The New Yorker repasa la persecución contra de fiscales y jueces guatemaltecos exiliados en EE.UU.

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Créditos: The New Yorker
Tiempo de lectura: 7 minutos

Estas son las historias, los casos, las investigaciones y los motivos por los cuales tuvieron que abandonar Guatemala Rudy Herrera, Andrea González, Juan Francisco Sandoval (fiscales), Thelma Aldana  (exfiscal general) y Erika Aifán (jueza de mayor riesgo).

Por Prensa Comunitaria

The New Yorker, una revista estadounidense creada en 1925 y que publica piezas de periodismo, opinión y ficción, entre otros, visitó a cinco operadores de justicia de Guatemala y repasó sus esfuerzos en la lucha anticorrupción. Una lucha que los forzó a exiliarse en Estados Unidos para no perder la vida.

La pieza escrita por Jonathan Blitzer empieza contando la historia del fiscal Rudy Herrera y la investigación del caso Comisiones Paralelas, en el que un grupo de operadores políticos y funcionarios habrían conspirado para nombrar a jueces que les fuesen favorables en las altas cortes.

Herrera fue llevado a un baño del Ministerio Público por un colega, quien le preguntó por hallazgos en contra de dos personas: Juan Francisco Sandoval, quien estaba a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y quién además había sido jefe de Herrera, y de Erika Aifán, una jueza de alto impacto que ha conocido casos criminales y de corrupción.

“O les das información sobre ellos o te vas a meter en problemas”, le advirtió el colega a Herrera.

Desde entonces Herrera no descansó. Cada noche recibía mensajes amenazantes que le advertían de su captura y las de otros fiscales anticorrupción.

A raíz de esto, el fiscal con la ayuda de su esposa, salía de su casa en la madrugada y se estacionaba en un parqueo mientras esperaba que ella le indicara que no había patrullas de la policía fuera de su residencia. Herrera regresaba a su casa para vestirse y dirigirse a su oficina.

Cuando Herrera llegó por primera vez a la FECI se dio cuenta que los casos eran “muy serios e importantes” y durante los siguientes 9 años se centró en ellos, pero sus colegas empezaron a recibir amenazas así que hizo planes de contingencia como comunicarse con el representante de Acnur, la agencia de Refugiados de la ONU, y a contar su historia de forma que pudiesen armar un expediente en caso algún día estuviera en la mira.

“En Guatemala, funcionarios que han tocado intereses especiales han sido atacados con demandas, despidos injustificados o recibido amenazas físicas, pero en años recientes, la campaña en su contra se ha intensificado debido a una amplia represión dentro del Ministerio Público”, escribe Blitzer.

The New Yorker también menciona el rol de Consuelo Porras, la fiscal general del Ministerio Público, y cómo sus intereses se alinearon de inmediato con los del presidente Alejandro Giammattei.

“Con Consuelo Porras en el Ministerio Público, el gobierno apuntó a abogados y jueces que estaban involucrados en la lucha contra la corrupción del propio estado, en algunos casos arrestándolos directamente”, refiere la publicación.

En julio de 2021, Porras destituyó a Sandoval por “insubordinación”, forzándolo a huir hacia El Salvador en medio de la noche, para evitar su captura. Inmediatamente de su salida, el personal de FECI fue transferido o reemplazado por nuevos agentes fiscales.

A principios de febrero de este año, Herrera renunció a su cargo y continuo con sus planes para refugiarse junto a su familia en EE.UU. La noche del 5 de febrero, recibió una llamada por Signal, de un amigo que tenía conocimientos de los planes del MP y le advirtió “llegarán por ti”. “El lunes en la mañana, tienes que irte con tu familia”, le sugirió.

“Prefiero tener un hijo que está vivo y en el exilio que uno que muere en la cárcel”, fueron las palabras de la madre de Herrera cuando este le contó a su familia sobre la persecución.

Nueve días después de su salida y un día antes de que su familia se reuniera con él en Washington, el gobierno giró una orden de captura en su contra.

Herrera vive en un complejo de casas en Washington, en la misma área viven otros colegas exiliados. Otros han migrado hacia México, El Salvador y España, pero la mayoría de ellos se refugia en EE.UU.

“El destino del sistema de justicia de Guatemala ha estado ligado durante mucho tiempo a Washington. En 2007, a instancias de los defensores de los derechos humanos guatemaltecos, las Naciones Unidas estableció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo independiente anticorrupción, para investigar los grupos criminales que habían llegado a dominar el país después de tres décadas de guerra civil”, señala Blitzer.

Para 2015, la lucha contra la corrupción alcanzaba su punto más alto. En abril de ese año, Thelma Aldana, la fiscal general en ese entonces, junto a la Cicig, anunció la investigación criminal en contra del presidente y vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y les acusó de realizar operaciones de contrabando y soborno en las aduanas del país en el caso denominado La Línea.

Durante buena parte del mandado de Cicig, EE.UU. apoyó el trabajo de la comisión y eso le garantizó a la organización y a sus investigadores, cierta protección pues estaba “confrontando lo que en Washington llaman: las raíces de la migración”.

En 2018, cuando abrieron la investigación en contra de los familiares del expresidente, Jimmy Morales, la respuesta del gobierno guatemalteco fue cerrar a la Cicig y expulsar a su comisionado, Iván Velásquez.

Pero “con Donald Trump frente al gobierno gringo y el Departamento de Estado en desorden, el apoyo político cambió”, apunta Blitzer.

Además de Herrera y Sandoval, hay otra exfiscal de FECI entre el grupo de exiliados. Se trata de Andrei González, quien salió de Guatemala en 2019. González había investigado el financiamiento ilícito de la campaña que involucraba a la exprimera dama, Sandra Torres.

Foto: The New Yorker.

Sandoval: “La luz ya no está encendida”

En este grupo también está Aldana y Aifán. La primera, que fue fiscal general antes que Porras y en 2019 se postuló para la Presidencia de la República, pero una campaña de oposición por su trabajo con Cicig la forzó a abandonar la carrera y el país.

Aifán por su lado, es la más nueva integrante de esta agrupación, estuvo a cargo del  Juzgado D de Mayor Riesgo y conoció casos criminales y de corrupción que la llevaron a soportar amenazas y denuncias espurias.

A lo interno de su juzgado, sus trabajadores filtraron información de los casos y fuera de la corte, fue acosada y perseguida en numerosas ocasiones por carros desconocidos. Las amenazas de muerte se tornaron comunes. Para continuar ejerciendo como jueza de mayor riesgo tuvo que hacerse acompañar de guardaespaldas.

“Mientras ella todavía estaba allí, sabíamos que nuestros casos estaban siendo atendidos”, dijo Sandoval. “Pero ahora la luz ya no está encendida”.

“El pecado original es el financiamiento ilegal”, reconoció González a Blitzer.

En su opinión, el caso conocido como la Multicausa, que se trata de una red criminal que abarca los tres poderes del gobierno y se remonta a 2017, y que además, estaba bajo la jurisdicción de Aifán, logró revelar la colocación de jueces, enriquecimiento ilícito dentro del Congreso y, recientemente, la entrega de una alfombra llena de dinero en efectivo. Alfombra que fue encontrada en una residencia en Antigua Guatemala y cuyo contenido se vinculaba con Giammattei y varios empresarios rusos detrás de la minera Fénix, en El Estor, Izabal.

En 2020, cuando la FECI descubrió USD$ 16 millones ocultos en maletas que provenían de sobornos pagados por empresas constructoras al Ministerio de Comunicaciones, Sandoval no sabía qué funcionarios estaban implicados, pero en mayo de 2021, en una audiencia privada en el juzgado de Aifán, un confidente de Giammattei conocido como “Testigo A” reveló que ese dinero en realidad eran el resultado de los sobornos que Giammattei le hizo a las constructoras para financiar su campaña política de 2019, campaña que lo llevó al poder.

Cuando El Faro publicó el testimonio, el gobierno empezó a presionar a Aifán para entregar en un sobre la identidad del testigo, pero ella se negó pues tenía información que sustentaba que querían eliminar a cualquier testigo o víctima.

En enero de 2022, la misma jefa del MP, Consuelo Porras, solicitó que se le quitara el derecho de antejuicio a la jueza alegando que Aifán había abusado de su autoridad en casos que investigó FECI.

Los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debían de definir si retirar o no la inmunidad a Aifán, pero siete de ellos tenían señalamientos en casos de corrupción que la jueza conocía.

“Los ataques y abusos en su contra se centraron en su identidad como jueza y como mujer. Los trolls de Internet asociados con la extrema derecha ahora defendían abiertamente los ataques físicos contra ella y, con su defensa legal bloqueada en la Corte Suprema, era solo cuestión de tiempo antes de que el Ministerio Público pudiera emitir una orden de arresto contra ella”, escribe Blitzer.

Aifán solicitó un permiso para una vacación corta y dejó Guatemala el 10 de marzo llevándose una sola maleta. Regresar ya no sería posible, así que el 21 de ese mismo mes, presentó su renuncia a través de un corto video que posteó en Twitter.

Después de su partida, cree que los casos que su judicatura llevaba pueden estar en riesgo o  en el limbo, incluyendo el caso que involucra a Giammattei.

“Me he preguntado: ¿Por qué no nos mataron simplemente? …Nos necesitan vivos precisamente para desacreditarnos. Nos están convirtiendo en delincuentes. Necesitan cambiar la opinión pública. El exilio es una forma de muerte, es solo una especie de muerte civil. Es una forma de desaparecernos del contexto nacional”, contó Aifán a The New Yorker.

“Ciertos políticos, empresarios y miembros del crimen organizado sienten que pueden sobrevivir a esta administración -la de Joe Biden- y esperar otra, como la de Trump, que esté dispuesta a tolerar la corrupción”, reflexiona Blitzer en su pieza.

Mientras tanto, el gobierno de Guatemala continua cooptando los espacios y oficinas para servir a sus intereses.

En febrero pasado, mientras Herrera abandonaba el país, Porras se postuló para lograr la reelección como fiscal general. Los señalamientos que pesan sobre la funcionaria, entre ellos haber ayudado a desmantelar la institucionalidad y haber coadyuvado a la persecución de jueces, fiscales y magistrados, además de formar parte de la lista de actores corruptos y antidemocráticas (Lista Engels) no fueron impedimento para ser incluida en la nómina de seis personas de entre las cuales Giammattei, próximamente, elegirá al jefe del MP.

 

Publicado originalmente desde The New Yorker.

 

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