“Lo ha dicho públicamente, no le gustan que lo cuestionen, obviamente es su derecho, pero también Estados Unidos tiene derecho a decir ‘no podemos colaborar con un fiscal corrupta’”. Eric Olson
Por Regina Pérez
El pasado 26 de mayo, el presidente Alejandro Giammattei concedió una entrevista a la Fundación Heritage, una organización de extrema derecha, en la que declaró que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tratado de desestabilizar su gobierno desde hace meses.
La publicación, firmada por Mike González y Mateo Haydar, señala que Giammattei, el 26 de abril, acusó al embajador de Estados Unidos, William Popp, de reunirse con líderes indígenas para planear derrocarlo. “Ellos quieren derribar a mi gobierno”, indica la publicación, parafraseando al mandatario, quien supuestamente también dijo que la administración del presidente Biden estaba tratando de introducir en Guatemala una versión del multiculturalismo, que la administración y sus aliados impulsan en Estados Unidos.
Otra de las polémicas declaraciones que el artículo atribuye al presidente es que Giammattei dijo que decidió pedirle a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que se vaya del país. Esta agencia coopera en Guatemala desde hace más de 50 años, con programas que buscan ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza y el fortalecimiento de la justicia.
La entrevista fue publicada pocos días después de que Giammattei reeligiera a la fiscal general, Consuelo Porras, incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. Un día después de ser reelecta, el Departamento de Estado de EE.UU., designó a Porras por su participación en hechos significativos de corrupción. También incluyó a su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz.
Al día siguiente, 17 de mayo, el mandatario anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas, luego de la designación realizada por Estados Unidos, anfitrión de dicho encuentro. “No me van a invitar a la Cumbre, de todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir”, declaró el presidente.
El respeto a la democracia, según Washington, era una de las condiciones para participar en la Cumbre, a la que no fueron invitados países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Aunado a esto, en junio próximo, por mandato de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel, el Departamento de Estado enviará al Congreso estadounidense una lista actualizada y se sabe, por fuentes en Washington, que la nueva versión incluye a funcionarios cercanos al presidente Giammattei.
Eric Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Seattle International Foundation, expresó su desconfianza hacia el artículo publicado por la Fundación Heritage, “no digo que estén mintiendo, pero no confío exactamente en lo que dicen. Su análisis está muy sesgado, una visión de extrema derecha”, señaló.
Por ejemplo, indican que Guatemala comparte los valores de Estados Unidos, pero Olson consideró que, según el Departamento de Estado, en el país hay altos niveles de corrupción y que la propia fiscal es corrupta. Dudo que la Presidencia y la Fiscalía compartan los valores en contra de la corrupción, afirmó.
Por otro lado, Olson dijo que al presidente Giammattei no le gusta que lo cuestionen. “Lo ha dicho públicamente, no le gustan que lo cuestionen, obviamente es su derecho, pero también Estados Unidos tiene derecho a decir ‘no podemos colaborar con un fiscal corrupta’”, señaló.
El entrevistado agregó que es decisión del Departamento de Estado designar así a Porras y que si Giammattei quiere persistir en la visión de imponer una fiscal general muy cuestionada, tiene que aceptar que habrá una reacción muy fuerte de parte de Estados Unidos.
Para el analista político Renzo Rosal, no solo existen los cuestionamientos hacia la administración de Giammattei, pero también existe una antipatía y una clara intención de marcar todavía más la vía de separación de las dos administraciones.
Esto no se trata de un tema coyuntural sino de algo que empezó desde el gobierno de Jimmy Morales, cuando EE.UU. apoyó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y aunque la administración de Morales no llegó al extremo que Giammattei sí trazó una parte inicial a la que ahora se le está dando continuidad, dijo.
Olson: Salida de USAID sería una herida autoinfligida
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) sobre la declaración de Giammattei de haber decidido pedirle a USAID que se vaya del país, a lo cual respondieron con una respuesta que fue enviada a otros medios como La Hora.
En esa respuesta se confirma la reunión del mandatario en Casa Presidencial, donde, según la presidencia, se abordó como punto central de la agenda “una serie de acciones por medio de las cuales se ha violentado la convención de Viena en Guatemala, mismas que han sido dadas a conocer oportunamente y por medio de los canales correspondientes”.
También menciona que “en el proceso de traducción e interpretación de la reunión citada, surgen términos con diferente interpretación en el contexto en que fueron expresados, como en el caso del término “indigenous people” que interpretan los dirigentes del Heritage Foundation conforme su percepción del tema”.
De ser veraz la afirmación del mandatario, de haber decidido pedirle a USAID que se retire del país, Olson opinó que esto sería una herida autoinfligida, dado que la agencia apoya proyectos y trabajos en el altiplano de Guatemala, con los pueblos más pobres, con altos índices de desnutrición en las comunidades y niñez indígena.
Expulsarlos crearía unas condiciones más allá de la crisis que existe ahorita y sería, en mi opinión, autoinfligida por el presidente contra su propia población eso sería bastante lamentable, dijo.
Para Rosal, la intención manifiesta de aislacionismo no se trata solo de un capricho o berrinche sino que en esencia tiene un nivel de racionalidad. “Yo creo que la intención, al final de cuentas, es que quedemos más aislados, indistintamente de los efectos negativos que pueda tener en términos políticos, económicos, inclusive comerciales”, afirmó.
El aislamiento, según el analista, es un terreno fértil para que la impunidad se asiente todavía más.
Hasta ahora, la Presidencia se ha negado a confirmar las declaraciones de Giammattei, sobre la expulsión de la USAID del país en tanto la embajada de Estados Unidos prefirió no comentar sobre ese tema. A criterio de Olson, no cree que llegue a hacerlo.
“Yo creo que es interesante que él no lo dice públicamente, nada más lo dice a través de una entrevista que nadie ha conocido y es simplemente una amenaza, una postura política, no es algo que lo pueda decir públicamente, sería poco estratégico tener esa postura de parte del presidente Giammattei”, afirmó.
