Por Santiago Bastos Amigo
CIESAS Sureste / Equipo Colibrí Zurdo – Prensa Comunitaria
Con el cambio de siglo, América Latina se vio inserta en el capitalismo global desde una lógicas que dieron lugar a la caracterización del “extractivisimo” como una forma de acción económica de ese capital (Gudynas, 2012) y posteriormente como todo un sistema político-económico con sus formas ideológicas y culturales asociadas (Hoetemer, 2015). Era la forma en que este continente se daba la acumulación por desposesión con que Harvey (2004) caracterizó la fase del neoliberalismo en que nos encontramos. Han pasado ya dos décadas de aquello y el extractivismo y el despojo se han asentado en toda América, y Guatemala en concreto.
El Estor es un municipio del caribeño departamento de Izabal, donde la presencia de Proyecto Minero Fénix está provocando en los últimos tiempos una serie de procesos y dinámicas que son una muestra de cómo funciona este modelo. En este texto quiero ubicar este caso dentro de las dinámicas de Guatemala en este siglo, y así ver qué nos muestra sobre las lógicas de funcionamiento del extractivismo y del papel que está jugando en el modelo político instalado en la posguerra. Me basaré sobre todo en el trabajo desarrollado por Prensa Comunitaria desde hace años alrededor de este caso, publicado en forma de noticias, y haré mención especial a la documentación que acaba de ser revelada a través de la operación #Secretos Mineros y de The Store Project, que ponen al descubierto miles de correos electrónicos y documentación interna de la minera responsable del Proyecto Fenix.
Despojo y política guatemalteca de posguerra
Con el cambio de siglo se puede dar por terminado en Guatemala el “periodo de la paz” que inició aproximadamente 10 años antes con las negociaciones que llevaron a la firma de la Paz Firme y Duradera en 1996. Aunque se mantuvo por algún tiempo la institucionalidad generada para acabar con la desigualdad y el racismo que estaban en la base de la guerra interna y el genocidio, el proyecto ya estaba muerto (Saenz de Tejada, 2007; Yagenova, 2018b).
El poder militar se recompuso con espacios dentro y fuera de la legalidad, mientras las oligarquías de origen criollo-europeo retomaron el control de la política guatemalteca buscaron insertarse en el contexto económico cada vez más global a base de alianzas con empresas transnacionales y los nuevos “poderes emergentes”. Después de probar con la maquila y el turismo, en el país se instaló de lleno la agenda extractivista, sobre todo a partir de la minería, la energía hidroeléctrica y los cultivos agroindustriales como la caña de azúcar y la palma aceitera (Yagenova, 2012; Bastos y de León, 2014; AVANCSO, 2017).
Las comunidades afectadas por los proyectos se organizaron para defenderse de esta amenaza a sus territorios, sus bienes y sus formas de vida. A partir 2005 se empezaron a realizar las “consultas comunitarias de buena fe” que mostraron, en los más de 70 municipios en que se realizaron, el rechazo unánime a las actividades mineras y extractivas en general; y fueron la base de una rearticulación comunitaria en buena parte del país (Rasch, 2012; Bastos, 2015). Cuando pese a estas consultas, las empresas empezaron a instalarse en todo el país, se puso en marcha un nuevo ciclo de conflictividad social protagonizada por amplios sectores de las comunidades afectadas, que pusieron en marcha acciones de rechazo y resistencia (Bastos y de León, 2014; Bastos, 2015; Quiñonez, 2018; Yagenova, 2018a).
Mapa 1 Consultas comunitarias y conflictividad en 2016
Pero uno de los pilares de la agenda política de los gobiernos de posguerra ha sido el apoyo a las actividades extractivas a todos los niveles, desde la adaptación de leyes hasta el uso de las fuerzas de seguridad y la connivencia del aparato jurídico. Como ocurrió en toda América Latina, el Estado guatemalteco se convirtió en el garante de la acumulación por desposesión (Harvey, 2004). En Guatemala esto significó que, siguiendo las lógicas heredadas, el Ejército jugara un papel muy importante en la represión y control territorial, y que el racismo volviera a parecer en el desprecio de la voluntad y la vida de las comunidades opuestas a estas actividades.
Se generó así una alianza entre oligarquías, militares, políticos, crimen organizado y empresas extractivas que, pese a sus tensiones y desavenencias, ha sido fundamental en el desarrollo que ha llevado la política guatemalteca en esta etapa de posguerra (Véliz, 2016). Ya desde antes de la firma de la paz, el sistema de partidos y la política formal de Guatemala se ha ido alejándose de su función de gestionar el bien social (Dabroy, 2016; Mack, 2018). Tanto a nivel de poder municipal como en los tres poderes republicanos, se ha dado la entronización de la corrupción a través del Estado y la relación con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. La acción de una serie de grupos de poder regional que han llevado a una “distorsión ilícita de la democracia guatemalteca” (Waxenecker, 2015; Yagenova, 2018b). Las industrias extractivas han participado en estas redes y actividades tanto a nivel local y regional como del poder central. Los vínculos entre empresarios y políticos, las relaciones con el crimen organizado, y el fomento a la impunidad y la criminalización, han sido elementos inseparables de este panorama (Bastos y de León, 2014; Yagenova, 2018b)
El gobierno del ex general Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015 fue el mejor ejemplo de esta distorsión: su defensa a ultranza de las actividades extractivas y la represión a cualquier forma de disenso fueron de la mano de la actualización de las redes de inteligencia militar para el saqueo del Estado a través del Partido Patriota. Llevó a tal extremo el modelo de corrupción como crimen organizado, que finalmente fue destituido y enjuiciado por una combinación de intereses nacionales, geopolíticos y la presión popular (Dabroy, 2016; Solís Miranda, 2016; Alvarado y Méndez, 2020).
Este episodio podría haber marcado el cambio de ruta de la política guatemalteca, pero el ataque a la corrupción generó una reacción que no ha hecho más que profundizar el modelo de la regresión autoritaria para manejar el Estado-botín con el apoyo del empresariado organizado (Véliz, 2016). Ya durante la presidencia del cómico Jimmy Morales se dio el control y anulación de las instituciones ligadas a la independencia judicial y a lucha contra la corrupción. La llegada al poder del criollo Alejandro Giamattei en 2020 ha supuesto la consumación del modelo impunidad estatalizada a través de la persecución penal de quienes debían de combatirla. Las distintas instancias del poder judicial han sido copadas una por una para asegurar la impunidad en la acción corrupta institucionalizada.
Y esto no está separado de la agenda de apoyo a las actividades extractivas, como vamos a mostrar en las páginas que siguen.[1] En julio de 2021 la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI- anunció que un informante anónimo avisó del regalo directo por parte de unos empresarios rusos al Presidente de una alfombra rellena de billetes de dólares.[2] El objetivo del soborno era la cesión de una parte del Puerto de Santo Tomás, en Izabal, para ampliar el área de embarque del material minero que sale de las plantas de El Estor. La revelación no condujo a ninguna investigación y, por el contrario, el Fiscal encargado de la FECI fue destituido y poco después se inició una persecución penal por la que tuvo que exiliarse, al igual que lo han hecho otros fiscales en estos años. Vamos a ver cómo se llegó a esta situación
El Estor, historia de violencia
El municipio El Estor resume en sus tierras buena parte del despojo de los últimos siglos en Guatemala. Ubicado en territorio maya q’eqchi’, sus pobladores originarios fueron expropiados a mediados del siglo XIX para ubicar un establecimiento (The Store) para el comercio de café y otras mercancías desde el área de Alta Verapaz hacia el mar Caribe a través del lago de Izabal (Grandia, 2010; Vasquez Monterroso, 2020, AVANCSO, 2021).
Mapa 2. El Proyecto Minero Fénix en El Estor
Cien años después, los gobiernos militares cedieron el territorio a la compañía canadiense Inco para la explotación de níquel a través de la empresa Exmíbal (Exportadora de Mineral de Izabal). Empezó así el trazo de muerte y represión que ha llegado hasta nuestros días. En 1970, fueron muertos dos de los profesionales universitarios que formaron parte de la comisión que denunció el contrato de cesión a la minera (Solano, 2005). Y en 1978 el acaparamiento de tierras por la minera llevó a la masacre que se dio en el vecino municipio de Panzós, que inauguraría la política de tierra arrasada con la que el ejército de Guatemala cubrió el territorio nacional de sangre (Grandin, 2004; Sanford, 2010).
La situación bélica y la baja de precios del níquel hicieron que se abandonara la explotación de la mina durante unos años, pero en 2004, la empresa canadiense Skye Resources reanudó operaciones, reinaugurando el camino de violencia (Solano, 2005). En 2006 once mujeres q’eqchi’s fueron violadas por la seguridad de la empresa y en 2009 en la comunidad Las Nubes el jefe de seguridad de la empresa mató al profesor Adolfo Ich y dejó parapléjico al joven Germán Chub. En 2011 la compañía Solway Investment Group, de capital con base en Suiza, adquirió el Proyecto Minero Fénix y la planta de tratamiento de minerales a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 se aprobó una ampliación de la concesión a 247 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería (Yagenova, 2018a; Avancso, 2021).
En 2017 apareció una gran mancha roja en aguas del lago de Izabal y los pescadores de El Estor, alarmados por los efectos en su subsistencia, se organizaron para solicitar información y más tarde, respeto a sus derechos ante la descarada expansión de la explotación a cielo abierto, que afectaba a comunidades de todo el norte del municipio.[1] Mientras, en el área sur empezaba también la expansión de la caña de azúcar y la palma aceitera. Las protestas de la comunidad ante la falta de respuesta por la empresa y el Estado llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil –PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal, en junio de 2017. Comenzó así un conflicto que en estos últimos cuatro años ha provocado la muerte de varios campesinos y pescadores maya q’eqchi’s, la persecución penal, acoso e intimidación de pescadores y periodistas locales; además de la desaparición y muerte de cuatro estudiantes de la universidad del Valle de Guatemala, resuelta de forma espuria hasta la fecha (Yagenova, 2018a; AVANCSO, 2021).
Las comunidades de El Estor interpusieron un amparo por la falta de consulta previa, como reza el Convenio 169 de la OIT, y en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades. Ésta no detuvo su accionar, y puso en marcha un proceso de pre-consulta en que se negó la participación de las organizaciones comunitarias que se oponen a la actividad minera, además de otras irregularidades. Ante esta situación, en octubre de 2021 los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa que entran y salen de la planta. En respuesta, el día 22 de octubre la PNC desalojó el plantón con lujo de fuerza y al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei promulgó el Estado de sitio en el municipio de El Estor.
La imagen de fuerzas de la Policía Nacional Civil escoltando uno de los camiones cargados con carbón a pesar de la suspensión minera, se convirtió en el símbolo de esta intervención estatal. Hubo nuevas persecuciones e intimidación contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas. Con el Estado de sitio vigente, la empresa procedió a desarrollar la pre-consulta y la consulta de forma exprés entre diciembre de 2021 y enero de 2022. En febrero el Ministerio de Energía y Minas la dio por válida, regularizando de forma absolutamente irregular las operaciones de la CGN y dando por terminado este episodio.
Las lógicas de la desposesión en El Estor
Este caso, que se ha relatado aquí de forma muy sucinta, muestra los elementos que han permitido a hablar a Harvey de la desposesión como “basada en el despojo, la violencia y el fraude” (2004: 112). A partir de estos tres elementos vamos a hacer una breve reflexión sobre lo ocurrido en esa área.
El despojo forma parte de la historia de los q’eqchi’s de esta zona de Izabal, pero tomó un carácter muy específico con la llegada de la mina en los 60s y su reapertura en 2004. No se trata sólo de que esta actividad supusiera la expropiación de territorios completos, como a había pasado a finales del siglo XIX con las fincas de café. Ahora la actividad minera ha supuesto un verdadero despojo de las posibilidades de la reproducción material y cultural del grupo como tal. A la devastación física del territorio por la minería a cielo abierto se une la provocada por la contaminación en cultivos y asentamientos y en el lago y sus ríos afluentes. Todo esto junto está provocando un enorme daño ambiental que se refleja en las posibilidades de vida de la población campesina y pescadora. Si tenemos en cuenta que la mina y la planta procesadora no son la única actividad extractiva, sino que en el sur del municipio la caña de azúcar y la palma africana están expandiéndose de forma también agresiva, la situación se vuelve más alarmante aún
Este despojo se amplía, como ya dijo Talavera (1982) a las formas de vida, no sólo por estos efectos en la economía campesina, sino también en las formas de espiritualidad ligadas al complejo tzultaq’a –literalmente cerro-valle- (Grandía, 2010) y sobre todo, la sociabilidad comunitaria y regional, que es la gran afectada por la presencia de la actividad minera, con la división que provoca y las acciones de desgaste y desacreditación de líderes y familias completas.
Todo este despojo es intrínsecamente violento, pero además, la violencia abierta es una de las estrategias que de forma más recurrente ha sido utilizada para mantener la actividad de la minera pese a la posición suscitada. En sus formas más extremas ha llevado a la muerte de quienes representaban una “amenaza” a la empresa, como el profesor Adolfo Ich o el pescador Carlos Maaz; también la muerte no aclarada pero sí ligada al Proyecto Fénix fue el final de tres estudiantes universitarios, mostrando la facilidad con que se acude a este recurso. Y también la muerte de seis trabajadores fue el resultado de la desidia empresarial.
La violencia sexual multitudinaria sufrida por las seis mujeres que fueron violadas en 2006 tiene resonancias con la esclavitud sexual sufrida por las mujeres de Sepur Zarco entre 19982 y 1985 (Velásquez, 2019). De la misma manera, la presencia del Ejército y las fuerzas del orden remite evidentemente a la guerra interna: la sombra de la masacre de Panzós se reactiva con los Estados de sitio, los patrullajes militares y con los exmilitares dirigiendo las empresas de seguridad. Es un recurso al que el Estado no ha renunciado, sino por el contrario, va en aumento.
Esta violencia armada directa por parte de fuerzas del orden y civiles armados se complementa con la violentación del sistema de justicia a través de la persecución penal de opositores locales. La criminalización de la protesta social es una de las marcas del accionar político actual, que se puede entender dentro de los procesos de juridificación de los conflictos socioambientales (Montoya, Sieder y Espinoza, 2022). En El Estor esta medida se ha utilizado de forma amplia, afectando no solo a pescadores y autoridades locales, sino que periodistas como Gerson Xitumul y Carlos Choc cuyas vidas han sido violentadas al sufrir persecución sistemática por su labor informativa.
Finalmente, el fraude está presente desde el reinicio de actividades de la minera. Está en la licencia otorgada sin pasar por el requisito del estudio de impacto ambiental y en la ampliación ilegal de 26km2 a 400km2 pasando por encima de las restricciones de la ya amplia Ley de minería. Pero el caso más preocupante en que el fraude aparece como estrategia de despojo en El Estor es con la consulta comunitaria que acaba de ser aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. Se tuvo que hacer porque las autoridades comunitarias exigieron que se cumpliera lo que plantea el Convenio 169 de la OIT, del que Guatemala es signataria. El reclamo de la consulta libre previa e informada es una de las principales y pocas armas legales con que cuentan las comunidades indígenas de Guatemala y todo el continente para preservar sus territorios y sus derechos; y en El Estor la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en 2020 fue el fruto de una acción persistente y combinada de varios actores, entre autoridades locales, organizaciones, abogados.
Pero esa intención ha sido falsificada. La empresa Solway diseñó y controló todo el proceso, impidiendo la participación de las autoridades comunitarias y opositores, y usurpando su representatividad con testaferros pagados. Pese a ello, el Ministerio de Energía y Minas aceptó y dio por válida una consulta que no ha sido previa –la mina lleva al menos 17 años en esta última fase-, ni libre –en medio de un estado de sitio-, ni informada –más bien desinformada. Las empresas extractivas y el Estado guatemalteco han encontrado una manera para anular uno de los derechos más reclamados por los indígenas, y que servía de relativa salvaguarda ante el despojo.
El Estor, el despojo y la democracia en Guatemala
Lo que está ocurriendo en El Estor es un ejemplo más de las dinámicas del despojo en Guatemala. Después de haber sufrido los estragos del colonialismo español y del capitalismo belga, alemán, estadounidense y canadiense, ahora es el ruso, aliado con las oligarquías y nuevos capitales locales para explotar el territorio y su gente. Pero los hechos que acabamos de ver no son en absoluto exclusivos de este municipio q’eqchi’. Procesos de engaño, imposición, intimidación y muerte; estados de sitio, persecuciones penales y sentencias incumplidas son frecuentes en Guatemala desde el cambio de siglo. Nombres como Sipakapa, Barillas, La Puya, Oxec y Cahabón, San Juan Sacatepéquez, el Valle del Polochic, San Rafael Las Flores, Cotzal, Monte Olivo, Cerro Blanco, Xalalá , Xacbal, Yich Kisis, Plan Grande, hacen referencia al fraude, el despojo y la muerte sembrados en todo el territorio de la república por minas, hidroeléctricas y agroindustrias (Yagenova, 2012; Bastos y de León, 2014; AVANCSO, 2017).
Estamos ante un sistema económico, político e identitario-cultural, como lo definió Hoetmer (2015) que después de dos décadas, se ha asentado y ha complejizado sus formas de actuar a todos los niveles. Aquí nos hemos centrado en el local, pero quisiera terminar llamando la atención sobre el hecho de que todo esto es parte de algo más amplio, de ese panorama político que se esbozó en el primer apartado.
A lo largo de lo que se ha relatado sobre la acción del despojo en El Estor, como en tantos otros lugares, la acción de las diferentes instancias estatales ha sido prácticamente siempre de apoyo a los intereses y necesidades de la empresa. Desde el nivel municipal a los representantes en el congreso, autoridades departamentales y centrales; desde el Ejecutivo y desde diferentes espacios del poder judicial, sólo se pueden mencionar algunos escasos momentos en que la voz de las comunidades ha sido escuchada y respetada. Y cuando eso ha ocurrido, como cuando la CC sentencia a favor del amparo y exige la consulta, el Ministerio de Energía y Minas se encarga de convertir ese requisito en un trámite manejado por la empresa.
En esta relación parece claro que es la empresa quien dicta la estrategia y acciones a seguir, y las diferentes instituciones –PNC, MEM, Juzgados- quienes la llevan a cabo. Pero se llega a más: el Estado delega sus funciones en la empresa, como ocurre con los planes y necesidades del municipio del Estor, que son financiados por CGN y permiten decir a un personero de CGN: “En El Estor no existe el Estado, nosotros somos el Estado”.[2] No miente, a través de una usurpación de funciones –en este caso consentida- esta empresa se convierte, de hecho, en El Estado en ese municipio y tal y como ha hecho históricamente el Estado, actúa a través del fraude y la violencia.
Así, cuando en Guatemala se habla del Estado cooptado, o del pacto de corruptos, estamos ante una conjunción de hechos y actores en la que las empresas extractivas como CGN participan de forma muy activa. El episodio tragicómico de la alfombra muestra unas prácticas de corrupción y pagos ilegales que los papeles de Secretos Mineros han mostrado que se dan en El Estor para asegurar los objetivos de la empresa. Las relaciones de CGN con los narcos que también aparecen en estos papeles se complementan con la figura del juez Arteaga de Puerto Barrios, que defiende a los narcotraficantes de lugar al mismo tiempo que mantiene al periodista Carlos Choc bajo amenaza judicial.[3]
De esta manera, el extractivismo y sus lógicas, forman parte de la regresión autoritaria que se vive en Guatemala prácticamente desde que se firmó la paz y se ha asentado en los últimos años, de la mano de la cleptocracia y la ubicua corrupción. Cuando decimos que el extractivismo es intrínsecamente violento (Bastos, 2022), no es haciendo referencia sólo a la cauda de muertes e intimidaciones, sino a la violentación de acuerdos sociales y expectativas de vida y, en este caso, del entramado institucional que buscaba resguardar unos derechos mínimos y poner algunas bases democráticas al ejercicio de la política.
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[1] A partir de este punto, la fuente de lo narrado son las noticias de Prensa Comunitaria (https://www.prensacomunitaria.org/). Ver también el sitio Green Bloood (https://medium.com/green-blood), #Secretos Mineros (https://forbiddenstories.org/) y The Store Project (https://www.storeproject.org/)
[2] Maynor Alvarado Mai, oficial retirado del ejército, para explicar la dimensión de la operación minera. “La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines en Guatemala” The Store Project: https://www.storeproject.org/secretos-mineros/la-version-caribena-de-una-red-criminal-entre-rusos-suizos-y-chapines-en-guatemala
[3] Ver en concreto “La mina espía y criminaliza para controlar El Estor”, The Store Project: https://storeproject.squarespace.com/secretos-mineros/espionaje-y-criminalizacion?p “Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco”, The Store Project: https://www.storeproject.org/secretos-mineros/-los-seores-del-polvo-rojo-y-los-seores-del-polvo-blanco; y “ La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines en Guatemala” https://www.storeproject.org/secretos-mineros/la-version-caribena-de-una-red-criminal-entre-rusos-suizos-y-chapines-en-guatemala
[1] La primera actividad política del Presidente una vez tomado cargo, fue la visita a San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, donde se estaba llevando a cabo un supuesto Diálogo por la Paz y el Desarrollo, que trataba de ocultar la violencia y el fraude desplegados por la empresa Energía y Renovación para poner en marcha la planta hidroeléctrica en la microrregión de Yich Kisis (Mejía, 2018; Pohlnez, 2020; Bastos, 2022).
[2] “Así fue como los rusos le entregaron a Giammattei una “alfombra llena de dinero” El Periódico, 24 agosto 2021 https://elperiodico.com.gt/politica/ejecutivo/2021/08/24/asi-fue-como-los-rusos-le-entregaron-a-giammattei-una-alfombra-llena-de-dinero-1/
