1 460 días han pasado desde que inició la criminalización contra la defensora de derechos humanos, miles de pronunciamientos en solidaridad y apoyo, cientos de organizaciones han pedido que cese la persecución penal y las amenazas en su contra, ningún testigo la ubica en el lugar de los hechos en donde se afirma que cometió delitos, será un juez de Izabal el que determine el futuro legal de la defensora del territorio.
Por Juan Calles
Este miércoles de junio se celebró una audiencia en los juzgados de Izabal en la que fueron escuchados los testigos propuestos por el Ministerio Público, MP; luego de suspendida la audiencia, el juez Jesús Mazariegos convocó para el próximo 15 de junio, cuando se determinará el futuro judicial de María Choc.
Desde el año 2018 María Magdalena Chuc Choc ha sido hostigada y criminalizada por su participación como defensora de derechos humanos y defensora del territorio, después de un desalojo contra 58 familias Q´eqchi´ en la finca Chab´il Ch´och´. María Choc acompañó a las familias desalojadas como traductora, sin embargo, la empresa Lisbal, S.A., que reclamaba la propiedad de la finca, acusó a la defensora de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal.
En marzo del 2018 María Choc fue puesta en prisión, acusada de los mismos tres delitos que en los últimos años han sido atribuidos a casi la totalidad de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, usurpación agravada, amenazas y detención ilegal, es la fórmula que han encontrado las empresas privadas, el Estado guatemalteco y terratenientes, para hostigar y perseguir penalmente a estas personas. Dos días después de su detención María Choc fue puesta en libertad con medidas sustitutivas, arresto domiciliario y la prohibición de abandonar el departamento de Izabal.
Desde entonces ha enfrentado un juicio que ha durado ya cuatro años debido a los constantes retrasos provocados por el MP, por el juez a cargo del caso o la misma parte acusadora; además en repetidas ocasiones María Choc ha denunciado vigilancia de carros sospechosos, amenazas de muerte por medio de las redes sociales, hostigamiento que le ha provocado serios quebrantos de salud.
María Choc ha sido traductora del idioma Q´eqchi´ en varios casos en contra de comunitarios Q´eqchi´ que no hablan español, además acompaña a mujeres y ancianas en defensa de sus derechos. Tiene una personalidad fuerte y habla claro y pausado, con una marcada seguridad en su voz y en sus gestos, afirma no tener miedo de las consecuencias de su labor como defensora de derechos humanos pero le preocupa la pérdida de su libertad.
Las romerías de María Choc, traductora Q’eqchi’ criminalizada
A punto de recobrar su libertad o enfrentar la prisión por delitos que no cometió
Se espera que el próximo 15 de junio se celebre la audiencia en la que el juez Mazariegos dictará sus conclusiones, aunque aún falta el testimonio de un testigo de la defensa y un peritaje. Ese día se podría conocer el futuro judicial de María Choc.
Según su abogada defensora, la licenciada Wendy López, del Bufete para los pueblos indígenas, los testigos presentados por el MP no han ubicado a María Choc en el lugar de los hechos, por lo que los argumentos presentados por el MP carecen de sustento.
“Ningún testigo la individualiza, básicamente es un proceso de criminalización, todos los testigos únicamente han dicho que saben que es hermana de Ramiro Choc, (dirigente comunitario recientemente fallecido), es una situación prácticamente personal y no de actos ilícitos. Esperamos que el juez comprenda ese contexto y sea objetivo al momento de emitir sentencia”, informó la abogada López.
A pesar de ello, de hallarse culpable María Choc podría enfrentar una sentencia de más de 5 años por los delitos que se le imputan.
En una conversación con Prensa Comunitaria, María Choc afirmó que es inexplicable que se le involucre en algo que no hizo, cuando el MP no ha hecho bien su trabajo; “el MP no hace una investigación profunda de cómo es el hecho, se presta a ponerle más atención a grupos de corruptos y mafias, realmente al estar sentada en este proceso de debate oral público me doy cuenta que va pasando mucha gente a testiguar de algo que no conoce, de algo que no sabe, lo que yo quiero es demostrar mi inocencia”, declaró María Choc.
Choc agregó que quienes le acusan son personas que anteriormente han sido investigadas por graves delitos, pero han sido apoyadas por instituciones con poder político y económico, “En este juicio también se debe demostrar que todo ese grupo de empresas fantasmas creadas por Rodrigo Lainfiesta Rimola, un ex diputado del departamento de Izabal, demandado por lavado de dinero, se prestan a despojar tierras de familias Q´eqchi´ históricamente asentadas en el territorio”.
Los gobiernos, a lo largo de la historia, han promovido la usurpación y el despojo del territorio a familias Q´eqchi´, “han traído empresas que vienen a asentarse en nuestras tierras y vienen a extraer y explotar la flora y fauna, sin el consentimiento, sin la consulta previa de los habitantes nativos, entonces nadie habla, nadie dice que las familias Q´eqchi´ están siendo pisoteadas, masacradas, por eso hacemos esta lucha, esta resistencia, queremos dejar plasmado que tenemos que rescatar y pelear nuestros derechos a manos de corruptos”, dijo al responder cómo se siente durante el juicio en su contra.
Con las declaraciones de los testigos que presentó el MP en su contra, María Choc está tranquila porque ninguno de ellos la ubicó en el lugar de los hechos, ni cometiendo ninguno de los delitos por los que se le acusa: “Se ve claramente que esos testigos del MP están diciendo que no me vieron, que no estuve, entonces es claro que mencionan áreas que no tienen que ver en este caso, aquí está clara mi inocencia”, concluyó.
¿Quiénes acusan a María Choc?
La historia se remonta a 1935, cuando fue fundada la comunidad Chinamachacas; años después, durante el conflicto armado interno, la comunidad fue desplazada violentamente por el ejército de Guatemala. Al pasar el tiempo, Otto Pérez Molina se registró como dueño de esa tierra y al caer preso por corrupción, los hijos, nietas y familiares de los antiguos dueños decidieron hacerse nuevamente de la tierra.
Según la investigación del Centro de Medios Independientes, CMI, la finca se registró como Santa Isabel, dicha finca fue cedida al entonces presidente Otto Pérez Molina, este la visitaba constantemente en helicópteros privados ligados al ex diputado y empresario Rodrigo Lainfiesta Rimola y en otras ocasiones en helicópteros del ejército, allí el expresidente contaba con ganado y árboles de hule. Cuando Pérez Molina cae en prisión acusado de corrupción, los comunitarios intentaron recuperar su territorio, pero tiempo después fueron desalojados violentamente a solicitud de Lainfiesta Rimola.
Pero la historia se torna más oscura pues se conoce que la finca fue cedida a Pérez Molina como aporte para financiamiento de campaña electoral, por Rodrigo Lainfiesta Rimola, dueño de la finca que luego de que los comunitarios recuperaran su tierra decidió recobrar su “inversión”, al estar Pérez Molina en prisión.
Lainfiesta Rimola es dueño de Lisbal, S. A. empresa de cartón que según la investigación de la defensa de María Choc, no existe, además, Rimola después de ser diputado por el departamento de Izabal fue investigado y apresado por un caso de corrupción investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, hoy se encuentra en libertad luego de ser favorecido con medidas sustitutivas.
