CIDH reitera condena contra Guatemala por el uso excesivo de la fuerza contra comunidades Q’eqchi’ de El Estor

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Créditos: Nelton Rivera / Prensa Comunitaria. Olga CHé encara con valentía a decenas de policías mientras les muestra los cartuchos de bombas lacrimógenas que lanzaron en contra de una protesta pacífica.
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“Se abre una oportunidad para quienes litigamos en defensa de los defensores de derechos humanos, para poder argumentar ante los entes de justicia, y como contrapeso, los discursos que criminalizan el trabajo de los defensores y las protestas pacíficas”. Rafael Maldonado.

Por Prensa Comunitaria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado guatemalteco por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, durante octubre de 2021, cuando los pobladores protestaban en rechazo a la mina suizo-rusa de Solway Investment Group y exigían ser incluidos en el proceso de consulta comunitaria. Tras 20 días de protesta pacífica, la respuesta de la empresa y del gobierno fue sacar a las calles a cientos de soldados y policías para intervenir el municipio y castigar a quienes se oponían a la operación de la mina.

La comisión plasmó su condena en el Informe Anual de 2021, y señaló que fue la policía quien reprimió́ a los manifestantes maya Q’eqchi’ que se oponían a la explotación del territorio para beneficio del proyecto minero Fénix, a manos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suizo-rusa Solway Investment Group.

“La Comisión fue informada que desde el 8 de octubre pobladores de El Estor han realizado acciones pacíficas para reclamar por el funcionamiento de la mina Fénix porque, según autoridades de los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’ no se ha respetado la decisión de las comunidades que rechazan la minería porque contamina el lago de Izabal, destruye la flora y fauna regionales y pone en peligro la salud y vida de la población”, señaló la CIDH en su informe.

Como resultado de esta violencia, “varias personas resultaron heridas y afectadas por el uso de gases lacrimógenos”, se lee en el documento.

La comisión recordó que la Corte de Constitucionalidad, en 2019, ya había ordenado la suspensión temporal de la explotación minera y, en 2020, confirmó en definitiva la cancelación de la licencia de explotación hasta que la empresa no realizara la consulta comunitaria. Sin embargo, las actividades de la minera continuaron.

La violencia ejercida en contra los maya Q’eqchi, que logró dispersar a la manifestación y condujo a la instauración del estado de sitio, se prolongó durante un mes y medio, tiempo en el que policías y soldados rondaron las calles de El Estor y realizaron allanamientos, detenciones y, en general, esparcieron el miedo en los pobladores detractores de la minera.

“En dicho contexto, la CIDH recibió información sobre allanamientos a las residencias de periodistas de Prensa Comunitaria, así́ como el registro policial a las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y la Defensoría Q’eqchi’”, indicó el informe.

A la vez, la CIDH reiteró que “la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios ha sido ampliamente reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos” y recalcó que es el deber de los estados garantizar y proteger dichos territorios, así como “consultar en forma previa, libre e informada a los pueblos indígenas, las iniciativas administrativas y legislativas, con el fin de obtener el consentimiento”.

La comisión también hizo el llamado urgente al Estado para “investigar los hechos violentos con la debida diligencia, y a respetar y garantizar la libertad de expresión, la protesta social y los derechos de los pueblos indígenas”.

El pasado 4 de noviembre, la CIDH lanzó un comunicado en donde expresó su rechazo por las acciones violentas en contra de pobladores que ejercían su derecho a manifestarse.

En ambas oportunidades, la comisión ha condenado los actos de represión y persecución, además de los intentos de criminalización, en contra de periodistas y medios de comunicación que cubrían la protesta pacífica.

El informe de la CIDH ha confirmado las acciones denunciadas por los pobladores de El Estor desde 2017, como la contaminación del Lago de Izabal, la criminalización y seguimiento de líderes y autoridades ancestrales, entre otras. Mismas acciones que Prensa Comunitaria ha documentado y que, recientemente, expuso a través de la investigación periodística de Mining Secrets o Secretos Mineros.

Represión en El Estor por las fuerzas policiales. Foto: Nelton Rivera/Prensa Comunitaria.

Litigar para probar los abusos sistemáticos

Al respecto, Rafael Maldonado, representante legal de los líderes comunitarios y los pescadores de El Estor, se mostró optimista ante la visibilización, a nivel internacional, de la represión brutal que los pobladores del municipio sufren a manos del gobierno y espera que los pronunciamientos de los organismos internacionales, como la CIDH, puedan ser utilizados en la defensa jurídica de las personas criminalizadas y exponer que “son abusos sistemáticos para reprimirlos”.

Añadió que, con esto, “se abre una oportunidad para quienes litigamos en defensa de los defensores de derechos humanos, para poder argumentar ante los entes de justicia, y como contrapeso, los discursos que criminalizan el trabajo de los defensores y las protestas pacíficas”.

Dijo que su expectativa es que el contenido del informe de la CIDH mueva a la sociedad civil a hacer un llamado al gobierno para que se comprometa a acabar con el uso excesivo de la violencia, pero no mostró mucho optimismo en este punto, pues, “el gobierno actual y los organismos del Estado han dejado bien claro que los temas de las posiciones de entes internacionales les importan muy poco”.

Sobre todo porque, en el informe, la misma CIDH agrupó a Guatemala con otros países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son señalados de cometer graves violaciones a derechos humanos, así como ataques a la institucionalidad democrática.

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