Créditos: Juan Rosales / Prensa Comunitaria.
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Por Regina Pérez

El juzgado de Primera Instancia de Turno resolvió que será el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Barrios, a cargo del juez Aníbal Arteaga, el que conocerá el caso contra Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal e integrante de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’, detenido el lunes 13 de junio en la ciudad capital, acusado de instigación a delinquir.

La audiencia para darle a conocer los motivos de su detención a Pop se realizó por la noche. La autoridad comunitaria está siendo acusada de instigación a delinquir, denunciad por los policías que desalojaron de forma violenta a los integrantes de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ en El Estor, en octubre de 2021, cuando exigían su derecho a participar en la consulta comunitaria en torno al proyecto minero Fénix, de Solway Group, una empresa suizo-rusa, con sede en Suiza.

Pop fue detenido junto a Roque Sub, dirigente comunitario de Panzós, Alta Verapaz, cuando regresaban a sus comunidades, luego de ofrecer una conferencia de prensa en la ciudad capital para informar que denunciaron al Estado guatemalteco el 8 de junio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’.

Según la abogada defensora, Wendy López, se espera que el traslado se realice este martes a ese municipio, ya que un juzgado de esa localidad, a cargo del juez Aníbal Arteaga, emitió la orden de detención.

Foto: Juan Rosales / Prensa Comunitaria.

El juez Arteaga, quien tiene una solicitud de antejuicio en su contra por supuestamente beneficiar a narcotraficantes, giró órdenes de captura en enero pasado contra once personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

En el caso de Sub, la abogada defensora indicó que él fue acusado de retenciones ilegales con agravación específica y será trasladado a Cobán, Alta Verapaz.

Pop: la resistencia en El Estor ha sido legítima

Desde las carceletas, Pop indicó que ya sabía de la orden de captura en su contra por la defensa del territorio, “¿qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, señaló.

El líder comunitario señaló que la acusación en su contra le parece injusta porque la resistencia que han realizado en El Estor ha sido legítima, por la defensa del territorio. Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores.

En 2018 la Gremial de Pescadores Artesanales y autoridades indígenas Q’eqchi’ interpusieron un amparo en contra del MEM, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque no se respetó el derecho a la consulta en torno al proyecto minero Fénix, amparo que fue ratificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2020, el cual ordenó el cese de las operaciones de la mina.

Pop indicó que a pesar de ser criminalizado, se siente tranquilo pues lo único que ha hecho es exigir el derecho de un pueblo. Sin embargo, expresó su preocupación porque está enfermo y eso fue uno de los motivos por los cuales también viajó a la capital, para realizarse exámenes. Asimismo, responsabilizó al Estado de Guatemala por lo que pueda sufrir en su salud y su vida. “Es muy difícil, porque ya fui encarcelado en 2019”, recordó.

El pescador fue denunciado en 2017 por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Group y fue encarcelado en 2019. Por esa razón se le ha dificultado trabajar.

“Si estoy en esta situación en la salud, es porque el mismo Estado se ha prestado con la corrupción y lo que ha hecho la empresa minera CGN, en El Estor, una empresa que se ha caracterizado por criminalizar y asesinar, violentar derechos, ese es el tema más preocupante”, manifestó.

Aun así dijo que se mantendrá firme. “Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, afirmó el comunitario.

El año pasado el MEM llevó a cabo la consulta sin incluir a los miembros de la Gremial ni representantes de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi. Esa consulta, según una nueva resolución de la CC, no es válida, ya que la CSJ no respondió a una petición de autoridades comunitarias y pescadores de El Estor, de suspender la operación de la mina mientras no se hubiera realizado la consulta.

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