El Consejo Superior Universitario (CSU) designó a Héctor Hugo Pérez Aguilera como el magistrado titular para completar el período de Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad, 2021-2026. Voces que estuvieron dentro de la corte han asegurado que la designación de Pérez Aguilera fue un mero trámite para concretar la salida de Porras y que su llegada eliminará toda disidencia dentro de la CC.
Por Prensa Comunitaria
Héctor Hugo Pérez Aguilera tiene 71 años y ha ejercido como abogado durante 37. Lo cierto es que Pérez Aguilera no es un novato en las cortes pues entre 2011 y 2016 fue magistrado de la CC, electo por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG). Y en 2013, fungió como presidente de la misma.
Además de esto, en 2021, fue contratado por la magistrada Silvia Valdés para desempeñar el puesto de asesor de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un cargo que ya había desempeñado en la Presidencia del magistrado Néster Vásquez, en cuyos puestos percibió salarios de entre 33 mil 800 y 240 mil quetzales.
En 2020, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó el caso Comisiones Paralelas 2020 que desveló la existencia de negociaciones de candidaturas en las que participan jueces y magistrados, diputados, abogados y empresarios, con el fin de cooptar a las cortes del país. Y esto se relaciona a Pérez Aguilera pues, en 2014, fue uno de los magistrados que validó la elección de los magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones que hoy, con tres años de retraso, siguen ocupando las cortes, a pesar de los señalamientos de sobornos y negociaciones ilícitas en contra de los candidatos.
A esto se suma que una investigación hecha por la Fundación Myrna Mack, en 2019, llamada “Comisiones Paralelas: mecanismos de cooptación del sistema de justicia”, señaló a Pérez Aguilera como uno de los operadores de estructuras y redes ilícitas de poder, que han cooptado el sistema de justicia. Es decir, Pérez Aguilera sería parte de ese engranaje de corrupción junto a otros personajes como Juan Carlos Godínez, Luis Fernando Ruiz Ramírez, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, así como Ovidio Orellana y Erick Castillo, entre otros.
La investigación también evidenció el vínculo entre los integrantes de las comisiones de postulación del CANG y las estructuras externas lideras por diputados y bufetes privados de abogados.
En mayo de 2015, Pérez Aguilera fue uno de los magistrados de la CC que votó para revocar la sentencia por el delito de genocidio contra el exgolpista, José Efraín Ríos Montt, por la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles a manos del ejército de Guatemala. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) lo denunció por prevaricato, junto a los magistrados Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre, quienes en conjunto lograron una mayoría de votos y consiguieron que se anulara la sentencia del juicio, lo cual retrocedió el proceso penal a la fase intermedia por “problemas de forma”.
Esta decisión dejó sin efecto una condena de 80 años de cárcel en contra de Ríos Montt, pero también invalidó el trabajo del tribunal y ordenó que el proceso se repitiera. Debido a esto, el exgobernante de facto falleció sin enfrentar a la justicia por crímenes de guerra.
También fue uno de los magistrados que votó y logró reducir el período de la entonces fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, por siete meses. Paz y Paz ha sido una de las primeras funcionarias que salió al exilio debido a la persecución en contra de los operadores de justicia. Una persecución que se ha agudizado y que ha forzado la salida de más de 20 jueces, fiscales y magistrados anticorrupción.
Pérez Aguilera también consolidó una carrera en el Organismo Judicial pues se desempeñó como Coordinador de la Sección Penal de la CC, de 2008 a 2010 y durante siete años, de 2000 a 2007, fue coordinador y secretario ejecutivo de la secretaria de la Instancia Coordinadora de Moderación.
No es la primera vez que Pérez Aguilera es seleccionado para terminar un período. De 1996 a 1998 fue electo para terminar el período de fiscal general del Ministerio Público de Ramses Cuestas Gómez, quien abandonó el cargo 22 meses después por supuestas diferencias con el entonces presidente Álvaro Arzú.
Dos años antes, en 1994, fungió como ministro de Gobernación y previamente, se desempeñó como magistrado de la Corte de Apelaciones.
De acuerdo con información de Guatemala Visible, Pérez Aguilera sería catedrático interino y no titular de la Facultad de Derecho de 2016 a la fecha, un aspecto que el Congreso utilizó en contra de Gloria Porras para no permitirle asumir la magistratura ante la CC.
Además de esto, el nuevo magistrado titular de la CC ha sido contratista del estado desde el 2011. En enero de 2022 prestó servicios profesionales al Registro Nacional de las Personas (Renap) bajo un contrato de excepción y percibió 238 mil 709 quetzales, de acuerdo al portal de Guatecompras.
Su hija, Olga María Pérez Tuna, es ministra consejera de Gran Bretaña desde 2016, y sería una de las funcionarias “inamovibles” en el cuerpo diplomático, debido a la influencia de Pérez Aguilera, según la cuenta Rector Digno en Twitter. Pérez Tuna también se ha forjado una carrera en la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido asesora del Ministerio de Gobernación y asistente en cooperación internacional en el Ministerio Público.
Héctor Hugo Pérez Aguilera es el magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad elegido por 27 representantes del CSU.@HPerezAguilera ha compartido silla en la CC junto a Roberto Molina y Alejandro Maldonado, con quienes han tomado decisiones perjudiciales para el país. pic.twitter.com/7BKAQt0mTp
— Un Rector Digno (@UnRectorDigno) June 21, 2022
Pérez Aguilera, un claro aliado de la corrupción
Voces que estuvieron dentro de la CC dijeron a Prensa Comunitaria que con la designación de Pérez Aguilera “le robaron a la ciudadanía el derecho de tener una voz dentro de la corte” y que “desnaturalizaron a una institución tan importante para el país”.
El sustituto de Porras, dijeron, “tiene todas las características de los mismos que están allí adentro”, es decir, de los otros magistrados como Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa. Ahora, “como actúa la CC no tiene equilibrio absolutamente de nada. El nombramiento cierra las puertas a la posibilidad de tener una voz dentro de la CC. Es evidente que no querían ninguna disidencia dentro de la corte, pues los otros nueve magistrados están del lado de la corrupción”, dijeron.
Indicaron que la votación que dio la victoria a Pérez Aguilera estuvo plagada de presiones las cuales fueron posibles, pues ellos -el Pacto de Corruptos- esperaron el momento adecuado para dar el golpe tras los cambios dentro del CSU. Por ejemplo, el cambio en las decanaturas. Además, el nuevo magistrado tiene vínculos con diputados y gente del Ejecutivo que ayudaron a su colocación en la CC.
“Es un hombre corrupto. El simplemente sumara su voto a lo que los demás decidan, apegarse a las decisiones de Leyla Lemus. Hay compromisos con la corrupción y con hacerse totalmente del estado”, añadieron.
En junio de 2015, Pérez Aguilera y Molina Barreto favorecieron al expresidente Otto Pérez Molina para frenar un antejuicio en su contra y así evitar que enfrentara a la justicia por las acusaciones múltiples de corrupción, esto al dar trámite a un amparo de Karen Fisher.
“El CSU no tomó una decisión independiente. Es evidente que invadieron las competencias del consejo, que hubo presión y trafico de influencias para esa designación”, dijo una de las voces que prefirió no ser identificada.
Ante la pregunta de si Pérez Aguilera pondría en peligro sentencias o probables resoluciones de la CC, por ejemplo, como ocurrió con el caso juicio por Genocidio, las voces consultadas refieron tajantemente que no existe peligro, pues todos los magistrados están de acuerdo en una cosa: favorecer intereses particulares.
“Allí no pasará nada que vaya en beneficio de derechos sociales e individuales que no sean para sus aliados. Cuando sientan un interés comprometido se inhibirán y se ajustarán las líneas para favorecerse entre ellos”, expresaron.
La elección de Pérez Aguilera sería un trámite para concretar la salida de Porras. “Había que poner a otra persona que fuera del mismo grupo. Hasta ahora, no han resuelto temas en contra de la corrupción o causas sociales, solo para liberar a personas de responsabilidad penal”.
Finalmente, hicieron hincapié en que será la historia la que juzgara el rol que desempeñe Pérez Aguilera dentro de la corte y que las acciones de los estudiantes de la Usac que intentan alzar la voz y hacer notar que todo esto está funcionando incorrectamente, son un asomo de esperanza.
