“Lo que estamos viviendo en Guatemala es un de las horas más tristes en la justicia nacional, porque se ha llegado a manipular el sistema de justicia nunca antes visualizado”. Alejandro Rodríguez
Por Simón Antonio Ramón
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, presentó, el 28 de junio, un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del trámite de antejuicio que promovió Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió.
Según el juez Gálvez, el trámite en su contra fue apresurado y se descuidaron requisitos de forma y fondo en el procedimiento. “En este caso no se llenan esos requisitos; considero que fue muy apresurado darle trámite a un procedimiento de estos y no se exigió, incluso, no se preguntó si yo llevaba todos los procesos”, argumentó el juez.
Entre los argumentos de la CSJ para dar trámite a la solicitud de la Fundación contra el Terrorismo destacan cinco casos en los que se cuestiona la prisión preventiva. Los casos validados por la Corte dan por hecho que fueron juzgados por el juez Gálvez, pero tres de ellos no fueron conocidos por él.
En la denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo se hace hincapié en el caso del expresidente Otto Pérez Molina, que llevó el juez Miguel Ángel Gálvez en su etapa de primera declaración, en septiembre de 2015. En esa ocasión el juez resolvió que Pérez Molina iría a prisión provisional y no a prisión preventiva. Méndez Ruiz hace uso de esa resolución, porque según su argumento, la prisión provisional no tiene base legal.
El juez Carlos Ruano, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), indicó que la resolución del juez, en aquel momento, debió ser apelada por las partes, especialmente si se consideraba alguna ilegalidad al hacer uso de términos sin fundamento legal. “Es una cuestión de términos, pero se debe entender las circunstancias en las que la audiencia de primera declaración está prevista”, dijo Ruano.
“En la denuncia contra el juez Gálvez resulta que la decisión de 2015, las partes pudieron haberla impugnado, si así lo hicieron, entonces una Sala de Apelaciones confirmó o modificó la decisión del juez, pero entonces todas las instancias como la segunda instancia, todas las relaciones como la CSJ o CC ya conocieron de esa resolución y no hubo ningún reparo, ninguna deducción de responsabilidad; ¿por qué ahora con una denuncia, la CSJ da trámite? Como que es muy contradictorio”, analizó el juez Ruano.
La solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el juez fue presentada por Méndez Ruiz el 11 de mayo, días después que envió a juicio a exmilitares y expolicías acusados de desaparición forzada por el caso conocido como Diario Militar.
Por su parte, el abogado Ramón Cadena indicó que el argumento de fondo del antejuicio contra el juez Gálvez es la prisión preventiva. Para Cadena, “esta se da no porque el juez lo quiera, sino porque los abogados defensores son quienes alargan los procesos; y estos efectos ya los había anticipado el juez. “El juez Miguel Ángel lo señaló desde 2015. Hay un litigio malicioso por parte de la defensa de los funcionarios corruptos”, dijo.
Para Cadena, en algunos de los procesos que se llevaron por corrupción se observó un patrón de las defensas de funcionarios y exfuncionarios para afectarlos. “Una primera etapa del litigio malicioso fue retrasar los procesos, luego alegaron el principio de inocencia que es un principio que rige el proceso, durante este la persona siempre debe ser tratada como inocente. Pero eso no quiere decir que se esté violando el principio de inocencia si la detención se alarga por un litigio malicioso”, analizó.
El caso contra el juez Gálvez se une a la ola de criminalización contra operadores de justicia que ha impulsado la fundación de la que es presidente Ricardo Méndez Ruiz, desde jueces y juezas, exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y una exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) que ha conocido casos de corrupción, crimen organizado y crímenes de lesa humanidad durante la guerra en Guatemala. A la fecha se conoce que al menos 24 personas están en exilio en el contexto de este fenómeno de criminalización.
El abogado Alejandro Rodríguez, de la organización Impunity Watch, consideró que el actual contexto del sistema de justicia es un escenario que no había imaginado. “Lo que estamos viviendo en Guatemala es una de las horas más tristes en la justicia nacional, porque se ha llegado a manipular el sistema de justicia nunca antes visualizado”, dijo Rodríguez.
El actual escenario, agregó Rodríguez, llevó muchos años de preparación, desde el periodo en la Fiscalía General de la exfiscal, Claudia Paz y Paz. “Desde 2011, las redes políticas criminales, empresarios, militares y funcionarios han venido realizando un trabajo para cooptar el sistema de justicia y lamentablemente con el presidente Jimmy Morales este propósito se logró”, informó el abogado.
Además comentó que durante el periodo presidencial de Jimmy Morales ocurrieron dos hechos que iniciaron la cooptación del sistema de justicia: la expulsión de la CICIG y la elección de una fiscal general que, en su opinión, “pudiera ser manipulada por las redes criminales”.
Con el nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general, dijo el abogado, se cumplió con los alcances que estas redes se habían planteado “La asignación de la fiscal Consuelo Porras ha sido el punto esencial para que el sistema de justicia pudiera trabajar de una manera totalmente manipulada. Primero, para generar impunidad a favor de funcionarios públicos como los presidentes Giammattei, Jimmy Morales y otros funcionarios públicos de alto nivel. En segundo lugar, para que se persiga penalmente a los operadores de justicia que son objetivos e independientes y que han realizado un gran trabajo en Guatemala”.
Las redes criminales que señaló Rodríguez nunca detuvieron sus acciones a lo largos de estos años, ni siquiera cuando se desarrolló el juicio en contra de Efraín Ríos Montt, en el que promovieron, al menos, 40 denuncias contra el exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López; tampoco cuando la CICIG llevaba casos de corrupción e impunidad contra funcionarios y exfuncionarios en 2015 hasta 2019.
Buscan desgastar el trabajo de jueces
Para el abogado Ramón Cadena, lo que el caso del juez Gálvez muestra es una estrategia concretada por los abogados de quienes enfrentan casos de corrupción y de justicia de transición. “Estos abogados están tratando de separar a los jueces de los procesos, claro, lo están logrando, pero no por medios de legales, están amenazando a los jueces, llevándolos al sistema penal, denunciando para que los procesos que conocen se detengan, el objeto principal de todo eso es quitar a los jueces de los casos que están conociendo”, agregó.
El juez Ruano coincide con Rodríguez y Cadena, al sostener que el escenario de criminalización que enfrentan algunos operadores de justicia, ha sido un proceso que ha llevado años. “El debilitamiento de la institucionalidad democrática, paso a paso han ido consolidando acciones sistemáticas de persecución y criminalización en contra de aquellos funcionarios del sistema de justicia que en aquella situación cumplieron con su deber”, afirmó.
En este escenario, el lunes 27 de junio las autoridades ancestrales del pueblo maya Ixil, visitaron al juez Miguel Ángel Gálvez y la jueza Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, para expresarles su solidaridad.
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