“…porque si están tocando a personas honorables como el juez Miguel Ángel Gálvez, con una trayectoria de más de 23 años de servicio, qué no pueden hacer con el ciudadano común”. Cardenal Ramazzini
Por Regina Pérez
El cardenal Álvaro Ramazzini, máximo representante de la Iglesia católica y miembros de la sociedad civil, visitaron al juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, para mostrarle su apoyo moral ante las amenazas y el antejuicio en su contra que fue tramitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo. En un comunicado, religiosos y ciudadanos señalaron que jueces como Gálvez deberían ser protegidos por la Corte en lugar de ser perseguidos.
El juez Gálvez junto a otros jueces de Mayor Riesgo independientes han sido objeto de denuncias, acoso y hostigamiento desde hace varios años. Actualmente uno de los casos que lo han puesto en la mira de grupos como la Fundación contra el Terrorismo ha sido el de Diario Militar, en el que envió a juicio a nueve militares retirados y expolicías.
A raíz de esa resolución, recibió una amenaza directa de Ricardo Méndez Ruiz, de dicha Fundación, quien luego presentó un antejuicio el cual fue admitido por la CSJ.
Gálvez indicó que lo que está ocurriendo es una campaña de criminalización sistemática que sufre todos los días y no solo los criminalizan, sino que también intervienen en su vida privada.
El juez calificó de inconcebible que la CSJ, en lugar de proteger su independencia judicial como él lo solicitó en un memorial, por estar sujeto no solo a presiones de determinadas personas, no le haya dado respuesta, pero que a la persona que el juez informó a la CSJ que le limitaba su independencia judicial, la Corte sí le dio trámite al antejuicio que presentó, en referencia a Méndez Ruiz.
Según dijo, siempre hay inconformidad con las resoluciones de los jueces, lo cual es normal, porque hay libertad de expresión, pero el problema es cuando una persona presenta la denuncia y comienzan los ataques en las redes sociales en su contra, incluso metiéndose con su vida personal.
El defensor de derechos humanos y columnista, Factor Méndez Doninelli, quien fue parte del grupo que expresó su respaldo al juez, dijo que se trata de un apoyo moral y que el juzgador se sintiera respaldado por la sociedad civil y la Iglesia católica.
Méndez destacó que el sistema de justicia está atravesando un debilitamiento que repercute en la vigencia del Estado de derecho, “cuando se persigue a jueces que están siendo íntegros, en la aplicación del derecho, es una mala señal para la justicia”.
A los jueces acosados y perseguidos les ha correspondido atender casos donde están involucrados militares violadores de derechos humanos, políticos corruptos, funcionarios que han estado comprometidos con negocios irregulares y empresarios corruptores, dijo el defensor de derechos humanos.
Por su parte, Ramazzini indicó que lo que está sucediendo causa una desconfianza enorme en la administración de la justicia y se entra en una especie de círculo en el que nadie va a estar libre, “porque si están tocando a personas honorables como el juez Miguel Ángel Gálvez, con una trayectoria de más de 23 años de servicio, qué no pueden hacer con el ciudadano común”.
El juez por su parte, dijo estar consciente de que, aunque la jueza pesquisidora recomiende no retirarle su antejuicio, la Corte puede quitarle la inmunidad. Pero señaló que lo mínimo que puede hacer es ejercer su defensa y que tenga frutos con una resolución correspondiente.
Denuncian que la Corte Suprema es de facto
La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) está integrada por magistrados que debieron haber dejado el cargo en 2019. En el comunicado de respaldo al juez, los firmantes señalaron que la misma es una “corte de facto”.
El jurista Ramón Cadena explicó que se refieren así a la Corte, porque sus integrantes debieron haber sido cambiados en el 2019, pero que, violando la Constitución Política, los magistrados siguen ejerciendo la judicatura. “Todo lo que resuelvan debería ser declarado nulo”, señaló.
Cadena llama a esta situación un “golpe de Estado al poder judicial”, porque el mismo Congreso debió elegir a las nuevas Cortes, de Apelaciones y Suprema desde hace más de dos años, sin embargo, no lo hizo para mantener a los actuales magistrados, que siguen emitiendo resoluciones en contra de jueces honestos “y para consolidar al Pacto de Corruptos”, en referencia a los sectores que conforman la alianza dominante en el país.
Situación similar a la de la jueza Aifán
La situación que atraviesa el juez Gálvez es similar a la que vivió Aifán antes de que tuviera que salir del país para resguardar su integridad. La exjueza sufrió acoso, hostigamiento y vigilancia y expresó temor por su seguridad, una vez que su inmunidad fuera despojada por la CSJ.
Antes de que eso ocurriera, Aifán abandonó el país. Otro de los jueces de Mayor Riesgo que también fue denunciado por el Ministerio Público (MP) es Pablo Xitumul, quien fue separado del cargo como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, luego de que su derecho al antejuicio fuera retirado por la Corte.
Más de 20 operadores de justicia, entre los cuales se encuentran fiscales que trabajaron casos de corrupción y las exmagistradas Gloria Porras y Claudia Escobar, han tenido que salir al exilio para resguardar su integridad física.
La situación de justicia en Guatemala ha levantado las alarmas a nivel internacional. En abril pasado, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que manifestó su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en el país y por las acciones judiciales iniciadas por la CSJ y la Fiscal General en contra de jueces, abogados y fiscales independientes.
El próximo 22 de junio, en una audiencia pública, organizaciones de la sociedad civil expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los operadores de justicia en el país.
