Asedio contra la organización y resistencia comunitaria en el Valle del Polochic

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Créditos: Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 5 minutos

Por Simón Antonio Ramón

En las últimas semanas se ha escuchado sobre el caso de tres personas criminalizadas, que se organizaron para exigir sus derechos y defender los bienes naturales, una acción que comúnmente se conoce como la defensa del territorio en el Estor, Izabal, ante la operación de la minera Fénix que, pese a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que le ordenó detener sus operaciones, sigue procesando níquel en ese municipio del caribe guatemalteco.

Expertos que han estudiado la criminalización asumen que tiene muchas manifestaciones y no únicamente el mal uso del derecho penal para perseguirlos y detenerlos. “La criminalización tenemos que pensarla como un proceso que se construye a partir de diferentes escenarios sociales, políticos, económicos o cualquier naturaleza que se busque imponer de forma indebida, una ideología o una forma de pensar, un modelo económico o una cultura política”, dijo la abogada Jovita Tzul, quien ha defendido a varias personas criminalizadas.

“Y para eso se busca utilizar, no solo el derecho penal, sino otras alternativas, otras corrientes como medios de comunicación o estrategias en Guatemala, por ejemplo, contrasubversivas de intimidación, de persecución”, analizó la abogada.

Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, de El Estor; Roque Sub Sacul, miembro de la resistencia antiminera y secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo de segundo nivel de la microrregión 3, de Panzós, Alta Verapaz, tiene procesos penales abiertos, en dos de los cuales actúa la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) como querellante, junto a familiares de sus trabajadores.

En mayo de 2018, Eduardo Bin y Cristóbal Pop fueron denunciados por familiares de trabajadores de la minera Fénix del 3 y 4 de mayo. Además, se denunció a los periodistas Jerson Xitumul y Carlos Choc y otras cinco personas, por lo que el juez Édgar Aníbal Arteaga López, del juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, emitió una orden de detención en su contra.

El 27 de mayo de 2017 fue asesinado el pescador Carlos Maaz, por una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante una manifestación, tras romperse la mesa de diálogo que había instalado dos semanas antes al no presentarse las autoridades a El Estor y con las denuncias ya realizadas.

Por este caso, estuvo en prisión el periodista Jerson Xitumul, Juan Eduardo Caal Suram y Cristóbal Pop. En el caso del periodista Xitumul y Juan Caal, se les cerró la persecución y en el caso de Cristóbal Pop obtuvo una medida sustitutiva. Eduardo Bin Poou, está acusado en este grupo junto a Carlos Ernesto Choc Chub, Vicente Rox y Tomás Ché, que fueron ligados a proceso por diferentes delitos, entre ellos: detenciones ilegales y manifestaciones ilícitas. Este proceso está detenido por una casación promovida en la cámara penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la defensa de los pescadores.

La Gremial de Pescadores promovió en 2018 un amparo en la CSJ contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) por violaciones al derecho a la consulta por la operación de la minera Fénix. Este amparo llegó hasta la CC, que ordenó la consulta y mientras se desarrollara, la minera Fénix debió suspender sus actividades.

En la organización de la consulta, las autoridades ancestrales y los pescadores fueron excluidos de la preconsulta y consulta. Esto llevó a las autoridades ancestrales y a la Gremial de Pescadores, a realizar una resistencia antiminera en la entrada del municipio, impidiendo la circulación de los vehículos de la minera Fénix, que fue desalojada por las Fuerzas Especiales de la PNC el 22 y 23 de octubre para garantizar las operaciones de la minera.

Agentes de la PNC acusaron a once personas de instigación a delinquir el 22 de octubre. Desde enero tiene orden de captura varios integrantes de la junta directiva de la Gremial de Pescadores junto al periodista Carlos Choc.

El Estado vuelve a criminalizar al periodista Carlos Choc y a Prensa Comunitaria por informar sobre las operaciones de la mina rusa en El Estor

Por este caso, Cristóbal Pop y Roque Sub Sacul fueron detenidos en la ciudad de Guatemala el 13 de junio, tras participar en una conferencia de prensa donde se informó que las autoridades ancestrales del pueblo maya Q´eqchi´ de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, había demandado al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a derechos colectivos como el derecho a la consulta.

El 22 de junio, Roque Sub Sacul fue ligado a proceso por el delito de detenciones ilegales con circunstancias agravantes en el Juzgado de Primera Instancia Penal en Cobán, Alta Verapaz. El juez que atendió el caso le otorgó medidas sustitutivas para que pudiera regresar a su casa en la comunidad Tierra Linda de Panzós.

A la misma hora se realizó la audiencia de primera declaración de Cristóbal Pop en Puerto Barrios con el juez Arteaga, quien los ligó a proceso por el delito de instigación a delinquir, a quien también se le otorgó medidas sustitutivas.

Inicia segundo proceso penal contra Cristóbal Pop; el juez le otorgó arresto domiciliario

Pero en el regreso de Roque Sub a su comunidad fue emboscada la caravana que lo acompañaba integrada de unos 25 motoristas y siete pickups, después de cruzar el río Tinajas, en la finca Las Marías ubicado a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal de Panzós.

Emboscan caravana que acompañaba a Roque Sub, tras recuperar su libertad

El jueves 23 de junio, Eduardo Bin fue declarado inocente en la repetición de un juicio oral y público por el delito de usurpación de áreas protegidas a partir de una denuncia de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco). El juez Pablo Eduardo Caal Ponce, del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal, declaró su inocencia.

Ha sido detenido en dos ocasiones desde octubre a la fecha. Durante la vigencia del estado de sitio en octubre y noviembre fue detenido el 27 de octubre por una orden de detención que perdió vigencia en 2017 y ejecutado en 2018. Por lo que su detención fue considerada por su abogado defensor, como ilegal.

En enero de este año fue detenido, al salir de una mesa de diálogo con la empresa maderera Xajo, y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH); su detención se debió a un error de abogados de los empresas según argumentaron al momento de su detención cuando les reclamó. Recupero su libertad dos días después.

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El documento Criminalización de la protesta social elaborado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) estable que la criminalización tiene diversas acciones. “Van desde una intervención violenta de las fuerzas de seguridad en protestas o conflictos. Hasta juicio a dirigentes sociales, allanamiento de sus oficinas, amenazas directas o indirectas y la descalificación sistemática de la labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos”.

Uno de los patrones de la criminalización es la actuación parcial de la Fiscalía, según el abogado Santiago Choc, defensor de Eduardo Bin. “La Fiscalía fue poco objetivo y parcializado, sabemos que hay intereses como CGN detrás de todo estos que no ha intervenido de manera directa. Pero hemos visto acercamiento y anuencia del MP con ejecutivos de esa empresa”, señaló el abogado.

La abogada Jovita Tzul coincide con el documento de la CIJ, al afirmar, sobre las múltiples formas que puede tomar el fenómeno de la criminalización “Cuando hablamos de criminalización y lo reducimos solo al ámbito judicial estamos viendo un pequeño momento de todo un proceso que se construye como tal. Entonces, dicho este contexto, la criminalización es un proceso político porque incluye decisiones, con las que se convierte un acto que es legítimo, posible, legal, en un hecho criminal o contrario a la ley”, analizó.

Para Alida Vicenta, autoridad maya Poqomam de Palín, Escuintla, la criminalización a las autoridades ancestrales tiene diversas manifestaciones. “Afecta esas profundas muestras de menosprecio, desprestigio, desacreditación tiene un impacto directo en la vida de las autoridades, a nivel familiar, comunitario, incluso emocional”, dijo.

A criterio de Vicente, la criminalización busca la desmovilización de la lucha social. “La criminalización es una estrategia de los monstros de las empresas trasnacionales. Y sus aliados son el gobierno, los jueces y otros actores”, planteó la autoridad de Palín.

Para Jovita Tzul, el objetivo de la criminalización comienza con el castigo ejemplar. “Es estigmatizante, pero al mismo tiempo un castigo ejemplificante para una persona, pero también dirigido de forma indirecta a todas aquellas personas que comparten esta forma de pensamiento o de vivir, existir de la persona que está siendo criminalizada, esa es una de las explicaciones de la criminalización en una lucha social”, explicó.

En el Valle del Polochic se concentra la conflictividad agraria, licencias de megaproyectos y la expansión de monocultivos, en este contexto fue detenida el domingo 19 de junio a Sofía Tut de usurpación y el caso de María Choc acusada por los delitos de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal que se encuentra en la fase final del debate oral y público.

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