El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas en el territorio maya Chuj de Yichk´isis, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Ahora debe preparar una salida responsable con cuatro planes de acción. Una mujer de esa región, calificó como un logro histórico la decisión del banco tras 12 años de lucha y resistencia. Mientras dos expertos consultados aseguran que finalmente la entidad financiera da la razón a los pueblos originarios que defienden sus territorios.
Por Francisco Simón y Luis Ovalle
La buena noticia llegó el 31 de marzo, a la población maya Chuj, Q´anjob´al y Akateko, de ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichk´isis: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas llamadas, San Mateo S.A y San Andrés S.A, de la empresa Energía y Renovación S.A. Estas centrales hidroeléctrica son propiedad de la corporación Castillo Hermanos[1], una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca.
La construcción de esos proyectos inició en 2013, entre denuncias de violaciones a los derechos humanos de los tres pueblos mayas que habitan en una parte de la región fronteriza de Guatemala con México.
La decisión del BID se dio después aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que el BID incumplió con sus propias normas y leyes, al otorgar un préstamo de 13 millones de dólares, equivalente a 100 millones de quetzales, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.
Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.
Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida responsable bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al.
María Bautista Hernández, originaria de la aldea Yulch´en Frontera y representante de las mujeres Chuj de la microrregión de Yichk´isis, dijo que la decisión de banco “fue un logro después de 12 años de lucha y resistencia, que marcaron un escenario de asesinatos, criminalización, violencia y división comunitaria, provocada por la empresa a su llegada al territorio, en 2013”.
La dirigente comunitaria, recordó que cuando llegó la empresa ofreció desarrollo, pero lo que en realidad ocasiones fueron impactos en la vida de las personas y en los recursos naturales. “Es lo que hemos estado manifestando y rechazando, que no queremos estos proyectos, porque han causado daños a las comunidades. También a la vida de cada persona y de cada familia. Contaminando los ríos y la tierra. Todo esto, viene a afectar las vidas de las comunidades”.
Según María Bautista Hernández, lo que demandan las comunidades de Yichk´isis al BID “es que dejen el cerro como estaba cuando llegaron y también que retiren las represas que habían hecho para desviar el río, deben quedar tapadas las perforaciones del cerro Anlaq”, indicó.
Al ser consultada por la presencia de las fuerzas combinadas del Estado en la microrregión, respondió que insisten “en el retiro de las instituciones públicas. Tanto de la policía como del Ejército. Estas dos instituciones sabemos muy bien que están para cuidar a la empresa. Y a nosotros no nos beneficia. Al contrario, nos han intimidado, y solo hemos obtenido inseguridad al tener estas instituciones en el camino”.
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Sobre la decisión del BID de retirar el financiamiento a dos proyectos hidroeléctricos, dos expertos consultados por Prensa Comunitaria, lo consideran como un logro de los pueblos indígenas, de la microrregión de Yichk’isis, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Santiago Bastos, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señaló que este es uno de los pocos casos que, “en la estructura de la institucionalidad, finalmente da la razón a las demandas de los pueblos indígenas, aunque desgraciadamente esto no es lo normal”.
Además, declaró que el BID no es de los organismos que normalmente atiendan las demandas indígenas; “es una institución ligada al sistema financiero internacional, lo cual, por otro lado, da un peso más fuerte a la medida. Es un caso extraño, pero al mismo tiempo de especial relevancia”, dijo.
Este es un paso adelante en las luchas de los pueblos por sus territorios “yo diría que no solo a nivel guatemalteco, sino que a nivel latinoamericano; es un hito, especialmente por ser una institución del sistema financiero internacional”, indicó Bastos.
Por su parte, Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigaciones Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, destacó que la medida del BID confirma las demandas y observaciones que han hecho los pueblos indígenas de esa zona, sobre el funcionamiento de las hidroeléctricas.
Se señalaban anomalías, desde la forma en que se implementó, sin ninguna consulta comunitaria, lo que generó una conflictividad muy seria en la zona e incluso la desarticulación de las propias comunidades que anteriormente tenían representación en las alcaldías municipales y como autoridades comunitarias; además, provocó criminalización, persecución y cárcel para varios dirigentes.
“Para mí es motivo de satisfacción. Si nacionalmente no se les está escuchando, pues que internacionalmente, con normas un poco más acuciosas de fiscalización especialmente, que una entidad como esta haya suspendido el financiamiento, es un logro importante”, anotó Roldán.
Sobre la recomendación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) al BID, en cuanto a que en la “salida responsable” priorice a las mujeres de las comunidades, Roldán consideró que esto debe ser así, porque son las mujeres las mayormente afectadas, principalmente en zonas como esa, donde los niveles de pobreza son muy altos, así como la desnutrición crónica y la migración.
“Las mujeres son las que regularmente ven la economía y la seguridad familiar, porque muchos de sus esposos han sido criminalizados”, puntualizó.
Los posibles escenarios a los que deben enfrentarse los pueblos de Yichk’isis
Para el antropólogo Bastos, hay una serie de circunstancias de las que depende de cómo el gobierno de Guatemala pueda reaccionar. “Aunque ha sido un proceso, digamos formal, es muy probable que antes haya habido toda una serie de sesiones de pasillo y de consultas; va a depender mucho de esta constelación de circunstancias, a nivel nacional y del mismo BID en América Latina”, anotó.
Sin embargo, no hay que descartar un aumento de la persecución y la criminalización de dirigentes y dirigentas, porque desgraciadamente esto está a la orden del día y es de las posibilidades más fuertes que hay, insistió Bastos.
Por su parte, Roldán considera necesaria la inversión del Estado, principalmente en educación, salud, protección de la niñez, pero aclaró que en la actualidad Guatemala no está en las mejores condiciones para que se apliquen las medidas internacionales en materia de derechos humanos.
A pesar de ello, subrayó que el BID es una entidad financiera que tiene influencia en las políticas económicas del país, que a su criterio, puede ser que por el carácter de la institución se detenga en cuanto a seguir impulsando proyectos de este tipo en esa zona en particular.
Si se quisiera mantener la propuesta de la empresa se debe retomar el mecanismo de consulta, bien fundamentada, como se está haciendo en otras zonas del país, en las que incluso hay estudios de impacto ambiental y social, con participación de las comunidades. No como se manipuló el mecanismo en otros lugares, donde se manipuló la participación de ciertas representaciones y se dividió a las comunidades con una serie de ofrecimientos, indicó Roldán.
Bastos recordó que en el vecino municipio de Barillas la empresa hidroeléctrica se acabó yendo, por una situación diferente, pero que sí tuvo mucha presión social, legal y de hecho. En El Estor, Izabal la cosa fue por otro lado, con lo que pasó con la consulta, que no fue previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Es por eso que ahora, la decisión del BID, de retirar su financiamiento, tiene un valor muy importante.
¿El retiro del financiamiento no significa el retiro de la empresa?
A decir de Úrsula Roldán, si bien es cierto que los empresarios tienen sus propios recursos para invertir, “pero creo que aquí había un interés en este financiamiento en particular, para expandirse en la zona”. Además, agregó que con toda esta historia de conflictividad, de rechazo de las comunidades, para el BID es una inversión riesgosa que no pueden seguir manteniendo.
Santiago Bastos tiene una opinión similar en este punto: “estas empresas (hidroeléctricas) son muy rentistas. Viven mucho, no del capital propio, sino de los capitales que van sacando”. De que es un golpe, es un golpe, uno propagandístico en contra de la empresa y del mismo BID, que ahora debe cuidarse mucho las espaldas.
Esto hace que ese rincón del mundo, que está ahí, perdido en la franja, en la frontera con México y esas 15 mil o 20 mil personas que llevan resistiendo desde hace ya más de una década en esto, sean conocidas; es algo en lo que debemos colaborar nosotros, concluyó.
[1] El Observador. El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio. 10 de abril 2016. https://cmiguate.org/el-norte-de-huehuetenango-se-debate-entre-inversiones-millonarias-violencia-y-el-discurso-del-odio/
