En el contexto del Encuentro Continental de periodismo comunitario, feminista e indígena, “Mujeres, territorio y libertad de expresión”, Prensa Comunitaria entregó el informe: “Situación de la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa: el Estado de Guatemala, cómplice y garante de la censura”, al Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villa.
Por Simón Antonio Ramón
A lo largo de 15 meses, de enero de 2021 hasta la actualidad, Prensa Comunitaria registró y monitoreó las violencias y restricciones contra el trabajo de las y los periodistas en los territorios, áreas urbanas y la ciudad de Guatemala. Además, se evidencia que las autoridades de los tres organismos del Estado facilitan condiciones de impunidad para quienes ejercen la violencia.
El Informe entregado al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Pedro Vaca en una actividad pública realizada el pasado 25 de abril en Guatemala, documenta agresiones en redes sociales. “Se intensifican los ataques a medios de comunicación que informan sobre derechos humanos, criminalización, organización comunitaria, memoria histórica y lucha contra la impunidad. Los hechos consisten en bloqueo de cuentas en redes sociales, ataques a las páginas web de medios de comunicación y filtración de fotografías a cuentas anónimas”, cita el informe.
“Esto ha ocurrido con declaraciones testimoniales de testigos en procesos judiciales. Como el caso de la periodista Claudia Méndez Arriaza, quien dio su declaración en la Fiscalía Especial contra la Impunidad por un caso bajo reserva, sin embargo su declaración fue publicada el 7 de diciembre en la cuenta de Twitter @Lord_VadeGT/¡Yes, Mester! y a las pocas horas fue retirada la publicación”, resaltó el informe.
También se informó el robo y despojo de equipos de trabajo durante la cobertura que realizan algunos periodistas, en los que es difícil que se documente un hecho, en caso de despojo. “Las y los periodistas que realizan estas coberturas se han visto afectados, dado que en la mayoría de casos solo se encuentran pocos comunicadores, por lo que, con el robo y despojo de equipo se dificulta la cobertura”, se apuntó. “En el municipio de Parramos, Chimaltenango, en un enfrentamiento entre vecinos y la Policía Municipal, el periodista Nicolás López de Telenoticias Chimaltenango resultó golpeado y le robaron su equipo. Inicialmente López se había acreditado como periodista para dar cobertura a un diálogo entre los vecinos y miembros del Concejo Municipal, pero le impidieron hacer su trabajo”, cita en el documento.
También resalta el incumplimiento de plazos establecidos por la Ley de Acceso a información Pública para ejecución de fondos públicos y tomas de decisiones por parte de funcionarios y autoridades.
El informe recoge los contextos que enfrentan los periodistas comunitarios en sus territorios. “El ejercicio del periodismo comunitario en sus publicaciones enfrenta a actores de primera vinculados a las denuncias en las publicaciones. Entre estos actores están los megaproyectos de actividades extractivas y monocultivos como mineras, hidroeléctricas, grandes construcciones de materia gris y palma africana, así denunciaron periodistas comunitarios en el Encuentro de Periodistas Comunitarios que se realizó en Cobán, Alta Verapaz en noviembre de 2021”, se documentó.
También se documentó los procesos judiciales en los que las y los periodistas están involucrados tanto como denunciantes o acusados en el que se documentan los casos de las periodistas Norma Sansir, Anastasia Mejía; los periodistas Carlos Choc, Sonny Figueroa, Juan Luis Font y la denuncia colectiva por las agresiones durante la quema del Congreso el 19 de octubre de 2021.
Este informe recoge las distintas acciones realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército durante el estado de sitio y estado de prevención entre octubre, noviembre y diciembre de 2021 en El Estor, Izabal. Matiza las agresiones a periodistas comunitarios, los allanamientos en las viviendas de los periodistas Carlos Choc, Juan Bautista, Baudilio Choc y a la Radio Xyaab’ Tzuultaq’a.
También se apunta en el informe, la confrontación abierta que tiene el gobierno con el Sistema Interamericano como el rechazo del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro al informe de la CIDH sobre la libertad de expresión y acceso a la justicia en Guatemala. Además, la reacción del gobierno a una publicación del Relator Pedro Vaca al denunciarse el bloqueo de la página web de Vox Populi cuando publicó sobre los apartamentos de hijos e hija de Alejandro Giammattei.
El informe evidencia el continuun de una cultura machista y misógina contra las mujeres periodistas. “La revista Ruda denunció el 18 de marzo que recibe ataques a su trabajo de documentación y periodismo. “Sabemos que dar a conocer el testimonio de las mujeres despierta reacciones patriarcales y en ese sentido respaldamos a las sobrevivientes. Ruda es un espacio para su voz, no para la de los agresores. A partir de nuestras publicaciones, donde abrimos el espacio para que las mujeres visibilicen su voz, hemos recibido ataques digitales, por lo que reafirmamos nuestra postura: Creemos en los testimonios de las mujeres sobrevivientes de #Violencias”, denunció públicamente.
El acoso judicial y otras violencias contra las y los periodistas
Una de las violencias que sobresale en el informe es el acoso judicial en el que actúan jueces, magistrados y fiscales del Ministerio Público con denuncias y el uso indebido de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra las y los periodistas y medios de comunicación. “Las publicaciones periodísticas que han sido incómodas a operadores de justicia, se han denunciado en abusos de autoridad y filtraciones, en las que se ha ordenado la identificación de las fuentes que produjeron las publicaciones”, resalta el informe.
También se denuncian las constantes restricciones a la prensa que imponen los jueces en nombre de la independencia judicial que se expande a nivel nacional. “Es una práctica común de los jueces de primera instancia penal contra narcoactividad y delitos contra el ambiente en los departamentos, impedir el acceso de periodistas en las salas de audiencia cuando los casos no son declarados bajo reserva ni son sobre niñez y adolescencia”.
En 2022 se resaltaron varios casos contra extrabajadores de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) entre ellas, se destacan los casos de Leily Santizo y Eva Siomara Sosa, que se declaró bajo reserva y Virginia Laparra, se impidió el acceso de la prensa con la excusa del poco espacio para aforo dado la pandemia de Covid19.
Además, este informe recoge las denuncias de periodistas que fueron agredidos en el que intervienen diferentes actores de manera sistemática como personas desconocidas, las fuerzas de seguridad, autoridades comunitarias y operadores de justicia; como las que se detallan a continuación:
- El 14 de febrero, el medio digital El Faro publicó una investigación periodística, que cita la declaración de un testigo protegido, señalando que la campaña presidencial de Alejandro Giammattei recibió sobornos de constructores con la condición de dejar en el cargo al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, del gobierno de Jimmy Morales. Se documentó acciones judiciales y otras acciones de censura como una denuncia penal por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, una declaración pública de la fiscal general, María Consuelo Porras, acusaciones del vocero presidencial, Kevin López, y la construcción de una narrativa distinta a la publicada por el medio salvadoreño.
- La investigación Mining Secrets, realizada por el consorcio de medios Forbidden Stories, en el que participaron The Store Project y Prensa Comunitaria junto a otros medios internacionales, en la que se reveló vigilancia y seguimiento a periodistas comunitarios e internacionales en El Estor, Izabal, ordenados por la minera Fénix. En el que resaltan las agresiones por redes sociales, retenciones policiales, suplantación de identidades, despojo de equipos, allanamientos de viviendas, seguimientos y vigilancias.
La pandemia, la excusa perfecta para restringir derechos
Dos periodistas, un abogado y una funcionaria analizan la situación de las y los periodistas en Guatemala que se documentó en el informe “Situación de la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa: el Estado de Guatemala, cómplice y garante de la censura”.
La periodista Regina Pérez indicó que las audiencias con restricciones a la prensa que se conocieron este año fueron los casos contra operadores de justicia y Rudy Amílcar López, este último señalado de dañar una estatua en la avenida Reforma, de la ciudad capital, en octubre de 2021. “El caso más conocido es el de la exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, el caso no está bajo reserva, pero no dejan entrar a la prensa, sus argumentos en el aforo en la sala por el virus de COVID-19”, afirmó.
Los casos bajo reserva y otros, donde los jueces imponen restricciones, afectan el ejercicio de la libertad de prensa y otros derechos. “Al no poder entrar a las audiencias, no sabemos qué ocurre. Se afecta la oportunidad de conocer la postura del juez y los abogados. También se afecta el derecho de la población de ser informado, es discrecional limitar el traslado de la información”, señaló la periodista Pérez.
El abogado Ramón Cadena indicó que los jueces al declarar los casos, de manera discrecional, bajo reserva, violentan la libertad de expresión, porque no cumplen con la ley porque ellos se rigen en la máxima publicidad. “La función de un juez es cuidar la garantía procesal. Parece ser que haya intensiones de afectar la reforma procesal penal al sistema inquisitivo por eso no permiten acceso a la prensa. Antes de la reforma, el juez investigaba y resolvía en privado”, agregó Cadena.
Además, el abogado afirmó que se ha impartido cursos a las y los jueces, pero parece que se han volteado a otra parte. “Se ha impartido a los jueces cursos sobre garantías procesales, lo que hacen es violentar la libertad de expresión porque no pueden alegar desconocimiento”, afirmó.
En el acceso a la justicia, la periodista Norma Sansir, que lleva un proceso penal contra cuatro agentes de la PNC, por abuso de autoridad, indica que el proceso ha sido cansado y en algunos momentos se ha sentido intimidado en el proceso. La periodista fue detenida en 2014 cuando daba una cobertura a una manifestación del pueblo Ch´orti´ en Jocotán, Chiquimula.
“Hay varios momentos, psicológicamente en los primeros días, pues estaba indignada. Posteriormente, con miedo. Ahora que el caso se ha alargado, a veces me he sentido intimidada por cómo se ha desarrollado. El caso se ha cerrado dos veces, hasta con una apelación se logró avanzar”, expresó Sancir.
Además, dijo que después de su detención, en los departamentos en el oriente muchas y muchos periodistas se organizaron. “Mi detención ilegal, les puso en alerta, también, permitió que algunos periodistas comenzaran a cubrir las manifestaciones de la región”, informó.
Por su parte, la encargada de la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Ruth del Valle, informó que la libertad de prensa está vinculada a otros derechos y cuando se restringe su ejercicio tiene efectos en otros. “La libertad de prensa, está vinculada a la libertad de expresión y el derecho a la información. Nos preocupan acciones que ponen en dificultad porque afectos derechos vinculados porque la información pública que debe llegar a la población por medios de las y los periodistas, no llega”.
A decir de Del Valle, los procesos penales contra periodistas son relevantes, porque evidencian el uso que se da al sistema de justicia. “Si un funcionario le incomoda una publicación y uso el sistema de justicia para callar, lo que genera es la deformación del sistema de justicia y a veces a beneficio de otros funcionarios y personas particulares”.
Tanto Regina Pérez, Ramón Cadena y Ruth del Valle, coinciden que juezas y jueces toman como excusa el aforo para restringir el acceso a la prensa a las salas de audiencias, pero afirmas que es un patrón de las y los operadores de justicia que se venía denunciando antes de la pandemia.
Finalmente, en una de sus recomendaciones, el informe subraya que: “El Estado de Guatemala debe atender los llamados de la Comunidad Internacional, del Sistema Interamericano y del Sistema de Naciones Unidas para que garantice el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información pública e información de interés pública, a la manifestación y a la asociación”.
