Con esta aprobación suman 11 decretos de excepción que el gobierno de Alejandro Giammattei ha enviado al Congreso para su aprobación. Suspender garantías constitucionales, como forma de gobierno, es la única respuesta que han encontrado las autoridades para atender a la población que sufre las emergencias provocadas por las lluvias.
Por Juan Calles
Con el voto de 111 diputados, el Congreso aprobó un estado de calamidad más, esta vez para enfrentar la emergencia provocada por la depresión tropical “Celia” que ha iniciado la temporada de lluvias; tendrá vigencia de 30 días a partir de su publicación en el Diario de Centro América.
Durante la sesión extraordinaria en el Legislativo se discutieron las razones por las que debería aprobarse el decreto enviado por el presidente Giammattei, la oposición poco pudo hacer con sus argumentos en contra para detener la aprobación de este nuevo estado de excepción.
Este es el onceavo estado excepción que el Gobierno de Giammattei envía al congreso para su aprobación, algunos de ellos fueron emitidos durante la emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19; son utilizados para comprar productos y servicios sin mayor trámite o licitación.
El diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla, dijo que su aprobación se puede considerar como “el robo del año” pues además de todos los millones de quetzales, anteriormente aprobados por el Congreso para construcción de obra pública y durante la pandemia, el gobierno no ha ejecutado los mismos y no se sabe a dónde irán a parar esos recursos.
Lo que dice el decreto de calamidad pública
El decreto 3-2022 que establece el estado de calamidad pública estará vigente por 30 días a partir de su aprobación por el Congreso de la República, el decreto enviado por el consejo de ministros únicamente incluía a los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa, pero por medio de una enmienda los diputados lograron que abarcara el territorio nacional.
En el decreto hay un apartado en el que se refiere a las compras y contrataciones y sobre la transparencia de estas disposiciones, entre otras cosas decreta que será la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), la que determinará qué infraestructura deberá ser reparada o sustituida previa constancia de daño emitida por esta instancia.
En su artículo 11 el decreto tiene un apartado para garantizar la transparencia, la cual se realizará por medio de un informe que deberán presentar las entidades al Congreso de la República, pero no se señala en que tiempos se deberán presentar estos informes. Además, informa que cada unidad ejecutora tendrá que publicar la información de sus gastos en sus portales después de presentar informe al Congreso.
Será el Ministerio de Finanzas Públicas quien identificará y asignará el presupuesto para atender la calamidad.
¿Qué es un estado de calamidad pública?
Al aprobar un estado de calamidad pública, el Gobierno está autorizado para centralizar todos los servicios públicos, de limitar el derecho de libre locomoción, impedir concentraciones de personas y prohibir espectáculos públicos o cualquier otra reunión, establecer precios máximos o mínimos para artículos de primera necesidad, entre otros.
Pero además, se autoriza a las autoridades gubernamentales para que puedan hacer compras y contrataciones de forma inmediata, sin pasar por los controles que las leyes ordinarias requieren.
El recuento de los daños a una semana de la llegada de la depresión tropical Celia
180 mil 335 personas afectadas, 32 incidentes reportados en Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa, según lo informado por la CONRED.
La Coordinadora además indicó que 5 704 personas han sido evacuadas, 725 albergadas, 4 desaparecidas, 7 heridas y 23 fallecimientos.
En las viviendas y en la infraestructura pública hay 125 escuelas afectadas, 170 carreteras con daños, 4 carreteras destruidas, 4 edificios afectados, 13 puentes con daños, 9 puentes destruidos y 10 puentes de hamaca reportados como destruidos en su totalidad. Hay además 685 viviendas en riesgo, 1 739 viviendas con daño moderado y 199 casas con daño severo.
Al cierre de esta nota los parlamentarios ingresaron una enmienda para quitar 600 millones al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que habían sido asignados para la compra de vacunas contra la COVID-19 y ahora serán destinados al fondo de emergencia para atender el estado de calamidad.
