Por Regina Pérez
Dulce Archila, la estudiante de 20 años a quien el Ministerio Público (MP) acusó de haber causado deterioro al edificio del Congreso con pintas, durante la manifestación ciudadana del 21 de noviembre de 2020, no enfrentará juicio, según resolución de la jueza Wendy Coloma, quien consideró que la Fiscalía no aportó elementos serios en su acusación.
Archila es la segunda de tres manifestantes criminalizados por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, que no enfrentará juicio, ya que la semana pasada la jueza Coloma resolvió que la activista maya Kaqchikel, Nanci Sinto no debe enfrentar juicio, porque el MP no pudo probar en ningún documento que el Congreso haya perdido su esencia y estado de conservación con las pintas que se hicieron en la fachada sur del edificio.
En este caso también está procesado el pintor Juan Francisco Monroy, capturado junto con Sinto el 24 de noviembre de 2021, un año después de la manifestación, en la que la policía agredió y capturó a decenas de manifestantes, así como a periodistas. Dos jóvenes perdieron un ojo debido a la agresión policial y hasta la fecha, ningún agente ha sido acusado formalmente por el MP por ese caso.
Por otro lado, en noviembre del año pasado la Fiscalía coordinó las capturas de dos manifestantes, en tanto buscó a Archila en su casa, pero no la encontró. La estudiante de 20 años fue acompañada este lunes en la sala de audiencias del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal por su madre, Elvia Cáceres. Afuera, su hermano Héctor Archila, amigas y miembros de la sociedad civil pedían “Libertad para Dulce”.
#DulceArchilaLibre | Momento en el que Dulce Archila sale de tribunales, donde la espera un grupo de personas que mantenían un plantón por su liberación. Había sido criminalizada luego de las protestas de noviembre de 2021.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) June 13, 2022
Según el MP, Archila causó deterioro con pintas en el muro del vestíbulo del Salón del Pueblo, en el interior del edificio del Congreso, durante la manifestación del 21 de noviembre de 2020. La jueza hizo alusión a un informe técnico de los arquitectos Rony Chávez y Víctor Rolando Gómez, quienes identifican la tinta que se usó y señalaron que la acción fue reversible, ya que el Organismo Legislativo pudo limpiar dicho grafiti.
El MP señaló que el costo aproximado para limpiar la pinta, fue de Q1 996.
“No se puede establecer realmente si las pintas causaron ese deterioro, no hay ningún informe en específico que se haya realizado específicamente a las pintas, si estas pintas deterioraron la esencia…”, indicó la jueza.
Coloma agregó que tampoco quedó claro el ingreso violento de Dulce al Congreso, como lo expuso el MP, “si ella lo pudo haber realizado, no se encuentra esa circunstancia establecida en los documentos o algún otro medio en específico”.
La jueza también indicó que causa duda qué fue lo que causó deterioro al edificio, ya que también hubo un incendio, “todo eso causó el deterioro y que el otro dictamen del departamento de Ministerio de Cultura indica que el daño fue reversible, entonces también queda esa duda, si fue reversible cómo pudo haber afectado esa esencia que aquí se refiere de parte del MP, esa esencia no está dentro del escrito de acusación”.
Coloma expresó que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron de manera clara, pertinente y congruente, fundada en los hechos, por lo que estimó que no hay elementos serios para enviar a juicio a Dulce.
“No podemos permitir que un proceso penal continúe si no hay suficientes elementos, porque sería un desgaste para el sistema de justicia, que debe de enfocarse en asuntos de mayor gravedad”, indicó.
La tesis del abogado Edgar Pérez, defensor de Dulce, se centró en que la acusación del MP era superficial, manipulada y arbitraria.
Según Pérez, este proceso no es otra cosa que la aplicación del derecho penal del enemigo, “se está persiguiendo a personas con el supuesto de una investigación objetiva”.
El abogado defensor indicó que este es un proceso penal donde el MP, bajo criterios de política criminal, creó una mega fiscalía para investigar estos hechos y que los resultados son la persecución de jóvenes, particularmente de mujeres, que dentro del contexto social de noviembre de 2020, alzaron su voz y hoy se busca castigarlas, bajo el pretexto de privilegiar la protección de bienes del ciudadano.
Durante la audiencia, la abogada del Congreso, Keila Méndez Santos, comparó las pintas en el Congreso con la violencia física, como parte de su argumento para pedir que Dulce fuera enviada a juicio, señalando que la pinta alteró el edificio, aunque se haya lavado y quedara como antes, lo cual no descarta la comisión del hecho delictivo.
“Me permito poner un ejemplo, en el caso de que alguien golpee mi ojo, por cuestiones naturales o médicas, si mi ojo queda morado, voy a acudir a un médico y va a sanar, pero no por ese hecho de que mi ojo sanó, no se cometió el delito, podría pensarse en el presente caso, porque ya sea lavó, ya se limpió, ya no se cometió el delito, claro que sí, se alteró”, dijo la abogada.
Dulce Archila pide no olvidar presas y presos políticos
Al salir del Juzgado, Dulce Archila pronunció un breve discurso en el que señaló que fue criminalizada a sus 19 años, por haber manifestado, junto a Nanci Sinto y Juan Francisco Monroy. “Utilizaron el derecho penal en nuestra contra, nos criminalizaron y el proceso ha sido largo, se nos cuestionó y se nos hizo pasar por momentos difíciles y desgastantes”, indicó.
Archila señaló: “no olvidemos a los y las presas políticas que ni siquiera están en sus hogares, con sus familias, están en las cárceles”.
También hizo referencia a los estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) que están en paro y han tomado esa casa de estudios, en contra del fraude, “quienes están poniendo el cuerpo por una universidad digna y transparente”.
El proceso de Archila duró siete meses, desde que fue ligada a proceso. Su hermano Héctor, quien la esperó afuera de Tribunales, comentó que para su familia atravesar esta situación fue difícil, porque vivieron momentos de angustia e incertidumbre, porque no sabían si su hermana iba a estar libre, pero que gracias al apoyo colectivo lograron salir adelante.
Archila resaltó que el caso de Dulce no es el único, también está el de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en Quetzaltenango, Virginia Laparra y de los estudiantes criminalizados de la USAC. “Hay muchísimas más personas que necesitan esta atención y esta justicia que todos merecemos”, indicó.
#DulceArchilaLibre | Dulce Archila lee un sentido mensaje, al salir de tribunales y quedar en libertad. . Llama a no olvidar a las y los presos políticos, así como otras causas reivindicativas y agradece el acompañamiento recibido.
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