Por Nelton Rivera
A un mes de la toma de las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) por un grupo de estudiantes que tomó las instalaciones desde el 27 de abril, las autoridades de esa casa de estudios superiores los denunciaron en el Ministerio Público (MP). La toma fue resultado del rechazo de la comunidad universitaria al fraude, en la elección de rector, que pretendían realizar ese mismo día en esas instalaciones. La elección no se llevó a cabo, pero el fraude se consumó 17 días más tarde.
En una nota, del 31 de mayo, el diario La Hora publicó que Guillermo Alfredo Hernández Escobar, abogado y contratista de la USAC y como tal contratista del Estado, fue quien el 28 de mayo presentó la denuncia penal en contra de cuatro estudiantes universitarios, a quienes acusa por el delito de usurpación agravada.
La denuncia fue filtrada en la cuenta de Twitter de un netcenter, a las 15:17 horas, del 31 de mayo. Las autoridades universitarias, buscan criminalizar el derecho a la protesta y que el estudiantado desista de tomar medidas como la del MUSAC.
La toma de las instalaciones, por parte de un grupo de estudiantes, fue la respuesta al rechazo de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados al fraude que venían realizando las autoridades universitarias, previo al 27 de abril, cuando fue convocado el acto de elección en ese recinto, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.
Cuatro horas más tarde de la publicación en Twitter, el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón confirmó la denuncia y dijo que la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación sería la encargada de tramitarla.
La fiscalía fue creada el 1 de octubre de 2021 y sus fines son velar por la propiedad privada y la certeza jurídica -especialmente sobre la tierra-. El sector empresarial guatemalteco aplaudió su creación bajo la administración de la fiscal general Consuelo Porras, quien tiene control de forma directa en jerarquía sobre esta fiscalía.
La denuncia va dirigida a cuatro dirigentes estudiantiles: Cristopher Morales Estrada, Naomi Valdez Fuentes, Samuel Pérez Neal. y Kenya Urrutia Corado, de quienes incluso se publicó el número de Documento Personal de Identificación (DPI), registros estudiantiles y números telefónicos. Información que posee la Universidad y la cual debe de resguardada y protegida.
Esta es la primera acción legal que la rectoría, a cargo del rector en funciones Pablo Oliva Soto, toma en contra de la comunidad universitaria. La acción legal está bajo la responsabilidad del director de Asuntos Jurídicos de la USAC, Luis Fernando Cordón Lucero, cercano a Walter Mazariegos.
El MUSAC no es el único edificio tomado por los estudiantes, también lo está el Campus Central y la Rectoría en la zona 12, el Centro Metropolitano Universitario (CUM), en la zona 11 de la ciudad de Guatemala; el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) en la cabecera departamental de Quetzaltenango; el Centro Universitario de Suroccidente (CUNSUROC), en Suchitepéquez; el Centro Universitario de Izabal (CUNIZAB), en Izabal; el Centro Universitario de Noroccidente (CUNOROC), en Huehuetenango; el Centro Universitario de San Marcos (CUSAM), en San Marcos; el Centro Universitario de Petén (CUDEP), en Petén; y el Centro Universitario de Quiché (CUSACQ), en Quiché. Nueve centros universitarios tomados de los 19 que tiene la USAC a nivel nacional.
Toma del MUSAC, movilización y amparos detienen por ahora elección de rector en la USAC
El representante y mandatario legal de la USAC
Guillermo Alfredo Hernández Escobar es egresado de Facultad de Derecho, de la Universidad de San Carlos. En 2006 presentó su tesis de licenciatura titulada “Estrategias para la prevención de los delitos penales en el área metropolitana”, durante la gestión del decano Boanerge Amílcar Mejía Orellana.
En una nota de La Hora se le identificó como contratista de la USAC en 2020. Según la publicación fue contratado por servicios técnicos y profesionales en la Dirección de Asuntos Jurídicos, del 1 de abril al 30 de junio de 2020, con un contrato 029 directamente por la Rectoría con un monto de Q 40 300. Según el documento E470392223 de Guatecompras.
También aparece en un segundo contrato, del 3 al 30 de noviembre, con la rectoría por un monto de Q53 760, según el documento E470392223. Y un tercer contrato, del 1 al 20 de diciembre, como consta en el documento NPG E480514623 de Guatecompras con un salario de Q13 300.
Las acciones legales que Hernández presentó en contra los estudiantes está bajo la responsabilidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dirigida por Luis Fernando Cordón Lucero, cercano al decano de Humanidades Walter Mazariegos Biolis y representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU), por el sector docente de esa misma facultad.
Hernández tienen un historial de contratos para la USAC, que data de 2016 a 2020, ha recibido de la Universidad 16 contratos por un monto de Q718 365.6, aunque en los últimos dos años no le aparecen contrataciones con la USAC en Guatecompras. Hernández aparece como mandatario de esta en la denuncia en contra de los estudiantes por la toma del Musac el 28 de mayo de 2022.
El abogado Hernández ha tenido relación contractual con la Universidad desde 2015, la información de Guatecompras detalla 16 contratos de 2015 a 2020, por un monto de Q718 mil 365 quetzales con 60 centavos. Previo a trabajar para la universidad, el abogado estuvo trabajando para la Defensa Publica Penal.
En la Corte de Constitucionalidad (CC) aparece en el listado de abogados deudores por multas impuestas al 31 de enero de 2022. Hernández ha intervenido en representación de la Universidad como mandatario Especial Judicial en una acción de Amparo en contra de la elección de la magistrada titular Gloria Patricia Porras Escobar y el magistrado suplente ante la CC, una acción que fue planteada por la Fundación Contra el Terrorismo según consta en el acta No. 36-2021 del Consejo Superior Universitario CSU.
