Varias organizaciones indígenas expresaron su rechazo y consideraron un acto racista la decisión del presidente Alejandro Giammattei de extender credenciales a 50 guías espirituales; la decisión se suma a una iniciativa de ley que busca administrar los sitios arqueológicos, presentada en junio de 2021 por un grupo de diputados de la Comisión de Cultura del Congreso.
Por Elías Oxom
El pasado jueves 26 de mayo, el presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, hicieron la entrega de credenciales a 50 guías espirituales. El hecho generó el rechazo de algunas de las organizaciones de los pueblos mayas que estaban en contra de tal acción, porque consideran que podría restringir el acceso en sitios arqueológicos a guías espirituales que no estén acreditados.
Los guías espirituales que participaron en dicho evento fueron catalogados como “traidores” por algunas de las organizaciones indígenas; durante el evento el presidente Alejandro Giammattei dio instrucciones al Ministerio de Cultura y Deportes para que identifique los lugares sagrados para realizar ceremonias en dichos lugares.
A la decisión presidencial se suma la propuesta de 5923 “Rescate del patrimonio prehispánico”, presentada el 10 de junio de 2021 por un grupo de diputados de la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Una iniciativa que está dirigida al control, administración, manejo, conservación, conversión en atractivos turísticos e inversión de los sitios arqueológicos.
El Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel, a través de sus redes sociales rechazó este hecho e indicó que “los pueblos no necesitamos que un Estado racista y excluyente reconozca con credenciales y nombramientos a nuestros guías y K’amol taq b’ey, cuando esos cargos son inherentes a nuestros guías de acuerdo a sus energías y nawales de nacimiento”.
También hicieron un llamado a los guías espirituales, Aj Kijab y Kamol Taq B’ey a no prestarse a este juego sucio de los que pretenden congraciarse con uno de los presidentes más desacreditados que ha tenido Guatemala.
La Asociación Política de Mujeres Mayas “MOLOJ”, a través de un comunicado expresó su rechazo total a estos hechos, que cataloga como actitud racista del presidente Alejandro Giammattei, pues “los Aj Q’ij contadores del tiempo no necesitan una credencial que los acredite y menos que un Estado racista los reconozca, pues llevamos más de 5000 años ejerciendo y viviendo nuestra espiritualidad aún en contra de la política de genocidio que asesinó y sigue asesinando hoy en día a quienes ejercen su misión o don como Aj Q’ij”, expresaron.
Guadalupe Pos Sacalxot, antropólogo maya K’iche’, en su artículo “Traición 26 de mayo”, resaltó que “los sitios sagrados y ceremoniales han sido lugares que han representado el origen y continuidad de un pueblo. Después de la invasión siguen siendo lugares de resistencia que, gracias a ellos, ha sido posible transmitir la historia biopolítica del pueblo maya a través de siglos. En los centros ceremoniales y arqueológicos hay tesoros escondidos, códigos de sabiduría, signos de resistencia social y política; hay historia y códigos de esperanza para la humanidad, hay conexiones superiores hacia las constelaciones, aunque para el hombre blanco son oportunidades económicas, folklorismo y recursos para la generación de capital”, indicó.
Pos Sacalxot agregó en su artículo que el Ajq’ij como sujeto u objeto histórico no se hace, tampoco se impone sino que nace por naturaleza, “las leyes naturales saben a quién elegir para ser un contador del tiempo antes del nacimiento. Un ajq’ij puede ser hombre o mujer, se descubre con el tiempo, se construye lentamente y se perfecciona durante la vida y llega a la plenitud a una edad avanzada, aunque otros lo desarrollan a temprana edad, según las leyes de la constelación que determinado, y según el uwach q’ij, su nahual o nawal que tiene un rol muy claro en la comunidad”, expuso.
La relación de estos hechos con la iniciativa de ley 5923
Este hecho se da en el contexto de la iniciativa de Ley 5923 “Rescate del patrimonio prehispánico” que fue presentada el 10 de junio de 2021 por la Comisión de Cultura del Congreso de la República presidida por el diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo e integrado por los diputados: Nery René Mazariegos López, Marvin Estuardo Alvarado Morales, Carlos Roberto Calderón Gálvez, José Alberto Sánchez Guzmán, Félix Danilo Palencia Escobar, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Jeniffer Gabriela Guerra Gálvez, Andrea Beatriz Villagrán Antón, Jairo Joaquín Flores Divas, Wilmer Rolando Mendoza y Víctor Israel Guerra Velásquez, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes.
La iniciativa de ley fue conocida en primero y segundo debate en el Congreso a pesar del rechazo generalizado que tiene la iniciativa desde el momento en que se presentó. El contenido de esta ley en un principio incluía a la iniciativa privada para la recuperación de los sitios sagrados, la cual generó rechazo en la población indígena; además, la iniciativa está dirigida al control, administración, manejo, conservación, conversión en atractivos turísticos e inversión de los sitios arqueológicos.
Desde la presentación de esta ley, varias organizaciones indígenas como la Asociación de Abogados Mayas “Nim Ajpú” la rechazaron, porque, según expresaron, el Ministerio de Cultura y Deportes pretende incluir a la iniciativa privada en el trabajo sobre el patrimonio cultural, de esta manera se estaría privatizando los lugares sagrados mayas.
Para el antropólogo Carlos Fredy Ochoa, la acreditación de los guías espirituales y la iniciativa de ley 5923 no soy hechos aislados, tienen una relación, los guías espirituales han tenido la capacidad de movilizarse y de organizarse y presentar sus demandas a nivel nacional, los guías espirituales han sufrido agresiones en varios lugares de Guatemala, han sufrido criminalización en el sistema de justicia.
Ochoa agregó que en Guatemala están registrados 1 275 sitios arqueológicos y se calcula que puede haber unos 5 000 sitios arqueológicos; el gobierno solo tiene 4 parques arqueológicos, es decir, que el Estado no ha podido dar cobertura ni al 1% de los sitios arqueológicos del país.
El experto concluyó que es necesario una ley, pero que sea democrática, que sean consultadas los pueblos indígenas y con participación comunitaria, participación con representación, porque la actual ley que establece la creación de fondos de 250 millones sobre los cuales no hay ninguna garantía de transparencia y puede terminar para uso clientelar.
