Denunciado por la Casa Blanca por desbaratar investigaciones anticorrupción, Alejandro Giammattei no fue a la Cumbre de las Américas, pero llega este martes a la capital estadounidense apoyado por conservadores para promocionar a su país como “capital provida” de Centroamérica.
Por Infobae
Alejando Giammattei esta furioso con la Casa Blanca. Su enojo se debe a los reclamos que la administración de Joe Biden le ha hecho por proteger a la fiscal general Consuelo Porras, nombrada en mayo por el presidente de Guatemala y señalada por Washington como corrupta y antidemocrática y por dedicarse a perseguir a fiscales y jueces que investigaron al Presidente y a sus aliados políticos. Por todo esto, Giammattei se ausentó al principio de mes de la Cumbre de las Américas organizada en Los Ángeles.
Sin embargo, este martes el guatemalteco llegó a Washington, acuerpado por el lobby ultraconservador cercano a Donald Trump, a reclamarle a Biden en su patio.
Será una corta gira por la capital estadounidense que incluye una reunión con funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS en inglés) y una presentación ante la fundación para libertad religiosa, donde expondrá “temas a favor de la familia y la vida”, detalló Kevin López Oliva, secretario de comunicaciones de la presidencia de Guatemala.
En la reunión con DHS, dijo el vocero, Giammattei abordará temas sobre seguridad regional, combate al crimen organizado transnacional y la petición que ha hecho Guatemala para que Estados Unidos conceda Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés).
El primer acto oficial del guatemalteco será a las 10 de la mañana en una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde según voceros de la presidencia guatemalteca, propondrá cambios al sistema multilateral, los cuales no han sido especificados.
La visita a Washington ocurre cuando las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala pasan por un momento agrio, marcado por los reclamos del Departamento de Estado y recientes declaraciones de Giammattei en contra de funcionarios de Biden.
En la previa de la Cumbre de las Américas, el guatemalteco no tuvo empachos en arremeter contra Juan González, principal asesor de Biden en temas latinoamericanos, y contra Todd Robinson y Brian Nichols, altos mandos del Departamento de Estado relacionados con la región. A todos los acuso de injerencia y, más grave, de “desestabilizar el país” y de promover acciones que “rayan con la sedición”.
Un vocero del Departamento de Estado desestimó la semana pasada lo dicho por Giammattei. “Las acusaciones de que Estados Unidos buscan desestabilizar a Guatemala son inexactas, contraproducentes, y no reflejan la fuerte cooperación que existe entre nuestros países”, dijo un vocero de la diplomacia estadounidense a través de un correo electrónico.
Washington, además, defendió su derecho a hacer señalamientos sobre los retrocesos democráticos que atribuye a Guatemala. Lo hacen, según el Departamento de Estado, como parte de una preocupación compartida por otros países.
“Nos unimos a un amplio grupo de actores internacionales que han expresado preocupación por el retroceso democrático de Guatemala. El Parlamento Europeo pidió el 7 de abril a las autoridades guatemaltecas que hicieran valer el Estado de Derecho e investigaran de forma imparcial las amenazas y acoso a actores judiciales y de la sociedad civil”, dijo el vocero en referencia al exilio forzado de al menos 22 operadores de justicia que investigaron redes de mafias políticas entre las que se cuenta al mismo presidente y algunos de sus aliados.
En su disputa con la administración Biden, Giammattei se ha arropado de grupos de cabilderos cercanos al expresidente Donald Trump. Algo similar ha hecho su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien también se ha distanciado del gobierno demócrata.
“Todos estos presidentes… están rodeados de un lobby republicano de ultraderecha que les ha dicho que esperen 2024 a ver si vuelve a ganar Trump para ellos volver a ganar el favor de Washington”, dijo un funcionario demócrata del Congreso.
En enero de este año, el gobierno de Giammattei firmó un contrato de lobby por USD 900,000 con Ballard Partners, una firma de lobby propiedad de Brian Ballard, financista de Trump y cercano a republicanos conservadores centroamericanos como el senador de Florida Marco Rubio, quien también se ha mostrado cercano al guatemalteco.
La furia del presidente
Varios reclamos recientes de la administración Biden han molestado a Giammattei.
El más importante tiene que ver con la relación que el presidente de Guatemala tiene con la fiscal general Consuelo Porras, a quien las organizaciones sociales de Guatemala, Washington, la Unión Europea y la prensa independiente guatemalteca han expuesto como defensora de los intereses de las élites políticas y económicas del país por encima de los intereses del Estado.
Porras, además de haber convertido el Ministerio Público en un arma política para perseguir a fiscales y jueces que han investigado a Giammattei y a sus aliados, hizo desaparecer una investigación de la fiscalía en la que un testigo acusaba al presidente de recibir un soborno millonario de capitalistas rusos que manejan minas de níquel en el noreste del país.
Para proteger los intereses de esos mineros y sus socios de protestas de las comunidades indígenas afectadas, Giammattei ha echado mano de estados de excepción, persecución penal a líderes comunitarios que han protestado y a periodistas que han cubierto las protestas. En uno de los estados de sitio, vigente entre octubre y diciembre de 2021, el gobierno guatemalteco utilizó jeeps J8 artillados que Estados Unidos había donado para el combate al narcotráfico.
En noviembre de 2021, nueve congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken en el que le pedían exigir explicaciones a Giammattei por el uso de los vehículos con fines “represivos”. Guatemala aún no contesta esa carta.
A estos se suman los reclamos por la persecución del Estado de Guatemala a operadores de justicia, entre ellos dos exfiscales generales, la expresidenta de la Corte de Constitucionalidad y exfiscales especializados en corrupción y crimen organizado, el presidente ha respondido que él es el jefe del Ejecutivo, no del judicial, que es el que lleva casos criminales contra los operadores de justicia exiliados.
“Me acusan de perseguir a jueces y exfiscales en Estados Unidos cuando yo soy el presidente del Poder Ejecutivo. Es cierto que hay problemas en el judicial, pero debemos resolverlos los guatemaltecos, no trayendo jueces o fiscales internacionales”, dijo Giammattei en una entrevista con la Global Liberty Alliance (GLA), un tanque de pensamiento ultraconservador cercano a las posiciones del trumpismo, en referencia al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente supranacional que abrió casos por corrupción, fraude y narcotráfico a poderosos políticos y empresarios guatemaltecos.
Jimmy Morales, el antecesor de Giammattei en la presidencia, expulsó a la CICIG, pero ha sido durante el mandato del actual jefe de Estado que el oficialismo ha desbaratado toda la arquitectura anticorrupción que la comisión ayudó a crear.
Harto de los reclamos, Alejandro Giammattei dio portazo a Biden en la IX Cumbre de las Américas. “Me excuse de asistir (a la cumbre) por haber sido maltratados por personas del Departamento de Estado en una clara injerencia en asuntos internos del país. Nos presionaron, dijeron que iban a tomar decisiones contra Guatemala si yo volvía a nombrar a la fiscal, violentando lo que es (sic) una responsabilidad soberana y constitucional del presidente”, se quejó Giammattei.
“Gente como Todd Robinson, Juan González, Brian Nichols, que promueven la desestabilización en el país y se declaran contra el gobierno… No podemos ir a un lugar donde no nos tratan bien. Somos casi que el último aliado de Estados Unidos en la región, compartimos los mismos valores y principios, pero estamos siendo atacados virulentamente desde el Departamento de Estado”, especificó Giammattei la lista de los funcionarios de Biden a los que ve como adversarios.
Todd Robinson, uno de los señalados, fue embajador de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala durante los últimos años de la administración Obama, que coincidieron con el inicio del embate de las élites guatemaltecas a CICIG y a los fiscales independientes.
¿Un aliado confiable?
La parte del discurso de Giammattei sobre la supuesta interferencia de Washington en la soberanía nacional no tiene demasiadas diferencias con los que Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, o su par venezolano, Nicolás Maduro, suelen utilizar para referirse a Estados Unidos. Injerencia. Desestabilización. Soberanía. Sedición. Las mismas palabras. Hay, sin embargo, una diferencia importante: el signo ideológico de Giammattei y su gobierno es ultraconservador, más afín a las viejas derechas continentales que a sus izquierdas.
Como en su momento lo hizo el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien espera juicio por narcotráfico en Nueva York, Giammattei no duda en airear su alianza con “los principios” de Estados Unidos al mostrarse perplejo ante las arremetidas diplomáticas del Washington de Biden.
El presidente de Guatemala, de hecho, no reconoce como válidos ninguno de los reclamos que le han hecho desde el norte por temas como la corrupción o la persecución política de opositores. Según él, la animadversión del gobierno Biden tiene que ver con que Guatemala es un “país provida”, es decir, un lugar en el que hay una legislación que penaliza cualquier tipo de aborto.
“Somos atacados porque somos un país conservador desde el punto de vista de la protección a la vida”, dice Giammattei sin empacho. De esos valores conservadores hablará el presidente en su cita con la fundación por la libertad religiosa en Washington.
Es a sus “valores conservadores” que el guatemalteco atribuye otro señalamiento político que ha puesto en más aprietos a su país en temas de cooperación internacional. A principios de este junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington listó a Guatemala en el capítulo IV del informe anual correspondiente a 2021; este capítulo, en el que también aparecen Cuba, Nicaragua y Venezuela, se lista a los países en los que, según la CIDH, “se observan graves violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad”.
Ser incluido en el capítulo IV de la CIDH no es asunto menor, según dijeron a Infobae fuentes diplomáticas consultadas en Washington. “Da al Departamento de Estados argumentos a la hora de pensar en sanciones más fuertes para los funcionarios de los países señalados o de condicionar la cooperación”, aseguró un funcionario del gobierno Biden que sigue las relaciones con América Latina.
Giammattei sabe eso. De ahí parte de su furia. “Es el Departamento de Estado el que pone en esos informes acusaciones absurdas y juicios de valor muy arriesgados que incluso atentan contra el proceso democrático”, ha dicho el presidente, responsabilizando a la diplomacia de Biden de un informe que no es elaborado por el gobierno de Estados Unidos, sino por la OEA.
A Alejandro Giammattei, queda claro, no le gusta que le reclamen. Durante mucho tiempo, este médico, quien llegó a la presidencia de Guatemala después de cuatro intentos fallidos y de sortear una acusación de dirigir escuadrones de la muerte cuando fue jefe de las prisiones guatemaltecas a mediados de la década 2000, mantuvo sus reclamos a Washington en voz baja. No más.
Arropado ahora por cabilderos republicanos en Washington y acorralado por señalamientos que amenazan con recortes en la cooperación internacional y más condenas políticas, Giammattei se decidió a hacer más sonora su arremetida contra la Casa Blanca, el Departamento de Estado y congresistas demócratas, esta vez en la misma capital de Estados Unidos durante la gira que inicia este martes.
Cuando regrese a su despacho en Ciudad de Guatemala, es posible que el presidente tenga que enfrentar otra crisis diplomática con Estados Unidos, cuyo congreso está por hacer pública una actualización de la llamada Lista Engel, donde se nombra a los actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica y en la que ya está la fiscal Consuelo Porras, aliada del presidente. Un funcionario de la administración Biden ha dicho a Infobae que la nueva versión incluirá, otra vez, a aliados políticos de Giammattei.
Nota publicada originalmente desde Infobae
