Un Estado como Guatemala, deja de ser democrático, cuando las personas, que ejerciendo el derecho a manifestar, informar, cuestionar o fiscalizar las acciones del gobierno, son perseguidas, agredidas o detenidas sin causa alguna. Estas características son las que prevalecen en el país bajo la gestión del presidente Alejandro Giammattei. Nadie puede negar que la represión es un patrón del autoritarismo y dictadura; y esa es la realidad en la que vivimos en Iximulew.
Por Francisco Simón Francisco
La agresión y represión son dos patrones que describen las actitudes violentas con las que actúan las fuerzas armadas del Estado en contra de la población civil. En ese contexto, un claro ejemplo, es la violencia que utilizaron varios agentes de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra del periodista Carlos Hernández, de Prensa Libre, mientras se encontraba en una cobertura sobre la calzada Roosevelt, frente al hotel Tikal Futura.
El hecho ocurrió durante la mañana de este martes, 21 de junio, en una manifestación que estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) organizaron en ese lugar, en contra de la elección del magistrado titular, que representaría a esa casa de estudios superior ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
“El reportero documentaba, al igual que otros periodistas, la detención de un estudiante, cuando los agentes se interpusieron, los empujaron y uno de ellos golpeó y dañó el equipo fotográfico de Hernández”, cita un comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), emitido ese mismo día.
Prensa Comunitaria, estuvo en el lugar y documentó, con videos y fotografías, la agresión que sufrió el periodista Carlos Hernández, en el cual se observa como los agentes le arrebataron su cámara de trabajo, en medio de una multitud de estudiantes, mientras eran perseguidos con bombas lacrimógenas.
Según el registro de la APG, la agresión que sufrió el periodista de Prensa Libre, es la tercera que ocurre esta semana por parte de la policía. “En Chinautla, policías intentaron detener a un camarógrafo de Albavisión que cubría un accidente de tránsito, mientras que en Escuintla agentes golpearon, detuvieron y dañaron la cámara de Robinson Ortega, de Relax TV, cuando daba cobertura a los abusos policiales contra vecinas de Siquinalá”, describieron.
El periodista, Ortega pasó desde el 16 hasta 21 de junio en un hospital, con el temor de ser enviado a prisión, debido al actuar malicioso del Ministerio Público (MP) para retrasar la audiencia de primera declaración, en la que finalmente se declaró falta de mérito ante las imputaciones que le hicieron, remarcó la entidad de periodistas.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, también se pronunció en un comunicado y rechazó la brutal represión policial contra los manifestantes universitarios en Tikal Futura, y los inexcusables ataques contra los periodistas que cubrieron los hechos durante la mañana.
Mientras, la APG responsabilizó al Consejo Superior Universitario (CSU), pero en particular al rector en funciones, Pablo Oliva, que actuando en defensa de los intereses del presidente Alejando Giammattei y pretendiendo evitar las protestas en su contra, ha solicitado la presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar.
A pesar del uso de la represión ejercida en contra de los estudiantes que intentaron boicotear la sesión, el CSU finalmente designó a Héctor Hugo Pérez Aguilera, de 71 años, como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) en sustitución de Gloria Porras para que finalice el período 2021-2026.
Durante la sesión, cada consejero fue llamado individualmente, se le entregó una boleta en la que debía de marcar a su candidato de preferencia y emitir su voto en una mesa receptora que se encontraba al fondo de la habitación.
José Alfredo Aguilar Orellana, quien es representante de los docentes de la Facultad de Derecho y a la vez es integrante del CSU, no se abstuvo de votar pese a su doble rol.
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