“Nosotros no estamos peleando con nadie, estamos defendiendo derechos basados en la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza la protección a la vida; así como el Código Municipal, decreto 12-2002, que establece que la consulta a las comunidades o autoridades indígenas del municipio, es de observancia general”. Autoridades indígenas Ch’orti’
Por Prensa Comunitaria
Una de las amenazas más antiguas a las que se enfrentan las comunidades originarias de Chiquimula, siguen siendo las transnacionales mineras con capital canadiense. Entre estas se encuentra la empresa Minerales Sierra Pacífico, propiedad de Volcanic Gold/Goldex. Sus dueños y empleados estuvieron involucrados en la mina Marlín, en San Marcos, que cerró sus operaciones en 2017, doce años después de haber hecho su primera explotación de oro y plata en el país; y la empresa EXMINGUA con el proyecto minero Progreso VII Derivada en el lugar conocido como La Puya, situado entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en el departamento de Guatemala.
Prensa Comunitaria ha documentado la organización y resistencia de este pueblo maya Ch´orti´, situado en una condición vulnerable, que está marcada por la crisis alimentaria y la sequía en el denominado corredor seco del país.
Se llama así a una región que abarca los departamentos de Quiché, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Chiquimula, en donde es común oír de la gente, de su cotidianidad frente a la sequía ante la falta de lluvias, escases de agua y perdida de fertilidad de la tierra, que provoca en los cultivos la falta de cosechas.
En Camotán, Jocotán y Olopa, tres municipios de Chiquimula esta realidad se traduce en extrema pobreza. En estos municipios, además de los factores ya mencionados, también se suma la explotación de cerros, tala de árboles y desvíos de ríos, que provoca la imposición de proyectos mineros.
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A pesar de contexto adverso, la población sigue escribiendo historias de luchas políticas de manera pacífica contra las empresas mineras impuestas en sus territorios. Por ejemplo, destaca la resistencia de 14 comunidades del municipio de Olopa en contra de la empresa minera Cantera Los Manantiales que intentó operar en 2012. El pasado 25 de febrero, estos pobladores celebraron el sexto año de resistencia en contra de esta empresa, que acabó con personas asesinadas y criminalizadas desde su llegada al municipio.
Una segunda amenaza, se refiere a la presencia de las empresas mineras rusas, instaladas en un cinturón de tierra que abarca desde los departamentos de Petén, Alta y Baja Verapaz, Izabal, Zacapa hasta Chiquimula, tomando así, el control total del Caribe guatemalteco. Casos como la mina de Cerro Blanco, operada por la empresa Nickel Supply, posee una licencia que abarca una porción de Guatemala y otra de El Salvador.
El agua, ambiente y la salud de los habitantes de Asunción Mita, Jutiapa, estarían en riesgo con el intento de reactivación de la mina de oro y plata de “Cerro Blanco”, un proyecto extractivo de la empresa canadiense Bluestone Resources. La mina, que data de 2007, también amenazaría la vida de 6 millones de salvadoreños quienes dependen del agua de la cuenca de Ostúa, que atraviesa Guatemala y El Salvador, según denunciaron varias organizaciones ambientales.
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La mina de Cerro Blanco pone en riesgo el agua y salud de la comunidad Asunción Mita
De acuerdo a un estudio denominado “Mapeo minero”, que fue publicado por el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), los propietarios de Nickel Supply son los mismos de Mayaniquel, que operan en Alta Verapaz e Izabal, de la transnacional rusa Telf Ag, otra minera rusa es la de Pronico y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que pertenecen al gigante minero ruso Solway. Estos grupos crearon otras empresas para expandirse a nuevas áreas, como Chiquimula.
La realidad de las comunidades va cambiando, porque se enfrentan a capitales que han demostrado que operan de forma ilícita, hacen uso de la violencia para reprimir a quienes se oponen, explotan y contaminan el medio ambiente y operan coludidas con el Estado guatemalteco para hacer funcionar sus operaciones. Todo esto ha sido denunciada por las comunidades afectadas, sin embargo como han indicado en entrevistas a este medio, el seguimiento a las denuncias no avanza por el Ministerio Público (MP).
Otra de las amenazas a las que se enfrentan los pobladores de Chiquimula, es a la serie de solicitudes y licencias mineras que cubren toda el área fronteriza con Honduras y el altiplano. Al igual que la Franja Transversal del Norte (FTN), estas solicitudes están repartidas en un grupo de actores mineros, según datos proporcionados por el catastro minero.
De acuerdo al estudio de OIE, la mayoría de las nuevas solicitudes de exploración y explotación de los recursos naturales, cubre básicamente desde la ciudad capital hacia el oriente del país. Información actualizada hasta enero de 2022, detalla que la empresa Minerales Sierra Pacífico S. A. tiene solicitudes en 24 municipios de seis departamentos situados al nororiente. Chiquimula es uno de ellos, así como algunas regiones de los departamentos de Zacapa, Jutiapa y Jalapa.
El OIE en su sitio web afirma que estas grandes empresas mineras -canadienses, rusas y guatemaltecas- están centradas en esta región, desde los últimos 10 años, en la que pretenden explotar el oro, plata o níquel. Con el níquel se están llevando miles de toneladas de tierras raras como se denunció en las investigaciones de Mining Secrets en El Estor, Izabal.
También cabe mencionar que estas empresas instalan sus proyectos mineros locales con nombres diferentes, pero que están interconectadas en un proyecto de extracción en todo el país.
Chiquimula y sus municipios están esencialmente revestidos por solicitudes mineras y todas son de una empresa: la canadiense Minerales Sierra Pacífico. Son los mismos dueños y las mismas personas: geólogos e ingenieros, que operaron en las minas Marlín, La Puya y Cerro Banco, esta última en el municipio de Asunción Mita de Jutiapa.
El Pato, una comunidad con presencia de una minera sin consulta
Los impactos y amenazas de proyectos extractivos más inmediatos, en el departamento de Chiquimula, se encuentran en la comunidad El Pato. Allí la empresa Atlas Universal, S.A, comenzó a construir supuestamente una bodega con oficinas, según los documentos que presentó su representante, Romero Iván Morales ante la Municipalidad de Chiquimula en 2020. El presupuesto de la obra sería de Q250 mil, con una la licencia de construcción municipal 12-2020.
Sin embargo, seis meses después, los pobladores se percataron que en el lugar no hay ninguna bodega, sino un hoyo en el cerro donde se observan piedras de distintos colores. Es decir, la empresa empezó a operar ilegalmente y sin consentimiento de la población, pues no hubo consulta previa. No contaba con ninguna licencia otorgada para explorar o explotar los recursos naturales y se utilizaba como excusa una licencia de construcción de una bodega, esto con la complicidad de las autoridades estatales. Frente a la movilización de la gente y la denuncia de las operaciones ilegales finalmente el Ministerio de Energía y Minas cerró la actividad minera.
En noviembre de 2003, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó en el mismo lugar una licencia de exploración de oro y plata al proyecto El Pato II, que en 2017 pasó a ser la sociedad El Pato GT, S.A.
La empresa El Pato S.A insiste en mantener sus actividades de exploración. Más de 25 comunidades se declararon en resistencia antiminera ubicada en una comunidad con el mismo nombre, entre los cerros Tajurán y El Gigante, de vital importancia para las poblaciones de Zacapa, Jalapa y Chiquimula.
Estos cerros son considerados como grandes ecosistemas, y es ahí la principal destrucción provocada por el proyecto minero, afectando a comunidades de San José La Arada de Chiquimula; aldeas del municipio de San Luis Jilotepeque de Jalapa y comunidades del municipio de San Diego de Zacapa.
En 2017, la minera El Condor vendió el “derecho minero” a la empresa El Pato GT, S.A, a pesar de no tener autorización. Fue luego de una denuncia recibida en el MEM en el mismo año, que se constató que esta empresa solo tiene un estudio de impacto ambiental aprobado y una licencia de exploración, no de explotación.
Benjamín Chang, investigador del OIE, afirma que todo proyecto minero debe tener un estudio de impacto ambiental, que se presenta ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Según el estudio de impacto ambiental de la empresa, las únicas tres comunidades que serán afectadas por la operación minera son El Poshte, la Cotocha y El Pato, mientras que las demás no están consideradas, a pesar de las repercusiones ambientales, principalmente en los flujos de agua, anotó.
San José La Arada y San Jacinto bajo amenaza
En el caso de las comunidades San José La Arada y San Jacinto, la empresa Sierras Pacífico, que ha querido ingresar a operar con solicitudes de proyectos extractivos, uno de ellos La Luz y el otro El Dorado II, están operando ilegalmente. De los proyectos que tuvo la empresa, solo El Dorado tuvo una licencia de exploración que expiró en 2011, pero se ha mantenido vigente mientras se tramitan las solicitudes de explotación que derivan de ella, con lo cual han acaparado el territorio desde 1997. Se sabe que iniciaron los trabajos a lo largo de 2003 y hasta 2011, en diferentes áreas, pero además se reactivaron en años recientes.
Tal como ya se mencionó está empresa presentó una solicitud de explotación en 2011, para sus dos proyectos. Sin embargo no ha tenido respuestas del MEM. A pesar de ello, según denuncian los pobladores de esas comunidades, sus trabajadores siguen trabajando de forma ilegal en el área, a través de diferentes argucias, como hacer nuevas solicitudes y cambiar el nombre de la empresa conforme pesan los años, para tener siempre el control.
Los yacimientos de este proyecto se ubican en el municipio de San José La Arada y el área de interés abarca a las comunidades La Joya y El Rincón. Forman parte de una solicitud de explotación minera llamada La Luz, con el número SEXR-012-11. Este es el primero que busca aprovechar la empresa y en comunicaciones con sus accionistas han dado a conocer el inicio de operaciones en 2011, a pesar de no poseer una licencia aprobada.
El yacimiento Banderas se encuentra en el municipio de San Jacinto, también en Chiquimula, abarca el trifinio entre San Jacinto, Ipala y San José La Arada. Su epicentro se encuentra en la comunidad El Zapote, en San Jacinto y está contenido en una solicitud minera designada como El Dorado II SEXT -013-11. Este yacimiento fue objeto de una amplia exploración, a lo largo de los últimos veinte años. Figura fuertemente en los intereses futuros de los proyectos Gold Group.
Volcanic Gold Mines Inc, subsidiaria de Radius Gold, dueña de Sierra Pacífico, publicó en su sitio web, que ya tenía el permiso de explotación minera del MARN, para iniciar los trabajos en el área; sin embargo, el MARN no otorga permiso para estas actividades sino el MEM.
Previo a comenzar a operar el proyecto mineras La Luz, en las comunidades de La Joya y El Rodeo, la empresa llegó hasta las comunidades, para ofrecer empleo a la población. En casos como la Mina Marlyn en San Marcos o el proyecto minero Fénix en El Estor, no generan mayores condiciones de empleo o desarrollo a las comunidades, al contrario rompen el tejido comunitario, crean una fuerte conflictividad social y no dejan mayores porcentajes de regalías a la hora de exportar los minerales extraídos.
El municipio de Olopa: buscan oro y otros metales
La licencia minera Cantera Los Manantiales, en el municipio de Olopa, Chiquimula, fue solicitada en 2007, con el código LEXT-033-007. Es un proyecto que fue autorizado para extraer materiales como oro, plata, cobre, platino, plomo, zinc y antimonio. Cuatro meses después se solicitó un cambio para solo extraer antimonio. En 2012 le fue otorgada otra licencia por un plazo de 25 años, para extraer los minerales ya descritos, a pesar del rechazo de la población maya Ch´orti´ y mestizos que habitan en el lugar, desde su inicio.
El interés de este proyecto minero inició a principios de los años 80, con la licencia Piedra de Amolar I, para la extracción de antimonio. En 1990 se realizó un estudio geomorfológico, en un área idéntica a la licencia Cantera Los Manantiales, el cual fue presentado en el estudio de impacto ambiental, según el OIE.
El OIE afirma que en 2007, la señora Guillermina Esperanza Guzmán Landaverry, luego de varios procedimientos y de que entregaran todos los requisitos, el MEM resolvió otorgar la licencia por un plazo de 25 años, el 3 de julio de 2012.
La empresa minera Cantera los Manantiales empezó a operar sin cumplir los requisitos de Estudio y Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), -como instrumento predictivo que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente, que ejercerá un proyecto, obra, industria o actividad, además de una serie de estudios adicionales-.
El 12 de noviembre de 2018 fue notificada Guillermina Guzmán, propietaria de la empresa Cantera Los Manantiales, del oficio 089-2018 DIGARN/DASVA/RFDF/SA, en el que se le solicita presentar los documentos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la resolución 4134-2008/ELER/CG, otorgándole el plazo de 24 horas para su entrega.
La empresa argumentó que por falta de capital no habían hecho los estudios faltantes; agregaron que había que pagar a expertos en la materia, pero querían operar igual, y que por la misma situación no trabajaron en la exploración entre 2008 y 2016, y que en su terreno sembraron maíz y café, además de destinar una parte para ganadería, con el fin de agenciarse de fondos para trabajar la mina.
Las empresas mineras con capital canadiense, por el tipo de minerales que buscan, pretenden centrar sus operaciones de explotación en el territorio maya Ch´orti´ en el departamento de Chiquimula. A diferencia de las empresas rusas como Telf Ag con Mayaniquel y Solway con CGN pretenden consolidarse en el territorio maya Q´eqchi´ en la región caribeña, incluyendo el control total del Puerto Santo Tomás de Castilla, tal como revelaron las investigaciones de Mining Secrets.
Empresa minera Cantera El Porvenir
Otro de los proyectos extractivos presentes en la zona es el de la empresa Cantera El Porvenir, ubicada en el bosque comunitario El Zompopero, en territorio de la comunidad de Lela Obraje, municipio de Camotán, Chiquimula.
Según denuncian las autoridades comunitarias que viven alrededor de la mina. La empresa ha realizado constantemente la tala del bosque sin autorización legal y a pesar de la oposición de las comunidades indígenas y autoridades ancestrales. Allí habitan también pobladores de origen Ch´orti´, en donde la empresa Cantera El Porvenir se dedica a la extracción de minerales, como Óxido de Hierro (Hematita), solicitud que fue presentada en 1996, por Estuardo Vásquez, bajo el registro CG-158, con un área de extensión de 0.45 km2, otorgado en 2008. Según la ley de minería, si una empresa no opera por 3 años, se le retira la licencia.
A decir de las autoridades, el MEM hizo una serie de inspecciones y encontró que la mina nunca había empezado a operar. La última inspección fue realizada en 2017, lo que confirma que la empresa estuvo nueve años sin operar. Sin embargo, en 2019 empezó a operar ilegalmente.
Solo en Chiquimula y sus municipios hay en trámite 75 solicitudes para realizar exploración y explotación de metales, que fueron presentadas por diversas personas interesadas, con diferentes nombres de proyectos extractivos. En el territorio Ch’orti’ hay 15 licencias, 2 de exploración y 13 de explotación minera.
Sin la consulta y el consentimiento de las comunidades, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Se instaló el proyecto minero Cantera El Porvenir, que ha destruido una amplia área del bosque ancestral El Zompopero, que por generaciones había sido resguardado; dos nacimientos de agua ya se han secado, producto de la tala inmoderada”, relatan las autoridades locales de la comunidad de Lela Obraje.
Las comunidades indígenas de Camotán y Jocotán no son los únicos actores involucrados en la movilización en defensa del territorio, la Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día, con sede en Camotán, también ha estado involucrada en este proceso.
Respecto a la defensa de territorio, una de las autoridades indígenas, indicó: “Nosotros no estamos peleando con nadie, estamos defendiendo derechos basados en la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza la protección a la vida; así como el Código Municipal, decreto 12-2002, que establece que la consulta a las comunidades o autoridades indígenas del municipio, es de observancia general”.
Chiquimula habitada por el pueblo Ch´orti´
Chiquimula está situado a 172 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en la región oriente del país. En la segunda década del siglo XXI, fue uno de los departamentos más apetecidos por las empresas extractivas. En esa región habitan pobladores de origen maya Ch´orti´ y comunidades mestizas, que suman un total de 415 mil habitantes, según el Censo de 2018, del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Desde 2010, las comunidades que allí habitan vienen denunciando amenazas, agresiones, detenciones y represión por parte de empresas extractivas que tienen presencia en sus territorios. La falta de información, además de la opacidad e ilegalidad con la que estas empresas llegan a esos lugares, despertó la indignación, resistencia y denuncia de los pobladores y autoridades locales, dado que en ningún momento fueron consultados.
Este texto es el primero de una investigación periodística de Prensa Comunitaria, con el apoyo de las autoridades locales de Chiquimula; los cuales buscan evidenciar la impunidad, la ilegalidad y los mecanismos de cooptación que utilizan las empresas mineras para apropiarse de los territorios indígenas de esa región.
