Créditos: Nelton Rivera / Prensa Comunitaria.
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Por Regina Pérez

Autoridades ancestrales del pueblo Ixil, de Nebaj y Chajul, visitaron al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, a la procuradora adjunta, Miriam Roquel, así como a los jueces de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y a la jueza Yassmín Barrios, para expresarles su solidaridad por los constantes ataques y acoso en su contra, por el trabajo que realizan.

Durante su visita a la PDH, donde se reunieron con Rodas y Roquel, las autoridades indígenas manifestaron su preocupación por la crisis política, social y económica que atraviesa el país, sobre todo por el tema de corrupción e impunidad, y dijeron que ven con preocupación el retroceso en materia en derechos humanos y el avance de la agenda de élites económicas y políticas en el país.

Las autoridades demandaron que en el Congreso se elija a una persona idónea al cargo de PDH, que sustituirá a Rodas, quien deberá dejar el cargo en agosto próximo, aunque les preocupa ver la integración de la Comisión de Derechos Humanos que elegirá la terna de aspirantes, porque están vinculados a grupos antiderechos.

Dicha Comisión está evaluando ahora los perfiles de aspirantes a Procurador, mientras que ha intentado revocar el mandato de Rodas frente al Congreso, antes de que concluya su periodo fijado por la ley.

Las autoridades del pueblo Ixil también se reunieron con los jueces Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y la jueza Yassmín Barrios, a quienes expresaron solidaridad, en rechazo a los ataques en su contra. En el caso de Gálvez, tiene una solicitud de antejuicio presentada por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, que fue admitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en tanto Xitumul fue separado como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo, luego de que la CSJ le retirara su inmunidad tras una denuncia del MP.

Feliciana Herrera, primera alcaldesa Ixil de Nebaj, dijo que la visita de este lunes fue para solidarizarse con los jueces por el trabajo que han estado realizando, ya que saben que han estado bajo constante ataque y persecución por parte del Estado, con el fin de que sean separados en el cargo.

Nosotros como pueblos indígenas apreciamos mucho la labor que han hecho, pues es una labor para responder a la población, por eso el pueblo Ixil respeta y valora todos esos esfuerzos, el aporte que ellos han estado dando al Estado de derecho, dijo la alcaldesa indígena.

Foto: Nelton Rivera.

El juez Gálvez agradeció la visita y dijo que se están viviendo momentos difíciles para jueces, fiscales, abogados y defensores de derechos humanos. “Lamentablemente podemos ver que son momentos negativos, pero eso lo que está provocando es que haya una mejor comprensión de los problemas en que estamos inmersos y que nosotros mismos los tenemos que solucionar”, señaló.

Agregó que en Guatemala durante el conflicto armado desaparecían y mataban a las personas, ahora lo que hacen es forzarlas al exilio. El juzgador se refirió a la denuncia en su contra presentada por Méndez Ruiz, “es inconcebible cómo dentro de una audiencia que estaba realizando, se viene a sentar un personaje y, por no estar conforme con la resolución que se está dictando, donde no es sujeto procesal, se da el lujo de salir e indicar que él se va a hacer cargo del juez”.

Por su parte, la jueza Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, expresó que no quieren que se vayan del país más jueces independientes y que quieren seguir aquí. “Esto que hacen ustedes hoy es altamente significativo y aceptamos ese acompañamiento, yo lo agradezco en forma personal”, dijo la jueza.

Herrera señaló que durante esta visita se dieron cuenta de que el Estado los está obligando a irse del país, por lo que valoran mucho que algunos jueces no piensan dejarlo y manifestaron el aprecio a su trabajo por aportar al Estado de derecho y la aplicación de la justicia.

Durante la reunión, el juez Gálvez indicó que lo que hay que buscar, como jueces y población es la consolidación del Estado de derecho, pero lo que se está viendo es que cada vez el país se aleja de eso, “somos espectadores pasivos de como un país se viene a pique”, mencionó.

Gálvez es el último juez en ser víctima de ataques y una campaña de criminalización en su contra, que se agudizó luego de que resolviera enviar a juicio a nueve militares retirados y expolicías en el caso “Diario Militar”, y aunque denunció a la CSJ que estaba siendo presionado y pidió que defendieran su independencia judicial, eso no ocurrió.

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