Se sabe que la funcionaria fue abogada del militar Alfonso Tarso de León Maldonado, en un caso que data de 2006. Actualmente De León Maldonado se encuentra prófugo y es uno de los señalados en el caso Diario Militar, específicamente en la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán. Según el sitio de noticias independientes CMI, el padre de la funcionaria es el coronel Augusto Romero.
Por Regina Pérez
Ingrid Johana Romero Escribá fue electa el pasado 21 de junio como directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en sustitución de Fanuel García. Romero llega al cargo con el peso de tener vínculos cercanos, incluso familiares, con militares y funcionarios afines a la alianza dominante en el país y se duda sobre la objetividad e imparcialidad con la que pueda actuar al frente de dicho ente.
La designación de Romero en la dirección del INACIF es solo uno de varios nombramientos importantes que se realizan este año, como la de Fiscal General, en que fue reelecta Consuelo Porras, el de Procurador de Derechos Humanos (PDH) y el de Contralor General de Cuentas, estos dos últimos cargos aún pendientes de ser electos.
El abogado Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), señala que estos procesos donde intervienen comisiones de postulación, -en este caso un Consejo Directivo-, tienen como fin la cooptación general del Estado, por lo que no es extraño lo que sucedió en el INACIF con este nombramiento, que genera dudas de que la funcionaria que ahora asumirá el puesto vaya a actuar con objetividad e imparcialidad.
El INACIF es una entidad con carácter eminentemente técnica y científica, que ha sido usada en gestiones anteriores por privados de libertad, que no querían estar en la cárcel o se inventaban enfermedades para ir a sus casas o ser enviados a sanatorios. En los últimos cinco años la entidad logró enderezar el rumbo.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, indicó que a la fecha Romero no ha ocupado cargos donde se le pueda señalar alguna anomalía en su desempeño, lo que tiene son vínculos, pero habrá que ver si durante el desempeño de su cargo dichos vínculos puedan pesar o podrá ella mantener una gestión desligada de esos grupos políticos o familiares con los cuales se le señala.
El abogado Reyes opinó que se duda de la funcionaria por todos estos nexos que tiene en casos del pasado y del presente, pero espera que no se pierda la objetividad que tiene la institución en la realización de dictámenes periciales en casos, donde exfuncionarios principalmente toman la salud como un pretexto para no cumplir su condena o no guardar prisión preventiva.
Para Ibarra, el máximo desafío que tiene Romero es lograr que la institución se mantenga alejada de las presiones políticas para que el INACIF siga desarrollándose en materia científica, señaló.
Más allá de los lazos familiares, a Romero se le señalan vinculaciones con grupos que ahora son la política dominante que lo que quieren es copar todas las instituciones y tener el control total para orientar las resoluciones de la administración de justicia a sus intereses, dijo la analista.
Romero trabajó durante la gestión del exfiscal general Carlos de León (2002-2004), donde coincidió con la ahora magistrada Beyla Estrada, de la Sala Tercera de Apelaciones y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, quien fue separada del cargo luego de ser denunciada por un juez por tráfico de influencias.
La funcionaria también trabajó con Stalling cuando esta fue directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDDP). Ha sido magistrada de la Corte de Apelaciones de Trabajo.
Pro Justicia también señala un posible parentesco de la directora del INACIF con Dina Ochoa Escribá, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC) (prima) y con el diputado Armando Escribá, (sobrina), sin embargo esto no ha podido ser confirmado.
Finalmente se sabe que la funcionaria fue abogada del militar Alfonso Tarso de León Maldonado, en un caso que data de 2006. Actualmente De León Maldonado se encuentra prófugo y es uno de los señalados en el caso Diario Militar, específicamente en la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán. Según el sitio de noticias independientes CMI, el padre de la funcionaria es el coronel Augusto Romero.
Contexto de la elección
Romero fue electa en un contexto de convulsión política en el país, donde la administración de justicia está muy presionada por los intereses políticos de quienes tienen el poder público y que quieren orientar la administración hacia patrones de impunidad, explicó la directora de Pro Justicia.
Esto luego de la lucha contra la corrupción y la impunidad que realizaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en 2015, que no duró mucho pero que sí tuvo un gran significado porque mostró quienes eran intocables y que sí es posible combatir con eficiencia el crimen organizado, la corrupción y todos los males que desde el poder público afectan a la sociedad, porque anulan toda posibilidad de desarrollo y las oportunidades de la población de tener mejores condiciones de vida, dijo Ibarra.
Durante el proceso de designación, integrantes del Sindicato de Empleados del INACIF (Seinacif) presentaron objeciones en contra de Romero por no tener especialidad en criminalística.
Sus pruebas de descargo fueron aceptadas por el Consejo Directivo, presidido por Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien claramente impulsó su perfil en dicha elección.
Candidatos que tenían más experiencia y una especialización por el trabajo que realizan en el INACIF como Luis Zenteno, Ruth García y Jorge Granados, no fueron favorecidos.
En la elección del 21 de junio, votaron por ella la representante del Colegio de Químicos y Farmacéuticos, Delia Girón; Fernando Chacón, del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), David Barrientos, ministro de Gobernación, Silvia Valdés, presidenta de la CSJ, Ángel Pineda, secretario general del MP, incluido en la Lista Engel, Idonaldo Fuentes, del Instituto de la Defensa Pública Penal y la exdiputada Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima, quien ha sido señalada en varios casos de corrupción en dicho Instituto.
