Como espuria y sin sustento legal califican dos abogados expertos, el tema de la denuncia contra la exfiscal general Claudia Paz y Paz y Elena Sut, la fiscal de casos de Derechos Humanos del MP, además de haber sido presentada por una institución gubernamental dirigida por un candidato a Procurador de Derechos Humanos, lo cual despierta suspicacias.
Por Juan Calles
Emanuel Molina Castañeda, secretario ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, presentó este 8 de junio una denuncia ante el Ministerio Público (MP), en la que señala a la exfiscal general Claudia Paz y Paz y a la fiscal Elena Gregoria Sut Ren, de la fiscalía de Derechos Humanos, por los delitos de abuso de autoridad, tortura y simulación de delito. Abogados consultados señalan que la denuncia se puede considerar como un acto de intimidación a los fiscales encargados de llevar los casos del conflicto armado interno en contra militares que han sido acusados o sentenciados por crímenes de guerra.
Según la misma, tanto la exfiscal general Paz y Paz como la fiscal Sut Ren iniciaron una persecución penal de forma selectiva contra exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en la década de 1980, hechos que, como el crimen de desaparición forzada, dicen, no existían en la ley guatemalteca en los años que fueron cometidos.
Sin embargo, en sentencias dictadas por jueces se ha establecido que el delito de desaparición forzada no prescribe, (no se vence en el tiempo), “Mientras no se encuentren los restos de la víctima de desaparición forzada, el delito se sigue cometiendo”, opinó la abogada Lucía Xiloj, por lo que agregó que la denuncia no tiene sustento jurídico.
En dicha denuncia se insiste que las dos fiscales no solo cometieron abuso de autoridad sino también “una evidente persecución ilegal y selectiva, simulando delitos que no estaban tipificados al momento de los supuestos hechos, violentando así principios constitucionales y garantías procesales”, se lee textualmente en la denuncia.
Los exmilitares que refiere la denuncia son: Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Barrientos, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.
La coincidencia de los abogados de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y diputados ultra conservadores
El presidente relator de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura es Carlos Solorzano, quien además es candidato a Procurador de los Derechos Humanos, su nombre se encuentra registrado en el listado de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Otro abogado recientemente electo como relator en la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, por esa misma comisión legislativa, es Lesther Castellanos Rodas, el mismo juez que denunció a Virginia Laparra, caso que hoy tiene a la ex fiscal contra la corrupción en prisión y a punto de enfrentar juicio.
Como juez en Quetzaltenango Castellanos Rodas fue denunciado en 4 ocasiones, una de ellas presentada de Virginia Laparra, por facilitar información de un caso bajo reserva a terceros, caso por el que hoy Laparra espera enfrentar juicio en la prisión de Matamoros.
Pocas semanas después de que Castellanos Rodas denunció a Laparra y que la exfiscal fuera puesta en prisión, fue electo como relator titular de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura con el voto de 111 diputados, su candidatura fue propuesta por la comisión de derechos humanos presidida por Antonio Fernando Arenales Forno, comisión que también elegirá al nuevo Procurador de los Derechos Humanos.
Para el abogado Oswaldo Samayoa, con esta denuncia la Oficina contra la Tortura busca la simpatía de los sectores conservadores y del presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, el diputado Arenales Forno, que en otras ocasiones ha promovido reformas legales para conseguir la amnistía a favor de militares acusados de delitos de lesa humanidad.
“Están buscando el apoyo de grupos conservadores del congreso, siguiéndoles la corriente porque opinan que se deben declarar amnistías generales y poner punto final a la discusión del conflicto armado y para que no se procesen a más militares”, opinó Samayoa.
Agregó que los relatores recientemente electos por el Congreso de la República son conocidos en el gremio de abogados como mercenarios del derecho, “esos abogados trabajan por quien mejor les pague, por lo tanto no van a tener objeciones con lo que les ordena hacer la presidencia de esa oficina contra la tortura”.
Según abogados expertos, esta denuncia significa intimidación psicológica contra fiscales
En una conversación con los abogados Lucia Xiloj y Oswaldo Samayoa, quienes han interpuesto amparos contra reformas a la ley de amnistía y han obtenido respuestas favorables a los mismos por parte de la Corte de Constitucionalidad, brindaron su opinión respecto a esta denuncia.
“Esta es una forma de presionar a los fiscales del MP que llevan casos contra militares, como por ejemplo el caso del Diario Militar, en particular a la agente fiscal Elena Sut, porque ella está involucrada en los casos del Diario Militar y Creompaz, ella es fiscal de la agencia 2 que tiene a su cargo estos procesos”, opinó la abogada Xiloj.
Por su parte, Oswaldo Samayoa opinó que debido a la cooptación en diferentes instituciones del Estado esta denuncia es parte de una estrategia para asustar a quienes investigan estos casos “Sin duda, el efecto es muy claro, intimidación psicológica a los fiscales encargados de llevar los casos del conflicto armado interno en contra militares”.
Además de ello, la denuncia según ambos abogados es técnicamente inviable y sin sustento legal.
Denuncia contra Elena Sut y Claudia Paz y Paz es espuria
“Estamos frente a una denuncia falsa y eso es delito”, afirmó Samayoa y agregó que “tanto el secretario, como el encargado jurídico de esa oficina contra la tortura están incurriendo en delito al igual que el presidente de la misma Lesther Castellanos”, declaró Samayoa.
La abogada Lucía Xiloj agregó que es evidente la intención de frenar los casos de justicia por graves violaciones a los Derechos Humanos “Desde finales del año pasado vemos como avanzan los casos de justicia transicional, porque vienen impulsándose desde hace varios años, por ejemplo, el caso del Diario Militar, el caso de Rancho Bejuco, la sentencia en el caso de las mujeres Achí, entonces la denuncia se ve como una estrategia para detener el avance de estos procesos”, indicó.
Los delitos que se juzgan en casos del conflicto armado interno contra militares acusados de graves crímenes han sido discutidos ampliamente en el pasado reciente de Guatemala, el derecho internacional e instituciones como la Corte interamericana de Derechos Humanos han dictaminado que este tipo de crímenes no prescriben y en el caso de genocidio y tortura son delitos que no son afectos a ningún tipo de amnistía.
Por esas razones la abogada Xiloj concluyó que: “se está denunciando a estas personas por hacer su trabajo, si cometieron algún error en el mismo, tampoco constituye delito, por eso reitero que la denuncia tiene el objetivo de amedrentar a las fiscales del MP en este contexto en el que hay otras trabajadoras del MP que son procesadas por realizar su trabajo”.
La abogada dejó una pregunta en el aire: “¿A quién se quiere proteger interponiendo estas denuncias?”.
