Por Regina Pérez
El juez del Juzgado Décimo Penal, Víctor Cruz Rivera, cerró el proceso penal en contra de Blanca Stalling, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia separada de su cargo. Con esto, Stalling no enfrentará juicio por la denuncia que hizo en su contra el juez Carlos Ruano, en 2017, por tráfico de influencias.
Para Ruano, el cierre del caso es un reflejo más del mal estado actual de la justicia en Guatemala.
En 2017, Ruano, quien fue nombrado Campeón Anticorrupción en 2021 por el Departamento de Estado de EE.UU., denunció que Stalling, en ese entonces en activo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo presionó para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Fernando Molina, quien era acusado en el caso conocido como IGGS-Pisa.
Ruano grabó a la togada, quien le dijo: “yo si le pido lic, (licenciado) y si en sus manos está, y en los otros jueces, en las manos de ustedes está la posibilidad de una medida sustitutiva, como le digo, que vean que yo si jamás haría mire… no se va a ir (en referencia al hijo), pues no tiene pasaporte, no tiene pasaporte vigente no tiene visa, perdió su trabajo en la Contraloría”.
Luego de la denuncia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio en contra de la magistrada, quien fue detenida en la zona 9 disfrazada con una peluca. Stalling también era acusada de resistencia al arresto.
El juez Ruano señaló que no le sorprende la resolución dictada por el juez Cruz Rivera de sobreseer el proceso. La decisión, dice Ruano, es una muestra del grave debilitamiento del sistema de justicia en los últimos años, en lo que también se ha registrado persecución y criminalización en contra de operadores de justicia que en su oportunidad cumplieron con su deber.
Según el juez, hay suficientes elementos de investigación en este caso, entre ellos dos declaraciones de anticipo de prueba del secretario de la CSJ y de él, como denunciante, respecto a los hechos que vinculana a Stalling con la acusación de usar su puesto de magistrada, en esa oportunidad, para influir, presionar y obtener resoluciones favorables a su hijo procesado.
El fiscal Rafael Curruchiche, jefe actual de la FECI, dijo a elPeriódico que “analizará” la resolución del juez Cruz. La Fiscalía tiene hasta el 5 de julio para presentar una apelación.
Juez y magistrada cuestionados
Tanto el juez Cruz como la magistrada Stalling son operadores de justicia cuestionados en el desempeño en sus cargos. Stalling fue incluida en 2021 en el Listado de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado, la llamada Lista Engel, por haber estado implicada en actos significativos de corrupción “al participar en mecanismos de soborno e influir de manera indebida en el poder judicial”. Fue designada por ese gobierno conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción.
En cuanto al juez Curz, la FECI, cuando la dirigía el exfiscal Juan Francisco Sandoval, le presentó una solicitud de antejuicio en 2019 por prevaricato. Ese caso está basado en una resolución del juez en el caso Subordinación de Poderes, también conocido como Caso Tigo, por haber invalidado varios elementos de la investigación. El juez fue protegido por la CSJ que rechazó la solicitud y también por la Corte de Constitucionalidad.
En 2019, Cruz giró una orden de captura en contra de la exfiscal general Thelma Aldana. Después de dicha orden, se supo que el juez recibió un vehículo blindado por parte del Ministerio de Gobernación y que recibía protección de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad (SAAS). El MP de Porras anunció que iniciaría una investigación por supuestos sobornos, pero nunca presentó un caso.
Retroceso en la justicia
El caso de Stalling no es el único que se ha caído debido a que el MP no ha podido sustentar una acusación o por resoluciones que terminan favoreciendo a los señalados. Existe una tendencia, incluso desde el MP, de debilitar las acusaciones en contra de acusados, como sucedió con el caso Libramiento de Chimaltenango.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, señaló que ha habido un proceso de desmantelamiento de los casos de la CICIG y FECI, el cual ha estado muy bien concatenado.
Ibarra divide este proceso en cuatro fases. La primera fue la ralentización de los casos, que ocurre cuando Consuelo Porras tomó posesión del MP en 2018, donde no fueron presentados nuevos casos de corrupción y tampoco avanzaban los que ya habían sido presentados.
La segunda fase, según Ibarra, fue debilitar la estructura de la FECI, que implicó que se estropearan las relaciones entre Porras y Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de dicha Fiscalía.
La tercera fase comprendió el desmantelamiento de la FECI que implicó la destitución de Sandoval y de otros fiscales, así como el traslado de otros trabajadores a Fiscalías. Entre los fiscales que fueron trasladados están Eduardo Pantaleón y Stuardo Campos, de la Fiscalía contra la Corrupción e Hilda Pineda, fiscal de derechos Humanos. Aquí también se incluye la persecución de operadores de justicia.
La cuarta fase es el desmoronamiento de los casos y la anulación de los convenios de colaboración eficaz.
El juez Ruano hizo la denuncia en contra de la magistrada Stalling en enero de 2017, cuando la CICIG aún operaba en el país y la FECI aún era dirigida por Sandoval.
Según el juez, desde entonces la justicia ha retrocedido en muchos ámbitos, entre los cuales mencionó la persecución y criminalización en contra de operadores del sistema de justicia o las reformas hechas para para debilitarla y controlar las instituciones.
Para el juzgador, los procesos deben avanzar en todas sus etapas y cuando existen indicios suficientes y medios de investigación contundentes se debe de llevar a juicio y emitirse la sentencia que corresponda, “pero paralizar un proceso en este estado es obstruir la justicia”, dice.
Debido a que Stalling nunca renunció al cargo, como sí lo hicieron otros magistrados señalados como Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, existe una posibilidad de que ella pueda regresar a la Corte Suprema.
