La participación de los colaboradores eficaces en graves casos de corrupción permitió que funcionarios de alto nivel, acusados de corrupción, pagaran sus crímenes en la prisión, sin embargo, la nueva fiscalía contra la impunidad celebra que esos convenios queden sin efecto beneficiando a funcionarios acusados de corrupción.
Por Juan Calles
El viernes recién pasado, (24 de junio), el fiscal Rafael Curruchiche Cucul anunció que el convenio de colaboración eficaz con funcionarios de la empresa brasileña Oderbrecht, hoy conocida como OEC, en el caso contra el exministro de comunicaciones y obras públicas, Alejandro Sinibaldi, quedó sin efecto, con lo cual, se debilita la acusación de corrupción contra el funcionario acusado.
El convenio de colaboración eficaz tenía como objetivo contar con el testimonio de tres funcionarios de la empresa brasileña que entregó millonarios sobornos a Sinibaldi para financiar campañas políticas y además pagar sobornos para obtener adjudicación de obras de construcción en todo el país.
En su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval informó que los sobornos fueron pagados a Sinibaldi con depósitos bancarios hechos fuera de Guatemala, simulando contratos de asesorías o préstamos.
Las millonarias cantidades, depositadas durante los años 2009, 2013 y 2014, en realidad eran pagos para financiar ilegalmente las campañas electorales del Partido Patriota y del Partido Unionista en las elecciones del 2011. Sinibaldi tenía cuentas en Panamá a nombre de diferentes empresas y las usaba para recibir millonarios depósitos.
Después del anuncio hecho por el fiscal Curruchiche queda abierta la posibilidad de que el exministro Sinibaldi reclame y recupere 23 propiedades inmuebles, 4 helicópteros y 8 cuentas bancarias que según las investigaciones, obtuvo gracias a la corrupción, “Con esas acciones se está limitando el fundamento legal para la extinción de dominio; lo que seguirá es que él reclame el derecho sobre sus propiedades”, expresó Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FECI, quien hoy se encuentra exiliado en Estados Unidos, en una entrevista al medio de comunicación Con Criterio.
“Lo que estamos viendo es un plan para desmantelar todos los logros de la CICIG y de la FECI. Ya desmantelaron a la CICIG, a la FECI y ahora van tras los casos”, agregó Sandoval.
¿Cómo queda el sistema de justicia?
“No hay guatemalteco que no se dé cuenta que ya no hay estado de derecho en el país, estamos frente a un Estado capturado, un Estado cooptado, en donde las instituciones no cumplen con una función constitucional, sino básicamente son operadores de las mafias que gobiernan el país y sobre todo a nivel de justicia”, opinó Manfredo Marroquín, coordinador de Acción Ciudadana.
En una conversación con Prensa Comunitaria, Marroquín afirmó que se hace evidente que el actual Ministerio Público (MP) tiene la política de garantizar impunidad a los corruptos, tanto del actual gobierno como del anterior, (cuando era presidente Jimmy Morales) que fue quien eligió a Consuelo Porras como fiscal general.
“Es realmente vergonzoso y será un ejemplo a nivel mundial, de cómo un Ministerio Público se convirtió en un instrumento de impunidad al anular estos convenios que buscan la verdad profundizando las investigaciones, ellos prefieren buscar comas y tildes para descalificar un convenio de esa naturaleza”.
Se hace necesaria una convergencia virtuosa
En tanto, Adrián Zapata, analista independiente, dijo que no basta la lucha contra la corrupción; frente a un estado cooptado se hace necesaria la unidad de sectores políticos y sociales que estén dispuestos a olvidar sus intereses sectoriales para en conjunto buscar soluciones frente a un sistema de justicia y un gobierno que no responde a las necesidades de los y las guatemaltecas.
“No es cierto que la corrupción sea la culpable de todo, hay temas que no se han abordado, y que profundizan los problemas del país, Todos los indicadores socioeconómicos se van a agravar, allí debe haber una coincidencia de dos factores, la indignación y la desesperación de la gente ante las condiciones del país; se debe impulsar una convergencia virtuosa que pueda hacer frente a esa unidad de sectores empresariales y políticos que han cooptado descaradamente al Estado”.
Zapata comentó que no le sorprende la resolución en el caso de los convenios de colaboración eficaz, pues la cooptación del Estado es muy evidente, por lo que las acciones del MP en relación con el tema del combate a la corrupción y contra la impunidad irán encaminadas a proteger a esos sectores que han hecho de la corrupción su modo de existencia.
“Las elites empresariales, con las redes político-criminales y el narcotráfico que subyace, tienen esta estrategia de la institucionalidad cooptada para que prevalezca la corrupción y la impunidad, es una estrategia que va a llegar hasta donde la respuesta social y política de la población que logre construir la antítesis de esa convergencia perversa que hoy no gobierna, sino reina en Guatemala”.
Los argumentos de Curruchiche
A pesar que la opinión general tiende a considerar que la anulación de los convenios de colaboración eficaz favorecerá únicamente a la corrupción y a los funcionarios públicos acusados de cometer ilícitos, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, celebró la decisión judicial publicando sus impresiones en las redes sociales del MP.
Además, informó que esa sala encontró vicios jurídicos en el caso, por los que habría tomado la decisión de dejar sin efecto los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Oderbrecht, entre ellos vicios del mandato, ya que ese acuerdo celebrado en Brasil no puede tener efecto en Guatemala, la actuación del entonces jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval quien no tenía competencia en Brasil, señaló también a la jueza Claudete Domínguez quien autorizó la colaboración eficaz violentando el debido proceso, falsedad ideológica, porque la jueza no obtuvo los originales del convenio, sino fotocopias, entre otros.
Agregó que se reservan del derecho de iniciar acciones penales contra quienes resulten involucrados en esos supuestos vicios jurídicos.
Respecto a la anulación de los convenios de colaboración eficaz del caso #Oderbrecht, el #MPInforma: pic.twitter.com/S7UdqhDDCe
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 25, 2022
Oderbrecht reacciona ante la resolución judicial
La constructora brasileña, hoy conocida como OEC, emitió un comunicado en el que afirma que cumplieron con los requisitos de la ley guatemalteca y que además suscribieron el mismo tipo de convenios con otros países de Latinoamérica y Estados Unidos en donde prestaron su colaboración para hacer justicia y que no han encontrado ningún hecho como el que sucede en Guatemala.
“En total conformidad con los procedimientos de control judicial de Guatemala previstos en la legislación aplicable, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Guatemala previstos en la legislación aplicable, incluyendo la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (convención de Mérida) incorporada a la legislación guatemalteca por conducto del decreto 91-2005”, se lee en el comunicado.
