El 6 y 7 de junio, los jueces Fredy David Flores y Sergio Mena, negaron el ingreso de periodistas a dos audiencias públicas, argumentando el número máximo autorizado de personas que admite un recinto como medida para contener la COVID-19. Según el Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la restricción del trabajo de la prensa es una de las características de los Estados Autoritarios.
Por Simón Antonio Ramón
En una audiencia de etapa intermedia realizada el 6 de junio, en la cabecera departamental de Chiquimula, el juez Fredy David Flores, del juzgado del Turno de Primera Instancia Penal y Narcoactividad, retiró a la prensa de la sala de audiencias, argumentando que por la capacidad del juzgado y las medidas sanitarias de la pandemia de COVID-19, debían retirarse todos los medios de comunicación, según denunciaron los periodistas.
En esta audiencia envió a juicio a seis personas originarias de la comunidad La Prensa, de Olopa, por el delito de detenciones ilegales, donde actúa como querellante la minera Cantera Los Manantiales, que opera en ese municipio de Chiquimula. José Rodríguez, comunicador del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) informó que el juez, tras retirar a los periodistas, no generó condiciones para la cobertura de prensa, por lo que varios medios de comunicación locales tuvieron que retirarse.
“Afecta mucho al trabajo que hacemos, porque transparentamos estos procesos y difundimos en tiempo real. Son casos que no son muy promovidos, y cuando un juez actúa de esta manera, responde con esa censura, para que no se conozcan estos casos de criminalización”, indicó Rodríguez.
Los medios de comunicación retirados de la sala informan a diferentes audiencias tanto local, nacional como internacional, entre los que se encuentran Santa Elena Gt, Radio Alegría, La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Gnm Radio, Noti Rodas y Pacífica Radio Network. “Esta acción de los jueces es muy común, según informaron los periodistas; tampoco son accesibles cuando se les cuestiona sobre el tema”, agregó Rodríguez.
Sin acceso a la audiencia y con ventanas tapadas
En otro caso, en la audiencia de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzalteango, el juez Sergio Mena, del juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, prohibió el ingreso de más de 10 periodistas, argumentando que la sala es pequeña, pero además el personal del juzgado cubrió las ventanas, para que tampoco pudieran tomar fotografías.
En esta audiencia contra Virginia Laparra, el juez resolverá si la Fundación Contra el Terrorismo sigue como querellante adhesivo o no, se conocerá la acusación formal de la fiscalía para saber si envía a juicio a Laparra y después se darán a conocer las medidas de coerción que se impongan.
“El personal de seguridad del Organismo Judicial no dijo que la sala es pequeña y no podía entrar. Además, taparon las ventanas y eso no era necesario”, dijo la periodista Andrea Rodríguez de la Revista Feminista Ruda.
Censura a la prensa como principio de Estados autoritarios
A criterio de Héctor Coloj, del Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), estas acciones son lamentable y repudiables, características muy propias de los estados autoritarios. “Se han incrementado durante el actual gobierno que responde a intereses de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Seguir usando el argumento de la pandemia que ya no es válido, cuando todas las medidas impuestas ya se levantaron”.
Esta práctica de restringir el trabajo de la prensa en los departamentos es la expansión de una actitud hostil de la CSJ y Cortes de Apelaciones, que llevan dos años de manera irregular en sus cargos. “Pretenden que los actos irregulares que ellos cometen, como la actitud de la fiscal general, no se conozcan, por eso actúan lejos de la prensa”, dijo Coloj.
En el monitoreo que realiza Prensa Comunitaria sobre restricciones y agresiones contra el trabajo de la prensa guatemalteca, registra 72 casos, en los que sobresalen las restricciones en los tribunales de justicia, en lo que va de 2022.
