Por Simón Antonio Ramón
Un grupo de diputados al Congreso de la República, por medio de la iniciativa de ley 6076, Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del Ejército, buscan que agentes, soldados y oficiales sean tratados con privilegios, al momento de enfrentar un proceso penal tras intervenir en un operativo policial.
La iniciativa 6076, en su artículo 5, establece los mecanismos de actuación de las fuerzas de seguridad, desde el uso de la comunicación y contacto físico, hasta el uso de equipo para neutralizar la resistencia de las personas que ese momento están siendo reprimidas.
El documento establece que el uso de la fuerza será para resguardar el orden público o la protección de intereses públicos o privados. Además, propone reformar la Ley de la Policía Nacional Civil y al Código Procesal Penal, a beneficio de agentes de las fuerzas de seguridad.
En la reforma que plantea a la Ley de la PNC se establecen garantías durante un proceso en el que se le acuse a las y los agentes, y deban contar con asistencia jurídica gratuita de la institución en la que laboran. La reforma al Código Procesal Penal establece que las fuerzas de seguridad pública y el Ejército, pueden actuar en legítima defensa cuando actúan en defensa propia o de terceros.
También dice que a los agentes, investigados en un hecho criminal durante su actuación como seguridad pública, se le debe otorgar la libertad condicional “con el objeto de garantizar su derecho al trabajo”.
El grupo que propone la iniciativa de ley está integrado por Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Juan Francisco Lainfiesta, Karla Andrea Martínez Hernández, José Arnulfo García Barrios, Maynor Esturdo Castillo y Castillo y Byron Wilfredo Arreaga Alonzo, de la bancada Unión del Cambio Nacionalista (UCN), partido político que está en proceso de cancelación por Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cuyo candidato a la presidencia, Mario Estrada, está condenado a 15 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
La Convergencia por los Derechos Humanos considera que la iniciativa pretende volver a las medidas contrainsurgentes en materia de seguridad pública. “Pretenden incorporar al Ejército en acciones represivas al estilo contrainsurgente y, elevar a calidad de fuerza de seguridad pública, a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), ahora prácticamente militarizada, así como a la Guardia Penitenciaría”, planteó en un comunicado de prensa.
Para la Convergencia por los Derechos Humanos, la iniciativa de ley viola varias leyes nacionales vigentes. “En el ordenamiento jurídico interno, la desatinada iniciativa 6076 viola flagrantemente la Constitución Política de la República sobre las libertades y derechos civiles y políticos, así como a la rendición de cuentas de las autoridades”, hizo saber.
A criterio de la abogada maya K´iche´, Jovita Tzul, esta iniciativa violenta principios de igualdad y legalidad. “Establece beneficios de excarcelación que deja en desventaja a la población en general por lo que la igualdad ante la ley ya no existe; e interfiere con la independencia judicial, porque solo un juez puede determinar los beneficios de medidas sustitutivas”, analizó la abogada.
Así mismo, la Tzul dijo que revierte los avances establecidos en los Acuerdos de Paz de la seguridad pública. “A partir de los Acuerdos de Paz se crea la PNC como una instancia civil y el ejército a sus actividades delimitadas por la Constitución para cuidar las fronteras”.
Tanto la abogada Tzul como la Convergencia por los Derechos Humanos, coinciden al establecer que la ley provoca un clima de impunidad de los abusos de agentes de las fuerzas de seguridad ligados a proceso penal. “La ley es retroactiva si favorece al reo, en este caso si favorecería a los agentes que están siendo investigados. Eso es grave. Entonces, las personas que denuncian los abusos de la PNC, sus casos pueden ser clausurados y los hechos en la impunidad”, advirtió la profesional en derecho.
La iniciativa estaba en la agenda del Congreso para la sesión extraordinaria de este jueves 23 de junio, que fue cancelada por falta de quórum.
