Parlamento Europeo se suma a voces que cuestionan la criminalización contra operadores de justicia, prensa y la designación de la fiscal general

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Créditos: iltempo.it
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El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se sumó a las voces de inconformidad que han expresado preocupación, alerta y hasta “horror” ante la persecución de operadores de justicia guatemaltecos, periodistas y defensores de derechos humanos, además de expresar su descontento por la designación de Consuelo Porras para un segundo periodo como jefa del Ministerio Público.

Por Paolina Albani

El 16 de mayo, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, mantuvo una conversación con los miembros del subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo sobre los  serios retrocesos en materia de derechos humanos, en donde refirió que “la democracia -en Guatemala- se encuentra en alto riesgo” debido al régimen autoritario que se ha instalado en el país.

Esto, principalmente por la presencia y control del crimen organizado, los cuerpos ilegales de seguridad y la prevalencia de funcionarios corruptos que han logrado adueñarse de casi todas las instituciones del Estado, aseguró Rodas a los europarlamentarios.

Rodas hizo un repaso ante los europarlamentarios acerca de los retrocesos, no solo en derechos humanos universales sino en las omisiones para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como el cierre de la Secretaría de la Paz (Sepaz), la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) y el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) para las víctimas del conflicto armado. Este cierre ha “afectado el diálogo”, pero también “la reconstrucción de la memoria y la paz”, afirmó.

Paralelamente, argumentó que las estructuras de corrupción e impunidad han incrementado la cooptación del Estado y sus instituciones, y esto ha provocado que el sistema de justicia ahora busque castigar a quienes han luchado en contra de ellas.

El exilio y/o la persecución de jueces, fiscales, magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, y más recientemente, exabogados de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fueron algunos de los aspectos mencionados por Rodas en su intervención.

“Estamos contra la pared. Sumamente preocupados por la presión que sufre el Estado de derecho y la independencia del sector judicial”, concluyó Rodas, quien propuso que el parlamento implemente programas de protección a periodistas para su movilización y resguardo en Europa, y la visita de parlamentarios al país.

Foto: Parlamento Europeo.

“Veníamos preocupados y nos vamos horrorizados”

Después de escuchar a Rodas, el europarlamentario Nacho Sánchez-Amor dijo: “Veníamos preocupados y nos vamos horrorizados” pues “la persecución parece ser una política extendida”.

“La verdad es que nos vamos totalmente horrorizados por lo que hemos podido escuchar. Ya sabíamos que en Guatemala quienes se oponen al extractivismo, a la corrupción y a la impunidad, son más perseguidos; esto incluye a los funcionarios judiciales”, dijo el parlamentario Miguel Urbán Crespo, quien también apuntó que el proceso de elección para fiscal general fue poco transparente.

El 7 de abril pasado, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que señaló su “alta preocupación en relación al deterioro del Estado de Derecho, la criminalización y el acoso contra operadores de justicia” y envió a  Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una carta para que reaccionara sobre la situación en Guatemala, pero este no ha dado una respuesta, reveló Urbán Crespo.

Tilly Metz refirió que ya en 2018, la situación de derechos humanos de Guatemala era preocupante y desde entonces no ha mejorado, pues “los crímenes no se investigan bien y siguen sin ser castigados”. En este tiempo, 103 defensores y 36 periodistas han sufrido ataques y 36 defensores más han sido asesinados.

Metz también abordó el conflicto por tierra debido a la minería y a los proyectos agroindustriales o hidrológicos y los llamó: “la raíz de muchos conflictos” y “la razón de las muertes”.

“La empresa Solway de Suiza -empresa rusa- está explotando actualmente una de las mayores minas de níquel en la región. Es una amenaza al lago Izabal que es crucial para la población local pues dependen de la agricultura y la pesca. Ha habido intimidaciones y acciones jurídicas en su contra. En las áreas rurales  siempre ha habido desplazamiento de población forzada. El apoyo a la reforma de la tierra después del 96 no se llevó a cabo como se dijo. Esto es la raíz del conflicto”, señaló.

En septiembre próximo, el parlamento tendrá un debate de fondo sobre el impacto de la actividad extractiva en Guatemala y acerca de los mecanismos de protección de las poblaciones indígenas y sus territorios.

La carta del Parlamento Alemán

El 18 de mayo, Katja Hessel, miembro del parlamento federal alemán secretaria parlamentaria, envió a Alejandro Giammattei una misiva en la que expresaba su preocupación por la frágil situación del Estado de derecho en Guatemala. También le informó que está patrocinando a la defensora de derechos humanos, Helen Mack Chang, debido a la situación del país en la que más de 20 operadores de justicia se encuentran en el exilio, y defensores de derechos humanos son perseguidos y criminalizados.

 

En la carta, Hessel pidió a las autoridades guatemaltecas que “se garantice la independencia judicial y también la elección justa del fiscal general y del procurador de los derechos humanos”. Además sugirió derogar leyes regresivas como la Ley de Oenegés, por contribuir al desmantelamiento del sistema de protección de los defensores de los derechos humanos.

La parlamentaria alemana también advirtió a Giammattei que pondría en peligro la certeza jurídica de las inversiones extranjeras como resultado de no atender estas problemáticas y de afectar la gobernanza del país.

“Pido que se puedan adoptar urgentemente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de defensores de derechos humanos, como Helen Mack, quien sufre intimidaciones y difamaciones constantes, así como la de operadores de justicia, como el juez Miguel Ángel Gálvez, quien sufre fuertes amenazas por los casos de alto impacto que está llevando. Además de velar por la situación de los fiscales actualmente detenidos, como Virginia Laparra, y que salvaguarden su derecho a un juicio justo”, refiere el texto.

 

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