Créditos: Mariela SR/Coline Fanon.
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El pasado 9 de junio, el Parlamento Federal de Bélgica reconoció que niñez guatemalteca fue dada ilegalmente en adopción a familias belgas luego de ser arrebatados de los brazos de sus familias, y pidió perdón al Estado guatemalteco por su participación involuntaria en una red de tráfico de menores que tuvo su apogeo durante y después de la cruenta guerra civil en Guatemala, que estuvo plagada de desapariciones de personas. Este es un logro político por el que Mariela-Coline Fanon, ha esperado 4 años de su vida, siendo una de las niñas robadas y vendidas a familias europeas.

Por Paolina Albani

“Hola hija, yo soy tu madre”, fueron las palabras que aparecieron en la pantalla de la computadora de Coline Fanon, de 31 años, en 2018, cuando encontró a su mamá biológica en redes sociales. Desde entonces, la vida de Coline o Mariela, como se llamaría de no haber sido secuestrada y dada ilegalmente en adopción en 1987, cambió para siempre.

Coline siempre supo que era diferente a los demás. Sus padres adoptivos nunca ocultaron su origen latino y a los 18 años empezó a indagar sobre su familia biológica. Sus padres apoyaron su curiosidad y le mostraron los documentos que respaldaban su adopción y, pronto, encontró que en los documentos había inexactitudes y algunos elementos falsificados.

La necesidad de indagar en su pasado solo se volvió más fuerte a los 30 años, cuando su hija mayor, en ese entonces de 5, le preguntó si era indígena. Allí entendió que su pasado es parte de la historia de sus hijos.

Ahondar en sus orígenes la ha llevado a confrontar una historia para la cual no estaba preparada: enterarse de que fue víctima de una red de trata de niños y niñas y que sus padres belgas desconocían la corrupción y el fraude detrás de las organizaciones que posibilitaron su salida de Guatemala y que, a la vez, lucraron con la venta de niños.

No pasó mucho tiempo, desde que inició la búsqueda de sus familiares, cuando Coline dio con Lorena, su madre biológica. En conversaciones con su madre, aprendió su verdadero nombre. También supo que fue secuestrada del Hospital Roosevelt, a los dos días de nacida, en 1987, pero a su familia le dijeron que había muerto y había sido enterrada en una fosa común.

Desde entonces, Mariela-Coline, como ahora se identifica, ha buscado reconstruir su historia y recuperar la relación con su madre biológica, pero también ha seguido un camino lleno de procesos que la han llevado a encontrar una verdad mucho más impactante: no fue la única niña robada.

Así nació Raíces Perdidas, en 2017, una fundación enfocada en la búsqueda y el reencuentro entre niños adoptados ilegalmente, que buscan respuestas sobre sus orígenes y sus familias biológicas.

Mariela junto a dos de las guatemaltecas Víctimas de las adopciones ilegales que ahora forman parte de la fundación Raíces Perdidas.

Raíces Perdidas y otras organizaciones civiles de Chile, India y Sri Lanka introdujeron el tema de las adopciones ilegales ante la ONU y la Unión Europea, para que los países pudieran comprometerse a crear comisiones que aclaren estos casos y también para exhibir el patrón de las redes de tráfico que originaron el problema.

El Parlamento Belga fue el primero en dar el paso. En entrevista con Prensa Comunitaria, Mariela contó que para lograr que el parlamento aceptara la grave violación a derechos humanos que significan las adopciones ilegales, primero tuvieron que explicar sus vidas y exponer, en muchos casos, la parte más vulnerable de su existencia.

Michel de Maegd, experiodista y ahora diputado belga, abanderó la propuesta de resolución para que el parlamento aceptara las adopciones ilegales y diera acompañamiento a las víctimas.

“Hubo que sensibilizar -a la gente- de las historias. Con el tiempo, fuimos escuchando a la Cámara de Diputados, a expertos en las comisiones, a personas de la ONU, abogados de derecho penal, psicólogos, etc. Fue un proceso muy largo. Conseguir el voto unánime fue un momento impactante. Tuvimos 131 votos y 0 abstenciones”, contó la fundadora de Raíces Perdidas.

En la resolución del parlamento, uno de los puntos más importantes fue permitir que las personas adoptadas ilegalmente podrán conservar la nacionalidad belga, aunque pueden elegir recuperar su nombre e identidad.

“Es una manera del Estado para poder proteger a las víctimas y buscar un camino seguro con las instituciones que las acompañan”, explicó Mariela.

Otro punto, es que estos casos no podrán prescribir y esto es importante pues, muchas personas no tienen expedientes de adopción y “buscar es un derecho humano”.

“Hay personas que no tienen ningún documento en el Renap… no aparece nada. Por ejemplo, para Guatemala yo vivo allá. Nunca salí de allí. En los expedientes podemos ver las identidades falsas”, añadió.

Raíces Perdidas y las otras organizaciones han solicitado que el Estado de Bélgica cree un acuerdo con Guatemala, para obtener los documentos de identidad de las víctimas y facilitar la búsqueda de sus familias. También han solicitado el acompañamiento psicológico para los afectados.

El siguiente paso es que a Bélgica le corresponde dar su aprobación a las organizaciones oficiales registradas con el Estado, para recibir fondos y permitir la búsqueda de familias de forma gratuita.

Mientras Bélgica ha dado pasos importantes para solventar una deuda con sus ciudadanos de origen guatemalteco, Guatemala guarda silencio. Ninguna institución pública ha emitido un pronunciamiento ni comunicado al respecto. Ni siquiera la Cancillería.

“Todos tenemos un sueño… que Guatemala pueda admitir que sí hubo adopciones ilegales. Esa aceptación es el camino para empezar otra vida. Lo cierto es que, no todos los adoptados necesitan justicia. Algunos quieren saber su historia, otros no”, explicó.

Esta es la foto de la blusa de bebé es con la que me vendió Ofelia de Gamas, en 1987. La hemos tomado como símbolo de todas las víctimas.
El diputado Michel De Maegd comenzó su texto con mis zapatos de bebé en la mano. Diciendo que eso era todo lo que me quedaba de mi vida en Guatemala, contó Mariela.

La red de roba-niños

En 2010, la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) analizó más de 3 mil expedientes de adopción y publicó un informe que exhibió cómo las redes ilegales de trata de niños robaban, compraban, engañaban y amenazaban a madres biológicas para que entregaran a sus hijos.

Las redes utilizaron la vía legal, por medio de notarios, para tramitar las adopciones con documentos falsos y utilizaban a mujeres que suplantaban la identidad de las madres de los niños, para firmar las autorizaciones.

Para ello, se ayudaron de médicos, comadronas, parteras e incluso, registradores civiles, además de laboratorios que realizaban pruebas de ADN, para la falsificación de exámenes.

Ese informe, también demostró que los niños que eran comprados o robados, eran presentados ante los juzgados de niñez y eran declarados en situación de abandono, lo que facilitaba el trámite de adopción sin tener que falsificar documentos. Una modalidad conocida como “lavado de niños”.

Tres años antes del informe, Guatemala cerraba las puertas a la adopción internacional y creaba la Ley de Adopciones con procedimientos judiciales mucho más rigurosos, acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio Relativo a la Protección y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Además, eliminó la opción de la adopción notarial.

En 2007, en Guatemala se registraban cerca de 5 mil adopciones anuales. Un aumento del 400% de casos en comparación a los registrados en la década de 1980, de acuerdo al informe Adopciones en Guatemala ¿protección o mercado?

Entre 1997 y 2007, más de 30 mil niños guatemaltecos fueron dados en adopción de forma ilegal. Estados Unidos, Francia y España aparecen señalados como los principales países de destino. En esa lista, Bélgica ocupaba el undécimo lugar con 69 casos.

Estos datos confirmaron que las adopciones no estaban, necesariamente, ligadas a la guerra interna, aunque la red sí fue creada en ese contexto, pues el incremento en la venta de niños se dio tras la Firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala.

Mariela, es una de esas niñas robadas, cuyo secuestro y venta no tuvo que ver con el conflicto armado. Inspirada en su vida, Mariela publicó en 2021, el libro “Mamá no estoy muerta”, como un homenaje a las víctimas de trata de niños, pero también como homenaje a su madre biológica y al sufrimiento que su separación causó.

“En mi caso, averigüé que no soy indígena y no fui víctima del conflicto armado, pero hay casos de personas que fueron secuestradas de 7-8 años y recuerdan muy bien su vida, las atrocidades de la guerra, y que están marcadas por los traumas”, expuso.

Los casos documentados por Raíces Perdidas, dan cuenta de una red en la que funcionarios y militares guatemaltecos estaban implicados, y cuyo objetivo, en un inicio, pudo ser deshacerse de los hijos de guerrilleros o de las comunidades a las cuales se les aplicó la política de Tierra Arrasada.

“La mayoría de los adoptados entre 1981 y 1986 son pertenecientes o tienen rasgos indígenas y piel morena”, señaló.

En busca de mi madre

La fundadora de Raíces Perdidas no es la única en busca de sus orígenes, pues el Colectivo Estamos Aquí, integrado por personas adoptadas por canadienses, lanzó una campaña, en marzo de 2022, para dar con sus familias.

Nunca pensaron volveríamos, pero acá estamos”, fueron las palabras de Ignacio Segura, miembro del colectivo, cuando presentó la campaña.

Su colectivo cree que varios de ellos pueden ser parte de una campaña contrainsurgente en el que los niños fueron arrebatados de los brazos de mujeres pertenecientes a la guerrilla guatemalteca, que fueron capturadas en gestación y cuyos hijos “desaparecieron”.

“Una compañera me puso en contacto con un amigo suyo y él me contó que su mamá era revolucionaria y fue detenida-desaparecida cuando estaba en gestación”, dijo. “Eso nos hizo otro clic: nosotros podríamos ser hijos o hijas de algunas de esas mujeres y quizá podríamos haber nacido en una cárcel clandestina. No sabemos, pero no descansaremos hasta saberlo”, indicó a Prensa Comunitaria hace unos meses.

Lo cierto es que las redes sociales y el internet han sido el vehículo por el cual los guatemaltecos con dudas acerca de sus orígenes, han podido compartir sus historias y juntarse para entender el proceso de adopción que los sacó de Guatemala.

Una colaboración para encontrar la verdad

Marco Antonio Garavito, de la Liga de Higiene Mental, refirió que tras la Firma de la Paz hubo una apertura de espacios y eso motivó una gran catarsis social “en un pueblo silenciado” por la violencia y el terror. Eso, permitió que se documentaran los primeros testimonios de la guerra. Entre ellos, había referencias de niños invisibilizados, cuyo paradero se desconocía.

Por eso, en mayo de 1999, la liga creó el programa “Todos por el Reencuentro”, para ayudar a las familias a ubicar a los niños que les fueron desaparecidos y/o separados. Ese primer año, 86 familias acudieron a contar su historia.

A la fecha, la organización tiene más de 1 300 casos registrados entre el área Ixil, el norte de Huehuetenango, Ixcán y Alta Verapaz, lugares en donde el peso de la guerra fue más sensible. En los 22 años que lleva funcionando, la liga ha reunido a más de 520 familias.

Entre los reencuentros que la liga ha podido realizar hay casos de guatemaltecos adoptados en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Canadá. Cerca de la mitad de los reencuentros son de personas del área Ixil, le siguen casos del territorio Q’eqchi, estimó Garavito.

 

Las investigaciones de las organizaciones de búsqueda de familiares separados han logrado identificar a algunos personajes que aparecen nombrados en los expedientes de adopción, como las cabecillas de las redes de trata de niños.

Entre ellos está Ofelia de Gamas, familiar del expresidente y militar, Humberto Mejía Víctores. De Gamas, quien falleció en 2010, además, era la directora del orfanato en donde Mariela estuvo mientras era dada ilegalmente en adopción y fue también testigo en un acta notarial que certificó que Mariela fue abandonada.

De Gamas fue arrestada en 1980 por tráfico de niños. Otro personaje que aparece en las escrituras públicas de adopción es Edmond Mulet.

Según las investigaciones de las organizaciones de adoptados, De Gamas fue el enlace entre los padres biológicos y los padres adoptivos, y Mulet, habría sido el notario que legalizó los documentos necesarios para vender a los niños, de acuerdo a un documento de adopciones ilegales fechado 23 de noviembre de 1981, al que Prensa Comunitaria tuvo acceso.

El documento que es parte del archivo del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional refiere que en un hotel de la zona 10, sobre la Avenida Reforma, fueron encontrados 5 niños que serían sacados del país para darlos en adopción. Coincidentemente, el hotel se ubica frente a las oficinas de Mulet en la zona 9. Tras la captura, los niños fueron ingresados al sistema de protección.

Pese a esto, Mulet nunca ha sido enjuiciado y en 2019, se lanzó como candidato a la Presidencia de la República de Guatemala.

Condenas sin casos penales

Hasta ahora, la mayoría de los guatemaltecos adoptados ilegalmente están más interesados en reconstruir sus historias y/o reencontrarse con sus familiares que buscar culpables, de acuerdo a Garavito. Aunque han habido casos excepcionales de condenas internacionales.

Por ejemplo, el 9 de marzo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al estado de Guatemala por las adopciones ilegales internacionales en el caso específico de los hermanos Osmín y JR Ramírez, quienes siendo niños fueron declarados en situación de abandono y eso facilitó su adopción a una familia en Estados Unidos. Durante el proceso, el Estado guatemalteco aceptó parcialmente su responsabilidad.

Por ahora, el acompañamiento que brindan las organizaciones civiles como la de Mariela, no es judicial, pero si lo fuera, los mecanismos para obtenerla lo harían difícil, sobre todo, para quienes no tienen documentos o un expediente por donde empezar.

“Sanar su corazón sin saber nada es complicado. Nuestra lucha es que tengamos una respuesta -de Guatemala-, pues se trató de una red del gobierno y de militares”, dijo.

En Guatemala, hablar de procesos legales es casi imposible si se toma en cuenta que algunos de los integrantes de la red de trata, hoy, ocupan puestos importantes dentro del estado y que el aparato de justicia ha perdido su independencia, lo que pone en peligro a las familias biológicas. Sin embargo, Mariela no descarta que la justicia sea posible en Bélgica.

 

 

 

 

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