Créditos: Nelson Chen.
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

“Todo parece indicar que usa este caso para promocionar su gestión y justificar su posible renombramiento”. Juan Francisco Sandoval

Por Regina Pérez

La fiscal general, Consuelo Porras, activó un caso que involucra al ministro de Agricultura, José Ángel López, a exdirectivos del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y a miembros de la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (Asodefir), que recibió fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recursos que, según una denuncia recibida por el Ministerio Público (MP), fueron usados para comprar acciones en dicho banco.

La presentación de este caso ocurre en un momento crítico de la elección de Fiscal General. El presidente Alejandro Giammattei tiene hasta el 16 de mayo para nombrar al próximo jefe del MP. Por referencias en un discurso que dio el miércoles en una actividad de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), donde se burló de la Lista Engel, de Estados Unidos, en la que está incluida Porras, pareciera que el mandatario ya eligió. Sin embargo, hace falta el anuncio oficial de dicha designación.

El caso Asodefir surge de una denuncia del gobierno de Estados Unidos, por medio del Homeland Security Investigations (HSI). El mismo comenzó a ser investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en 2019, cuando todavía era dirigida por Juan Francisco Sandoval.

Según la información que dio el MP, a través de USAID se realizó una donación a Asodefir, por un monto de 216 mil 787 dólares, equivalente a 1 millón 700 mil quetzales.

Esta asociación fue creada por personas que fueron integrantes del Consejo de Administración de Banrural, que según el MP, el aporte monetario fue utilizado para la compra de acciones en ese banco. Por ese motivo se presentó la denuncia, especificando que dicha asociación estaba realizando operaciones inusuales en sus cuentas bancarias, que no tenían relación con sus estatutos de constitución.

Este jueves, la FECI realizó al menos 27 allanamientos y presentó una solicitud de antejuicio en contra del ministro del MAGA, José Ángel López, quien fue miembro del Consejo de Administración de Banrural y fundador de Asodefir, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero.

También se conoció que una de las personas con órdenes de captura es Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES). De León Escribano publicó un comunicado en el que señala que se encuentra fuera del país y que ya declaró de manera anticipada ante la FECI.

“Sé que los señalamientos en mi contra tienen lugar porque pertenecí a la Junta Directiva de la Asodefir, posición desde la que no se cometió ningún delito, por lo que subrayo mi inocencia ante cualquier señalamiento”, publicó. También dijo que se encuentra fuera del país por razones de estudios y por el deterioro de la posición política en Guatemala, “donde las instituciones se han prestado para perseguir y criminalizar a quienes luchamos contra la corrupción”.

El MP presentó una solicitud de antejuicio en contra del ministro de Agricultura, José Ángel López. Foto: Gobierno.

El MP informó que en este caso hay 14 órdenes de captura de las cuales cinco ya se ejecutaron. Edín Barrientos, exdirectivo de Banrural y exministro del MAGA está entre los detenidos.

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, también emitió un comunicado en el que se defendió de declaraciones de Rafael Curruchiche, actual jefe de esa Fiscalía, quien dijo a medios de comunicación que el caso lo tenía engavetado su antecesor y que analizaban tomar acciones en su contra.

“Al presentar el caso, el jefe de la FECI intenta influir en la opinión pública lanzando amenazas, abusando de su cargo para dañar mi reputación. Es una actitud que sigue el modo de la actual Fiscal General, quien desde julio de 2021 y septiembre de 2021 ha intentado desacreditar mi trabajo”, indicó Sandoval.

El exfiscal hizo notar que la presentación del caso ocurre en el marco del nombramiento de Fiscal General que debe asumir la siguiente semana. “Todo parece indicar que usa este caso para promocionar su gestión y justificar su posible renombramiento”, señaló.

Por su parte, el analista Adrián Zapata dijo que la decisión de Porras de sacar el caso en este momento puede tener dos interpretaciones. Una, posicionarse en términos de que ella sí está luchando contra la corrupción y que no depende del presidente Giammattei, porque está actuando en contra de uno de sus ministros.

La otra es enviarle un mensaje al presidente de que si se atreve a actuar en contra de uno de sus ministros, y si ella tuviera información acumulada en contra del mandatario, aun no siendo Fiscal General, en caso de no ser reelecta, se atrevería a dar conocer esa información y a comprometerlo a él y a sus allegados, indicó Zapata.

Horas críticas para elección de próximo fiscal general

La presentación del caso Asodefir ocurre en horas críticas a la designación del próximo fiscal general. En un acto público ayer, el presidente Giammattei se mofó de la Lista Engel, en la que Porras fue incluida el año pasado, junto a su secretario general, Ángel Pineda, indicando que él iba a realizar “la Lista del Zopilote”, donde incluiría a los enemigos de Guatemala, “Si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos la del ‘Zopilote’ sí vale””, dijo el mandatario.

Zapata considera que teniendo tan próxima la decisión sobre elección de Fiscal General, todo indica que lo que trata de hacer el mandatario es demeritar las razones por las cuales no podría él elegir a Porras, siendo una de estas razones que ella aparece en dicha lista.

“Es para demeritar uno de los obstáculos que tiene y para no tomar en cuenta la presión que hace EE.UU. en relación a su reelección”, dijo el analista.

Personas detenidas

Por el caso Asodefir fueron detenidas cinco personas: Edín Raymundo Barrientos, José Alberto de Paz Tello, William Amílcar Alvarado Nisthal, Delmi Esaú Martínez y Felipa Xico Ajquejay.

Las órdenes de captura son por la posible comisión de los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

COMPARTE