El presidente tuvo que posponer a última hora un viaje a la capital estadounidense, donde se esperaba que hablara en contra del gobierno de Joe Biden, el cual ha cuestionado al gobierno de Guatemala por proteger a funcionarios corruptos.
Por Héctor Silva Ávalos
El presidente Alejandro Giammattei tenía previsto aterrizar en Washington, DC el miércoles 22 de junio para cumplir con una agenda que no incluía invitaciones oficiales de funcionarios de la administración Biden, con la que el guatemalteco ha marcado distancias desde que desistió aceptar la invitación de la Casa Blanca a participar en la IX Cumbre de las Américas, de la que su homólogo estadounidense era anfitrión.
El canciller guatemalteco Mario Búcaro confirmó a última hora del martes 21 que el viaje había sido pospuesto. Antes, la presidencia guatemalteca había confirmado la gira sin brindar detalles sobre la agenda. En Washington, Prensa Comunitaria confirmó que la visita no tenía carácter oficial, pues no fueron ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estados las oficinas que invitaron al presidente de Guatemala. Extraoficialmente ha trascendido que Giammattei se reuniría con congresistas republicanos y con tanques de pensamiento de ultraderecha, y que participaría en un evento público.
El cabildeo de Giammattei está marcado por las declaraciones que dio a un podcast de la Global Liberty Alliance (GLA), una de las organizaciones cercanas al lobby republicano cubanoamericano de la Florida que han reproducido en días recientes protestas informales del presidente contra algunas decisiones de la Casa Blanca respecto a Guatemala.
Durante una entrevista con un abogado de GLA, Giammattei acusó a varios altos funcionarios de Biden de intentar desestabilizar a Guatemala y de actos que “rayan con la sedición”. Al presidente le ha molestado que Washington le reproche por proteger a la fiscal general Consuelo Porras, a quien el Departamento de Estado ha señalado como agente corrupta y antidemocrática en la Lista Engel; que le reclame por presidir un gobierno que ha exiliado a 22 operadores de justicia; y que haya influido, junto al Legislativo, en la conformación irregular de las altas cortes.
En protesta por esos reproches, Giammattei desistió de asistir a la cumbre convocada por Biden en Los Ángeles a principios de este mes.
“Gente como Todd Robinson, Juan González, Brian Nichols, que promueven la desestabilización en el país y se declaran contra el gobierno… No podemos ir a un lugar donde no nos tratan bien. Somos casi que el último aliado de Estados Unidos en la región, compartimos los mismos valores y principios, pero estamos siendo atacados virulentamente desde el Departamento de Estado”, se quejó el presidente en el podcast de la GLA, una organización conocida en Estados Unidos por sus postulados de ultraderecha, por defender posturas de Trump y, en el caso guatemalteco, por sus posicionamientos en contra de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Todd Robinson, actual subsecretario de Estado para la lucha antinarcotráfico y la aplicación de la ley, uno de los señalados por Giammattei, fue embajador de Estados Unidos en Guatemala durante los últimos años de la administración Obama y ha sido un fuerte crítico de las élites económicas y políticas que han desbaratado las instituciones anticorrupción en el país. Algunos aliados políticos del presidente incluso han tildado a Robinson de comunista.
Brian Nichols es el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y Juan González es el principal asesor de la Casa Blanca en temas latinoamericanos.
Pero ha sido otra decisión, esta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la que destapó la ira más reciente de Giammattei. En marzo pasado, la multilateral anunció que suspendía un financiamiento por USD 13 millones a dos proyectos hidroeléctricos en la región de Ixquisis, en el noroeste del país, porque el gobierno no había tomado en cuenta las opiniones de comunidades indígenas afectadas por las represas.
Aunque las decisiones del BID no dependen directamente de la Casa Blanca, el presidente aprovechó para acusar a Washington y en particular a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID) de proteger a los indígenas y vulnerar la Constitución de Guatemala, lo cual, dijo, “es un vivo ejemplo de acciones de la AID que atentan contra la soberanía del país y rayan en el llamado a la sedición”. Giammattei anunció informalmente que pedirá la salida de USAID de Guatemala.
Por la falta de consulta a pueblos indígenas en proyectos extractivistas y por el uso de vehículos donados por Estados Unidos en actos represivos, el gobierno guatemalteco ya había escuchado reclamos del Partido Demócrata de Biden. En noviembre de 2021, nueve congresistas demócratas encabezado por Norma Torres de California y Alexandra Ocasio-Cortez de Nueva York enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken para que exigiera explicaciones a Giammattei por el mal uso del equipo estadounidense.
Amigos republicanos cercanos a Trump
Mientras Donald Trump estuvo en el poder, las relaciones entre Washington y Ciudad de Guatemala fueron menos tensas. Siguiendo al pie de la letra la petición de Trump de detener en Guatemala a los migrantes que pasaran por el país rumbo a la frontera sur de Estados Unidos, Giammattei se posicionó como un aliado valioso.
La llegada de Biden, que en el tema migratorio apostó por un enfoque que combina las medidas represivas de Trump con una política exterior que exige más transparencia a los gobiernos centroamericanos, cambió las cosas.
La vicepresidenta Kamala Harris llegó a la capital guatemalteca en junio de 2021 con un mensaje de cooperación, pero también a exigirle a Giammattei más muestras de la lucha contra la corrupción. La visita de Harris, sin embargo, coincidió con la expulsión de Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de FECI que entonces investigaba al presidente por recibir sobornos de capitalistas rusas para expandir operaciones mineras en El Estor, Izabal, donde luego el gobierno utilizó los cuestionados jeeps J8.
Después, Giammattei reeligió a Consuelo Porras, a quien la Casa Blanca ya había listado como corrupta y antidemocrática y a quien el mismo secretario Blinken acusó de socavar la democracia en el país. Pero el presidente no retrocedió ni piensa hacerlo ahora. Así lo dijo en el podcast reciente: “Me excusé de asistir (a la cumbre) por haber sido maltratados por personas del Departamento de Estado en una clara injerencia en asuntos internos del país. Nos presionaron, dijeron que iban a tomar decisiones contra Guatemala si yo volvía a nombrar a la fiscal, violentando lo que es (sic) una responsabilidad soberana y constitucional del presidente”, dijo.
Alejado por completo del Washington de los demócratas, Giammattei y su lobby han buscado apoyo entre los republicanos más cercanos a Trump, como la GLA o la ultraconservadora Fundación Heritage. Fue en una entrevista con dos representantes de esa fundación en el palacio presidencial en Ciudad de Guatemala, realizada a finales de abril, que Giammattei, se supone, anunció que pedirá la salida de USAID y acusó al embajador estadounidense, William Popp, de “planear derrocarlo”.
El 14 de junio pasado, con la cumbre en Los Ángeles recién concluida, Giammattei sostuvo una llamada telefónica con el senador republicano Marco Rubio de la Florida, quien ya antes había apoyado al presidente frente a los demócratas. Durante el proceso que terminó con la reelección de la fiscal Porras, Rubio envió una carta al Departamento de Estado para pedir a la administración Biden que no interfiriera en el proceso de selección.
“Todos estos presidentes, sobre todo (Nayib) Bukele y Giammattei, están rodeados de un lobby republicano de ultraderecha que les ha dicho que esperen a 2024 a ver si vuelve a ganar Trump, para ellos volver a ganar el favor de Washington”, dijo a Prensa Comunitaria un funcionario demócrata del Congreso bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios en público.
En enero de este año, el gobierno de Giammattei, de hecho, firmó un contrato de lobby por USD 900,000 con Ballard Partners, una firma cabildera propiedad de Brian Ballard, que es uno de los financistas de Trump, cercano también a los republicanos conservadores cubanoamericanos como Marco Rubio y Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, conocido por sus posiciones antiinmigrantes.
Es muy probable que Giammattei hable de migración cuando finalmente llegue a Washington, como ya lo ha hecho antes. En el podcast de la CLA se ufanó de ser el presidente que más ha detenido migrantes en Centroamérica, lo cual, simplemente, no es cierto: entre marzo y mayo de 2022, 683 de sus connacionales fueron detenidos a diario en la frontera sur de los Estados Unidos, muchos más que los salvadoreños o los hondureños.
