo ante inundaciones. Sin embargo, para la pareja no es una opción buscar otro lugar donde vivir, pues consideran que pueden adaptar su casa lo suficiente para permanecer.
“Nuestro plan es ahorrar, ponerle losa a nuestra casa y hacer un techadito arriba y ahí quedarnos, pasar así las inundaciones porque no vamos a decir que Tabasco ya nunca se va a inundar, es algo natural. Antes decían los ancianos que se inundaba, pero nunca llegaba a tantos niveles, ¿por qué? Pues ha crecido la población, se han invadido las reservas naturales, los lugares que no eran habitables, aquí donde estamos eran potreros, eran ranchos, entonces el agua buscaba su cauce”, cuenta Maricruz, ama de casa y modista, quien más que un apoyo ante los desastres, dice que necesita fortalecer su casa ante las inundaciones.
Herrera dice que no se moverán a otro lugar con igual o mayor riesgo ante los efectos del cambio climático, y recuerda las reubicaciones fallidas de 2007.
Su esposo, Luis Pérez Jiménez, agrega que antes las inundaciones ocurrían naturalmente con las lluvias, pero que ahora son provocadas sin considerar a la población vulnerable.
También descarta salir de su hogar, o incluso de Tabasco, y apuesta a la adaptación para enfrentar los efectos climáticos.
“Nacimos aquí en Tabasco y pues a nadie le gusta dejar su tierra, porque en otra parte pues prácticamente vuelves a empezar. No sería una opción salir de Tabasco, aunque muchos lo hacen, pero he visto muchas personas que vuelven a regresar. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando”, dice Pérez quien trabaja como electricista y plomero en Villahermosa.
“No importa que no me den los 10 mil pesos de ayuda, que me apoyen para ponerle la losa a la casa y poder tener un lugar seguro. También que pavimenten las calles, que haya buenos drenajes, porque no están funcionando bien y con una lluvia ya nos inundamos. El gobierno tiene que ver la manera de que la en las presas y todo lleven un buen control para no inundarnos”, sostiene Maricruz, quien agrega que en la zona hay una batalla constante por conseguir agua potable.
La isla que no teme al cambio climático
Alcides Pérez y María Dolores Pérez Hernández llevan más de 57 años habitando el poblado de Andrés García, mejor conocido como La Isla, un terreno rodeado por las desembocaduras de la Laguna de Mecoacán, el mar del Golfo y el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso.
La pareja inició su vida en este rincón de Tabasco trabajando para los dueños de una finca dentro de La Isla, donde tuvieron a los dos de sus primeros siete hijos.
Sin embargo, hace casi 10 años, la pareja tuvo que moverse a otro punto de La Isla, pues su casa hecha de fibra de coco fue quedándose poco a poco bajo el mar.
“Le decían la Punta Encantada, había un río pero el mar se lo comió”, dice María Dolores al recordar su antiguo hogar, donde podía sembrar coco, limón, mango, naranja, cocoyol, uverales, plátano y guaya.
“Estábamos acostumbrados a pasar nortes y todas esas cosas, pero cuando dijeron que iba a venir un ciclón fuerte nos vinimos y avisamos que ya no íbamos a vivir allá”, cuenta ahora desde casa de una de sus hijas, con quien vive a sus 77 años de edad.
“La dejamos porque ya estaba muy cerca el mar y venían tiempos malos”, insiste Alcides, quien apunta que la construcción de escolleras entre el mar y la laguna influyó en el riesgo actual en el que viven ante la crisis climática.
De acuerdo con los propios pobladores, en el ejido de La Isla (a la cual solo se puede llegar en lancha) viven cerca de 200 familias quienes se organizan mediante comités ciudadanos para la toma de decisiones. La Isla tiene escuelas propias, cuenta con energía eléctrica y batalla actualmente para mantener la distribución de agua potable.
La región ha sido afectada desde la construcción y operación del puerto de Dos Bocas en 1982, base de operaciones de la actividad petrolera en Tabasco, la cual ha fomentado la erosión de los recursos naturales que antes abundaban, de acuerdo con los propios pobladores.
Arturo Pérez, hijo de Alcides y María Dolores, se ha dedicado a la pesca, pero dice que actualmente es un oficio insostenible, pues las modificaciones en las corrientes de la laguna y la contaminación petrolera han puesto en peligro a las especies que antes habitaban la laguna.
“Hace 20 años las pesca era fenomenal, podías en una buena semana o unos días podías pescar mil kilos de cintilla o sierra. Hoy, con suerte, encuentras 100 o 200 kilos de bandera o jurel en una semana”, cuenta desde su casa.
También menciona que la cercanía de los mecheros petroleros ha impactado en la salud de las comunidades cercanas, y sostiene que quienes ya no pudieron seguir viviendo de la pesca, han tenido que salir o encontrar trabajo en la industria petrolera.
Pero a pesar de todos los riesgos que implica vivir cerca de la costa y rodeados de la industria petrolera, cada vez más creciente en la zona, estos habitantes de La Isla prefieren resistir aquí, acompañados.
“Yo me siento segura aquí, más allá de que ahorita corremos peligro nosotros. Antes estábamos solitos, allá no había vecinos, ahora no estamos solos, tengo a mis nietas, tengo a mis hijos. No me pongo a pensar que estoy sola”, dice María Dolores Pérez frente al manglar de su casa.
Justicia climática
Ante los distintos escenarios que enfrenta la población en Tabasco por la crisis climática, investigadoras consultadas por Animal Político señalan distintas políticas públicas que deben retomarse.
La investigadora Armelle Gouritin explica que la participación de las personas afectadas es clave para mitigar la crisis ambiental y climática, con un enfoque que contemple a quienes padecen más los impactos.
“No todos somos impactados de la misma manera por el cambio climático, no todos tenemos que desplazarnos de manera forzada ante un mismo fenómeno, va a depender del género, la edad, una posible discapacidad, pobreza, la dependencia de los recursos naturales. Las personas y comunidades están muy encapsuladas en un papel de víctima sin realmente tener voz en las mismas maneras de ver el fenómeno”, expone.
Agrega que para implementar una justicia climática, hay que señalar responsabilidades, y la principal, en cuanto a desplazamiento forzado climático, es de las autoridades.
Magdalena Laguna, investigadora socioambiental consultada, también coincide en que mientras no se considere la desigualdad, no podrá hablarse de justicia climática en México.
“Así como la pandemia nos ha evidenciado tantas desigualdades, el cambio climático también pero no lo muestran . El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) jamás menciona este tema y todas las medidas que están anunciando son medidas macroeconómicas para beneficiar a las grandes empresas”, expone.
En 2018, el Banco Mundial financió proyectos de adaptación climática, uno de ellos realizado junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que se hizo en la comunidad de El Mingo, municipio de Cárdenas, Tabasco.
El proyecto se concentró en una escuela y en medidas de adaptación para captar agua de lluvia y en una potabilizadora para la comunidad.
Sobre este ejercicio, Patricia Arendar, directora de asuntos internacionales del INECC, destaca también la participación de las comunidades para que las políticas públicas den resultados.
“Se instaló una gran cisterna en la escuela, se hizo con la comunidad, hubo una estrategia de participación fuerte para lograr la apropiación de la técnica. Trabajaron con un salario y habilitaron la captación de agua”, explica en entrevista.
Arendar sostiene que solo con organización que vincule a la gente se podrá enfrentar la vulnerabilidad e incrementar la capacidad adaptativa, ante los efectos climáticos que seguirán impactando Tabasco.
Este reportaje se publicó en convenio con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que brindó herramientas y recursos para su realización.
