Tras varias audiencias que se alargaron desde febrero hasta junio, el juez Edwin Ramírez ligó a proceso a ocho expatrulleros de defensa civil y al coronel retirado Juan Ovalle Salazar, por la masacre ocurrida el 29 de julio de 1982 en el caserío conocido como Rancho Bejuco.
Por Juan Rosales
El 29 de julio de 1982 una patrulla de autodefensa civil, dirigida por militares, entró al caserío conocido como Rancho Bejuco, en la aldea Pacoj, del municipio de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz, donde reunieron a 25 personas y las masacraron; entre ellas había 18 mujeres, niñas y niños. A casi 40 años de aquel hecho, la búsqueda de justicia comienza a ver un atisbo de luz al final del camino.
El 3 de junio, en la sala de audiencias del juzgado de mayor riesgo D, el juez suplente Edwin Ramírez, presentó su resolución en la primera etapa del proceso judicial por la masacre en Rancho Bejuco. El juez encontró suficientes pruebas de la participación de los nueve acusados en la masacre, y los ligó a proceso.
Por este caso fueron señalados 10 ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) y un oficial del ejército. Fueron capturados: Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado de Paz, Carlos Sesán Cajbón, Venancio Mendoza, Lauro Garrido Cajbón, Mauro Garrido Cajbón, Juan López Sis, Eusebio Raxcacó, Nicolás Orrego, Santos Cojón Galeano y el coronel Juan Ovalle Salazar.
El coronel Ovalle Salazar también está señalado en los casos de la masacre de Pambach, una comunidad Pocomchi’, de Alta Verapaz; y en el caso de Zepur Zarco, todos relacionados con el caso de CREOMPAZ. Fueron ligados a proceso por los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad, en contra de 25 personas.
Dos expatrulleros que presentaban problemas de audición aún esperan la audiencia de primera declaración, ellos son: Eusebio Raxcacoj y Venancio Mendoza, siguen en prisión provisional a la espera de la fecha para su audiencia.
Las audiencias del caso se extendieron por casi 5 meses, la primera se dio el 14 de febrero de este año y fueron ligados a proceso por su participación en la masacre, el pasado 8 de junio.
El proceso se extendió por la salida al exilio de la jueza Erika Aifán. La calendarización del juez suplente, los retrasos con los peritajes, por parte del INACIF, o la ausencia de los abogados de los señalados, que no llegaban a las audiencias, fueron algunos de los factores que contribuyeron a que la primera declaración se alargara, sin embargo las familias han esperado por justicia, por casi 40 años, desde el 29 de julio de 1982.
La fase intermedia del proceso judicial iniciará el 29 de septiembre próximo. Para la abogada Lucia Xiloj, que representa a las familias de las víctimas, es positivo que el juez haya encontrado indicios suficientes para ligarlos a proceso.
“Una base de investigación que tenía testimonios, que ponía en el lugar a los expatrulleros, documentación legal que confirmó que fueron parte de las Patrullas de Autodefensa Civil y la evidencia física de la masacre recuperada por los peritos de la Fundación de Antropología Forense fueron cruciales”, fue fundamental para que se ligara a proceso a los ocho expatrulleros y al coronel Juan Ovalle Salazar, dijo la abogada Xiloj.
