Por Regina Pérez
El pasado viernes 6 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, resolvió enviar a juicio a nueves militares retirados y expolicías por las desapariciones forzadas de opositores políticos al gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores, que aparecen en el Diario Militar. La resolución del juez no fue del agrado de algunos partidarios de militares y el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, amenazó con meterlo preso.
Este lunes, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, visitó al juez en su despacho, para manifestarle su solidaridad ante estas amenazas y mensajes intimidatorios.
Rodas recordó que Gálvez tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales deberán ser actualizadas. Agregó que jueces y magistrados son independientes y no pueden ser sujetos a intimidaciones y amenazas.
El juez manifestó que Guatemala está viviendo momentos difíciles, “pero que ya se animen a amenazar después de una resolución a un juez, es más preocupante porque están atentando no solo contra la integridad de un juez sino que la independencia judicial, que es un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, dijo.
El juzgador adelantó que informará de esta situación a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “sin perjuicio que pueda decidir presentar una denuncia por la amenaza directa que se me está haciendo y una amenaza directa que conlleva en determinado momento ya participación de otras instituciones, como el mismo Ministerio Público”.
En su tweet, Méndez Ruiz, quien es conocido por presentar denuncias en contra de otros jueces y abogados, a los cuales el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras ha dado trámite, anunció que “lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Érika Aifán, empeño mi palabra en eso”, en referencia a la exfiscal de la FECI quien se encuentra en prisión y a la exjueza Aifán, que tuvo que salir del país en marzo pasado.
Gálvez dijo que “indicar que ahora me toca a mí es como que ya lo hizo con otras personas, eso es preocupante”. Agregó que sus resoluciones han sido apegadas a derecho y tras un análisis para establecer y garantizar el derecho de defensa.
El juez Gálvez tiene medidas cautelares por parte de la CIDH desde 2016, debido a que recibió amenazas telefónicas sobre un posible atentado en su contra, el cual sería llevado a cabo por mujeres que ingresarían armas blancas o ácidos a la Torre de Tribunales. Esto fue confirmado por autoridades del Ministerio de Gobernación.
Amenazas atentan contra la independencia judicial
El abogado Ramón Cadena señaló que el juez Gálvez está siendo presionado para que falle en un determinado sentido y no sea imparcial en la causa “y esto está prohibido en los estándares internacionales, los jueces tienen obligación de ser independientes e imparciales y así es como el juez Gálvez se ha comportado”.
Cadena señaló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debería de defender a sus jueces pero no ha hecho nada. “Es obligación de la CSJ garantizar esa independencia judicial”, indicó.
Según el abogado, la independencia judicial es una garantía de las y los ciudadanos. Toda persona necesita jueces independientes e imparciales, la afectación no es solo al juez Gálvez, se está afectando a toda la sociedad, manifestó.
El juez Gálvez ha conocido varios casos de impacto en contra de funcionarios de alto rango y militares. En 2013 envió a juicio a los generales Efraín Ríos Montt (ya fallecido) y Mauricio Rodríguez, por genocidio. En 2015, ligó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, por el caso de defraudación aduanera “La Línea”. También el caso “Cooptación del Estado”, donde están acusados Pérez Molina y Baldetti, así como varios exministros de esa administración y empresarios.
Actualmente conoce en su Juzgado el caso Diario Militar, en el cual envió a juicio a 9 militares retirados y expolicías el pasado 6 de mayo. Este caso llegó a la justicia tras casi 40 años de impunidad. Otros acusados están pendientes de su etapa intermedia en el proceso.
¿Quién es Ricardo Méndez Ruiz?
Méndez Ruiz es actual presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Es hijo de Ricardo Méndez, quien fue ministro de Gobernación durante el gobierno de facto de Ríos Montt. Fue secuestrado en 1982 por un grupo guerrillero que negoció su libertad con su padre.
Méndez Ruiz es conocido por su postura radical y de extrema derecha. Por un tiempo tuvo un espacio de opinión en el Periódico. En 2013, la Procuraduría de Derechos Humanos, dirigida por Jorge de León Duque, lo sancionó por su mensaje de odio expresado en medios de comunicación y sus columnas.
Durante la gestión de Consuelo Porras, las denuncias de Méndez Ruiz en contra de jueces, abogados y fiscales han encontrado eco. Debido a una denuncia de la Fundación, en febrero pasado fueron detenidas Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la exfiscal de la FECI, Eva Siomara Sosa.
Dicha Fundación es querellante en este caso, así como en el de Virginia Laparra, la exfiscal de FECI de Quetzaltenango, denunciada por el exjuez Lester Castellanos, quien actualmente está en prisión en la cárcel Mariscal Zavala.
