Créditos: Marcha en repudio de la masacre de Panzos. Mauro Calanchina
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Liza Grandia [1]

 Inspirado en la reflexión de Gálvez Suárez (2014) sobre un hijo pródigo, las conversaciones de Kraznic (2021) con los oligarcas, y las exploraciones de Solano (2005) sobre “las entrañas del poder”, este artículo rastrea las dinastías políticas terratenientes tradicionales detrás de la masacre de Panzós, que siguen impulsando la violencia en la región de El Estor. Esta área es un microcosmos de prácticamente todas las amenazas tradicionales coloniales, liberales y neoliberales al territorio q’eqchi’: minería, hidroeléctrica, palma, banano, café, cocaína, ganado, azúcar y áreas protegidas. La dinámica de la tierra en esta región sigue siendo más feudalmente represiva que capitalista. Aunque las fusiones y adquisiciones transnacionales han galardonado a “personas corporativas” extranjeras con el parentesco de la oligarquía guatemalteca, la tenaz resistencia q’eqchi’ a la minería también ha renovado un parentesco de solidaridad desde las bases.

El parentesco del poder corporativo

En nuestra formación metodológica, los antropólogos culturales aprendemos a hacer diagramas de parentesco para comprender cómo la consanguinidad (relaciones de nacimiento) y la afinidad (relaciones de matrimonio) dan forma a la vida cotidiana. La cultura q’eqchi’, por ejemplo, puede ser matrifocal (oksinb’il) o patrifocal (tzamanb’il) (Grandia, 2004). Por ende, en cada una de las siete aldeas Q’eqchi’ donde viví, mapeé diligentemente las relaciones familiares y las historias de migración. Esta atención al parentesco seguramente me ayudó a comprender el liderazgo de la aldea, el faccionalismo, la conversión religiosa y el trabajo agrícola basado en las relaciones de compadrazgo.

Sin embargo, para comprender realmente las fuerzas impulsoras del despojo, los antropólogos y activistas también deben mapear el parentesco de los depredadores: los criollos españoles que se casaron con otros colonos euroamericanos para formar las cincuenta dinastías familiares oligárquicas que aún gobiernan Guatemala (Krznaric, 2021). ). La mayoría de los nombres originales de los conquistadores españoles que siguen siendo dominantes en otras partes de América Latina se desvanecieron en Guatemala a fines del siglo XVI.[2] Fueron reemplazados por una red central de inmigrantes “hidalgos” de España que se mezclaron a través de matrimonios de primos para concentrar la riqueza familiar a través de un sistema ambilineal de herencia (Valverde, Casasola Vargas, & White, n.d.). Los europeos se casaron con estas redes nacionales insulares en el siglo XIX para crear extrañas mezclas de apellidos españoles y germánicos, “muy europeos”.

Últimamente también aparecen nombres gringos, por ejemplo, el matrimonio de la hija del dictador con el excongresista Jerry Weller, convirtiéndola en Zury Mayté Ríos Sosa de Weller. En su perfil de “LinkedIn”, Weller describe a sí mismo su mandato de catorce años en el Congreso como un “defensor de la expansión del comercio y la energía alternativa; especialmente biocombustibles”, o sea, los mismos negocios que están saqueando las tierras Q’eqchi’ de Verapaz, Izabal y Petén. Durante los últimos trece años, Weller dirige una corporación nombrada con estilo neoconquistador, “New World Group Advocacy LLC” (Grupo Abogacía ‘Nuevo Mundo’) con oficinas en Florida, Washington, D.C. y Ciudad de Guatemala. Como una de las muchas estructuras corporativas nacidas en los Estados Unidos, LLC permite a su propietario transferir ganancias y pérdidas a ingresos personales para evitar impuestos corporativos y, al igual que una corporación de pleno derecho, protege a sus propietarios de la responsabilidad personal por sus deudas.

Aquí está lo extraño: Estados Unidos considera que las corporaciones son personas.  Esto no siempre fue así. Cuando los colonos estadounidenses se rebelaron contra el imperio británico, inicialmente querían evitar las grotescas disparidades de la riqueza y los privilegios aristocráticos europeos de los que habían huido. Durante los primeros cien años de la república, los estados solo otorgaban estatutos a corto plazo para formar corporaciones para una función específica como construir una carretera o un puente. No podían ser dueños de otra corporación– o sea, las corporaciones no podían casarse.

Esto cambió después de la guerra civil de los Estados Unidos. Como explica el famoso historiador Howard Zinn, los abogados aprovecharon la Enmienda Constitucional 14 que otorgó la ciudadanía a los esclavos afroamericanos liberados después de la Guerra Civil de EE. UU. (1960-64) para argumentar que esa misma enmienda consagró a las corporaciones con derechos personales similares. Entre 1890 y 1910, los abogados corporativos utilizaron la Enmienda 14 para llevar 288 disputas comerciales ante la Corte Suprema; ¡los abogados de derechos humanos solo lograron ser escuchados 19 veces durante ese mismo período! (Achbar, 2003)  En 1886, la Corte Suprema supuestamente dictaminó en el caso de Santa Clara v. Southern Pacific Railroad (una corporación que intentaba evitar los impuestos sobre la especulación de tierras y el despojo de tierras de los nativos americanos en el oeste) que la Enmienda 14 otorgaba a las corporaciones una personería jurídica equivalente a la de los ciudadanos. Debido a que era amigo cercano del propietario del ferrocarril, Leland Stanford, el juez de la Corte Suprema Stephen J. Field debería haberse recusado del caso, pero en cambio filtró documentos a la compañía. Para empeorar las cosas, el abogado del ferrocarril, Roscoe Conkling, falsificó información a la Corte Suprema sobre la intención del comité del Congreso al redactar la Enmienda 14. Así, un caso que tendría ramificaciones en todo el mundo, nació de la corrupción en el centro de poder jurídico (Winkler, 2018). ¡Y los gringos critican a Guatemala por corrupción!

En los EE. UU., los cincuenta estados, no el gobierno federal, otorgan estatutos a las corporaciones. Dos años después del caso del ferrocarril Southern Pacific, Nueva Jersey y luego Delaware comenzaron a permitir que las corporaciones compraran otras corporaciones, con la esperanza de atraer negocios a sus pequeños estados. Otros estados en seguida modificaron sus leyes, y esto condujo a una serie de fusiones entre 1895 y 1904 que produjeron una riqueza insondable para los ladrones nuevos ricos (Doukas, 2003).  Los guatemaltecos pueden reconocer los apellidos como Rockefeller, Carnegie, Ford, Vanderbilt, Morgan, Mellon, etc., de las fundaciones filantrópicas que establecieron durante ese periodo para evadir impuestos, regulaciones y mala prensa por romper huelgas laborales (Incite, 2009; Dowie, 2001). Uniendo una serie de casos frankensteinianos, la ley constitucional de EE. UU. ahora considera a las corporaciones como “personas legales” inmortales, a menudo con mayores derechos que los ciudadanos humanos reales. Las corporaciones ahora tienen derechos psicológicos a la libertad de expresión (a través del caso de PG&E v. Public Utilities Commission de 1986), derechos religiosos para negarles a sus empleados cobertura de seguro médica para métodos de planificación familiar (a través del caso de 2014 Sebelius v. Hobby Lobby Stores) e incluso derechos para influir en las elecciones (a través del caso de 2010, Citizens United v Comisión Federal de Elecciones).

Desde 1994, la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos comerciales regionales como los tratados de libre comercio (TLC) han obligado a otros países a aceptar los derechos absurdos que EE. UU. ha otorgado a las corporaciones. El TLCAN (tratado de 1994 con Mexico, EEUU, y Canada) fue el primer acuerdo comercial que permitió a las corporaciones demandar a los estados-nación para anular las leyes ambientales, laborales o de otro tipo que infrinjan sus negocios. El tratado RD-Centroamérica (2005) ahora permite a las corporaciones demandar a gobiernos por futuras ganancias hipotéticas perdidas. Estos acuerdos comerciales permiten a las corporaciones chantajear a los países pobres a cambio de beneficios y privilegios ocultos en miles de páginas de jerga legal. Son como gringos mochileros, que a pesar de su relativa riqueza, regatean asquerosamente a los artesanos y vendedores indígenas en Panajachel por precios más baratos.

Estos acuerdos de “libre” comercio están estrangulando la democracia en todo el mundo al convertir a los gobiernos en matones de seguridad para asesinar y lanzar gases lacrimógenos a su propia gente para proteger los intereses corporativos extranjeros. Si otros gobiernos intentan reclamar su poder a las corporaciones (por ejemplo, cuando Jacobo Arbenz intentó reclamar tierras ociosas otorgadas gratuitamente a la bananera UFC), EE.UU. ha demostrado estar dispuesto a derrocarlos para que los gringos puedan comer bananas baratas (Kinzer, 2006; Schlesinger y Kinzer, 1982). En Guatemala, el economista Luis Solano rastrea la genealogía de las clases dominantes de Guatemala a través de turbias adquisiciones y fusiones corporativas, a menudo entrelazadas con el poder militar gringo.

Al hablar de estos temas en mi universidad en un curso llamado “Colonialismo Corporativo”, bromeo con mis alumnos, diciendo que creeré que una corporación es una persona cuando Monsanto caiga con cáncer. A pesar de un movimiento creciente para enmendar la Constitución de los EE. UU. para restringir el poder corporativo, no estoy segura de que su sistema legal ejecute alguna vez a una corporación.

Sin embargo, los movimientos indígenas de base pueden ser el David que derroque el Goliat empresarial.  Siguiendo el principio de los “derechos de la naturaleza” ahora consagrados en las constituciones boliviana y ecuatoriana, los abogados Nativos Americanos e Indígenas han comenzado a declarar sus ríos y cultivos como “pueblo”. Los líderes Maoríes declararon por primera vez al río Wanganui como una persona. En India, los movimientos sociales lograron el reconocimiento legal del sagrado río Ganges. En California, donde vivo, el gobierno de la tribu Yurok otorgó recientemente personalidad al río Klamath que sostiene su pescado sagrado, el salmon. Tal vez como un modelo para proteger el maíz sagrado de Guatemala de los transgénicos, la tribu Ojibwe de la líder nativa estadounidense Winona LaDuke otorgó derechos al arroz silvestre (manoomin) cosechado de los lagos que lo sustentan.

En la cosmovisión gringa, las corporaciones son “un ingenioso dispositivo para obtener ganancias individuales sin responsabilidad individual” (Bierce, 1911). Históricamente, las corporaciones no son responsables de los delitos ambientales y sociales cometidos en el país, mucho menos en el exterior y mucho menos las empresas que ya han vendido sus intereses a otra corporación. Sin embargo, a través del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros elementos emergentes del derecho internacional, los reclamantes indígenas están comenzando a hacer justicia. En un caso que pudiera cambiar el panorama global, la lideresa Q’eqchi’, Angelina Choc, presentó una demanda en 2010 contra Hudbay Minerals en su sede en Toronto, Canadá, por los abusos cometidos en Guatemala por los “hombres gallina”.

El Parentesco de Kaxlan Winq

El idioma Q’eqchi’ (segundo idioma Maya más hablado de Guatemala) notablemente no diferencia entre las élites comerciales nacionales e internacionales: todos son considerados “hombres gallina” (kaxlan winq) que manejan el acero o la fuerza (chiich) para robar su tierra. Ya sean colonos criollos españoles o euroamericanos (especialmente alemanes) que se casaron con miembros de la oligarquía colonial, los oligarcas guatemaltecos se perciben a sí mismos como extranjeros blancos en su propio país (Krznaric, 2021, p. 48). Uno no puede entender la dinámica de la colonización colonial ni la resistencia de base a la “conquista por corporación” contemporánea (Knowlton, 2017, p. 2) sin prestar atención al parentesco kaxlan.

Durante un tiempo, los Q’eqchi’es mantuvieron a los kaxlan winq fuera de sus tierras natales. Panzós estaba en el lado este del territorio firmemente rebelde (Tezulutlán) que Pedro Alvarado y otros comandantes españoles no pudieron conquistar por la fuerza o por la colonización. Carlos V decidió conceder la región al obispo Bartolomé de las Casas para la conversión religiosa y sacó al primer grupo de colonos españoles que habían establecido una colonia, Nueva Sevilla, en el río Polochic. Después de la independencia de Guatemala, Panzós resurgió como un puerto codiciado para el nuevo sistema de exportación agraria debido a su fácil acceso geográfico desde el mar. Las embarcaciones podían ingresar por el Río Dulce (agua dulce o río “dulce”) hasta el Lago de Izabal, desembarcando en el pueblo de El Estor (del inglés The Store -La Tienda- españolizado) o continuar por el Río Polochic hasta el centro municipal de Panzós, dejando así solo una corta distancia (noventa kilómetros) para el transporte de mercancías por porteadores humanos o mulas de carga hacia/desde la capital departamental de Cobán (Collins, 2001).

Así como los ferrocarriles abrieron el oeste americano a las empresas capitalistas especulativas y la forma corporativa contemporánea, el ferrocarril Verapaz de 30 millas de Cobán a Panzós facilitó y conectó las fincas y unificó los intereses económicos de los colonos euroamericanos. La conectividad de esta peculiar geografía significó que la región Q’eqchi’, en muchos sentidos, mantuvo lazos económicos más estrechos con Europa en el período poscolonial que con el resto de Guatemala. Como cultivo de exportación, el café necesitaba grandes infraestructuras como bancos, vías férreas, carreteras, muelles de carga, etc. De hecho, Panzós apareció por primera vez en los mapas solo después de que se completó un puente sobre el río Polochic en 1888 (Sanford, 2010, p. 32).

Casi de la noche a la mañana, las comunidades Q’eqchi’ se vieron obligadas a la servidumbre por deudas en las plantaciones de café alemanas a través del “colonato”. Cuando la revolución democrática de octubre de 1944 en Guatemala liberó a los pueblos indígenas de este sistema de esclavitud de facto, las comunidades se organizaron para hacer reclamos de tierras tanto colectivos como individuales para sembrar sus propios cultivos (Secaira, 1992). Con tantas familias trabajando para sí mismas, los salarios de los jornaleros aumentaron dramáticamente de 5 centavos por día a casi un quetzal. La oligarquía entró en pánico. Control de la tierra se trataba en última instancia de controlar el costo de la mano de obra.

Los gringos acudieron a su rescate con un golpe de Estado, confeccionaron listas de líderes campesinos para ser ejecutados (Grandin, Levenson, & Oglesby, 2011) y programas de ayuda a la colonización para difundir demandas de reforma agraria (Grandia, 2009). Al hacer la investigación para mi primer libro, descubrí miles de páginas de documentos en idioma inglés en el archivo de SEGEPLAN en la Zona 1 con planes detallados para fomentar la ganadería en la Franja Transversal del Norte. Como uso extensivo de la tierra, el ganado permitió a las élites reconcentrar grandes extensiones de tierra con poca inversión en efectivo más allá del alambre y unos pocos salarios de vaqueros (Grandia, 2009). USAID también brindó apoyo para mapear depósitos minerales, lo que atrajo una asociación entre Hanna Mining Company, con sede en Cleveland, Ohio (EEUU) y Canadian International Nickel Company of Canada, Ltd. (INCO, establecida originalmente por el magnate corporativo JP Morgan) (Fitzpatrick Behrens, 2009). Por último, pero no menos importante, los fondos estadounidenses ayudaron a financiar el oleoducto y la vigilancia militar en la Franja Transversal del Norte. [3]

La Parábola de Panzós

Al frente de la resistencia a este conjunto de intereses ganaderos-mineros-petroleros (Aguilera Peralta, 1979) se encontraba la formidable organizadora Q’eqchi’ Qana’ Adelina Caal Maquín, más conocida como Mama Maquín. Como otras mujeres de su generación, nació en 1915 en una finca de café en San Pedro Carchá, luego se mudó al Polochic en busca de tierras para milpa y se convirtió en una líder durante la reforma agraria (Grandin, 2004; Méndez, 2015). Su rival era Flavio Monzón, alcalde de Panzós que había abusado su poder político para acumular casi doscientas caballerías a su nombre. Parece que engañó a los consejos Q’eqchi’ pidiéndoles que le “permitieran ayudar” a solicitar títulos de propiedad de tierras al INTA (Instituto Nacional de Transformación Agraria); pero los títulos “accidentalmente” salieron a su nombre (Sanford, 2010, p. 57). Además, obligó a sus vecinos Q’eqchi’es a proporcionar una semana gratis de trabajo por mes en sus propiedades privadas a cambio del “privilegio” de cultivar tierras municipales (Sanford, 2010). Para proteger sus fincas y las de otros latifundistas, Monzón se alió con los militares y los ayudó establecer un destacamento a las afueras de Panzós en un lugar conocido como Quinich (Sanford, 2010).  En el momento de la masacre de Panzós, el vicepresidente del INTA era Hans, hermano del General y Presidente Kjell Laugerud, ambos descendientes de colonos noruegos (Sanford, 2000; Simons, 2007).

Encabezados por Adelina Caal Maquín, unos setecientos campesinos Q’eqchi’es ingresaron a la plaza de Panzós la mañana del 29 de mayo de 1978, para entregar una petición al nuevo alcalde, Walter Overdick, sobre estas injusticias. A pesar de su linaje alemán, Overdick defendió las reformas agrarias de Arbenz y, según los informes, simpatizaba con el pueblo Q’eqchi’ en la recuperación de sus tierras ancestrales (Gálvez Suárez, 2014; Sanford, 2000). La noche anterior, los ancianos Q’eqchi’ habían realizado una vigilia “mayejak,” una ceremonia para bendecir su petición a Overdick.  Trágicamente, Monzón y los militares también se habían preparado para el encuentro de antemano. Apenas una semana antes, habían trasladado una treintena de soldados más a la región y reubicado un gran contingente desde el destacamento hasta el edificio municipal (Krznaric, 2021). Los tiradores ya estaban apostados en los techos que rodeaban la plaza (Sanford, 2010). Monzón también había contratado trabajadores para excavar una fosa común esa mañana (Bird, 2011).

Mientras Qana’ Adelina subía los escalones del edificio municipal para hablar con Overdick, los soldados abrieron fuego directo contra la multitud desarmada. Docenas murieron de inmediato, pero perecieron aún más cuando los helicópteros persiguieron a quienes huían del lugar (Konefal, 2010). Los trabajadores de Monzón utilizaron un camión municipal para arrojar los cuerpos a la fosa común (Bird, 2011). En los allanamientos casa por casa que siguieron, el ejército mató y desapareció a casi todos los líderes que hablaban español, que podrían haber testificado sobre la masacre (Sanford, 2000). El historiador Greg Grandin (2004) argumentó que Panzós fue la “última masacre colonial”, es decir, el momento de cambio desde la represión colonial descentralizada a un genocidio más sistemático en nombre de la seguridad nacional.

El presidente Laugerud culpó de la masacre a los campesinos adoctrinados por Fidel Castro, mientras que su ministro de defensa, Otto Spiegeler (¡oh! los apellidos europeos!) acusó a los sacerdotes y monjas locales de ser agentes de propaganda comunista. Los cables internos de la Embajada de los Estados Unidos señalan que el hermano del presidente, Hans, “culpó a los políticos en campaña (en particular al candidato Demócrata Cristiano a la vicepresidencia) por alentar las invasiones de tierras campesinas” (cables de Wikileaks, 1978b). Dos meses después, Francisco Villagrán Kramer (¡otro apellido europeo!), el vicepresidente entrante del general Romeo Lucas García, se reunió con funcionarios de la embajada de EE. UU. para pedir más suministros de gas lacrimógeno “en nombre de los derechos humanos”. El agregado gringo estuvo de acuerdo con sorprendente franqueza:

“El uso de gases lacrimógenos en lugar de armas hubiera salvado vidas en Panzós, por poner un ejemplo reciente… Reconocemos que los gases lacrimógenos, precisamente por ser un instrumento de control de multitudes, se ve que tienen una sensibilidad especial a la vista humana, creemos que es más humano poner a disposición este medio de control que obligar a los gobiernos a recurrir a otras medidas para asegurar el cumplimiento de requisitos que nosotros mismos imponemos [énfasis mío]” (Wikileaks cables, 1978a).

El gobierno canadiense no dijo nada. A pesar de su imagen de país afable y defensor de los derechos humanos, Canadá es sede del 55% de las empresas mineras del mundo y su bolsa de valores proporciona el 70% de su capital (Nolin & Russell, 2021).

Al no creer las explicaciones oficiales, la noticia de este impactante suceso viajó de boca en boca entre la gente, llegando incluso a las aldeas más remotas de Ixcán (Manz, 2004). En toda Guatemala, este fue un período de organización indígena ascendente y reconocimiento de la opresión compartida (Konefal, 2003). Al menos dos reinas de concursos de belleza Q’eqchi’ condenaron la masacre en sus discursos y una perdió su título (Sanford, 2000). El Comité de Unidad Campesina (CUC)la organización de trabajadores rurales indígenas más antigua e influyente de Guatemala, encabezó protestas en Ciudad de Guatemala y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) se unió a la causa. Hablando en un foro universitario, un líder del movimiento campesino condenó la masacre como “un eslabón más en una cadena más grande” que era “una continuación de la represión, el despojo, la explotación, el aniquilamiento del indio” (Konefal, 2010). Esto culminó con una marcha solidaria de 80.000 personas el 8 de junio de 1978, la manifestación más grande que había habido en Guatemala en dos décadas (Konefal, 2010; Simons, 2007).

Para la revista de Ixim (maíz), los organizadores del CUC viajaron desde el altiplano guatemalteco para realizar entrevistas clandestinas con los sobrevivientes de Panzós y reproducir otras denuncias en una extensión de 38 páginas (Konefal, 2003). En un profético editorial de junio/julio de 1978, se lamentaban: ‘Guatemala, oh Guatemala hermosa’, escribieron, ‘tierra donde se siembra maíz y se recogen cadáveres, . . . tierra de la eterna primavera, tierra del eterno Panzós’ (Konefal, 2010). Panzós también se convirtió en objeto de solidaridad académica nacional e internacional. Una joven Winona LaDuke (líder Anishinaabe quien ahora está al frente de las luchas de los Nativos Americanos contra los oleoductos y la minería) denunció la masacre, comparándola con Wounded Knee, masacre en 1890 de unos trescientos Lakotas por parte del ejército estadounidense (LaDuke, 1982).

Al igual que esta masacre, los intereses mineros (en aquel caso, del oro) dieron forma al contexto de violencia en Panzós. Con base en un borrador preparado por un ingeniero de minas de la INCO, Guatemala había actualizado su Código de Minería en 1965 y había premiado a la misma empresa con un contrato de arrendamiento por 40 años y un permiso para explotar a cielo abierto casi cuatrocientos kilómetros cuadrados de tierras agrícolas Q’eqchi’ entre Panzós y El Estor (Klippensteins, sf). ¡El Código dio a la empresa autoridad para expulsar a las comunidades de la tierra y hasta deducir el costo de la represión como un gasto comercial (Klippensteins, n.d.)!

Cuando un panel de cuatro académicos universitarios guatemaltecos publicó un estudio que cuestionaba la baja estructura de regalías (5% para el estado, 1% para el terrateniente y 1% para los municipios), dos profesores fueron asesinados (Urkidi, 2011). La subsidiaria guatemalteca de INCO, Exmibal, operó el arrendamiento entre 1977 y 1982 y reportó $10 millones en ganancias (Adams, 1982; Solano, 2005), pero no pagó regalías. Cuando la dictadura militar intentó hacer valer sus regalías del 5%, INCO cerró la mina. Las comunidades q’eqchi’ regresaron a sus tierras ancestrales para cultivar.

En lugar de aprobar las reformas agrarias prometidas en los Acuerdos de Paz de 1996 que deberían haber otorgado a estas comunidades Q’eqchi’ el derecho a títulos colectivos, en 1997 el Congreso guatemalteco creó un nuevo código minero que simplificó los procesos de concesión de licencias y redujo las regalías al 1% (Urkidi , 2011)![4]  Con mejoras globales en tecnología de explosivos y equipos de movimiento de tierras y otros incentivos fiscales, desde entonces Guatemala se ha convertido en un imán para la industria minera. Entre 2001 y 2011, la minería como porcentaje de las exportaciones aumentó del 1 % al 9,6 % (Dougherty, 2019). En esta carrera transnacional, Skye Resources adquirió la concesión de cuarenta años de Exmibal a fines de 2004, días antes de su vencimiento de cuarenta años. Tres años más tarde, un conglomerado canadiense, Hudbay Minerals, adquirió Skye (Binks-Collier, 2020). En 2014, una corporación suiza con vínculos entre Rusia y Estonia, Solway Investment Group, tomó el control de la mina a través de su subsidiaria local, la CGN o Guatemalan Nickel Company (El Observador, 2020).

Presentando a las comunidades Q’eqchi’ como “invasoras” u “ocupantes” de su propio territorio, la CGN se coordinó con la Policía Nacional Civil para desalojarlas en 2007. En un proceso que recuerda la política de tierra arrasada del ejército guatemalteco durante la guerra civil, sus matones de seguridad violaron en grupo a once mujeres Q’eqchi’es antes de quemar sus casas hasta los cimientos. En 2009, un militar convertido en jefe de seguridad, Mynor Padilla, asesinó al maestro de escuela Adolfo Ich Chamán. Su viuda, Angélica Choc, es ahora la valiente demandante contra la empresa matriz de CGN con sede en Toronto, Hudbay (Rodríguez, 2021).

Más allá de la minería, la región Panzós-Estor es el objetivo de innumerables empresas agroindustriales: plátano, ganado, azúcar/etanol, represas hidroeléctricas, plantaciones de aceite de palma y tráfico de cocaína. El desalojo generalizado de los campesinos Q’eqchi’es de sus tierras tradicionales ha creado un ejército de de reserva de mano de obra barata para las plantaciones y/o la migración transnacional del que se benefician todas las élites económicas (Galeano, 1967). Al igual que los contratistas coloniales de antaño, las empresas también dependen de los ‘coyotes corporativos’ para monitorear constantemente las posibilidades de adquisición de tierras (Alonso-Fradejas, 2015, p. 509).

La mayoría de las familias de élite propietarias de estos negocios son descendientes de colonos europeos del auge del café del siglo XIX. Viven en comunidades cerradas y hacen tratos de beneficio mutuo en clubes, partidos de fútbol escolares, restaurantes de la Zona 9 y eventos familiares (Krznaric, 2021). Aunque compiten entre sí en los negocios, cuando se trata de política de tierras, CACIF y otras asociaciones empresariales presentan un frente unido organizado. Como señaló un expresidente de CACIF, ‘… cuando salimos de las reuniones por las que estamos peleados, ‘¿por qué dijiste esto? o ‘¿por qué propusiste eso?’ Pero cuando hablamos con la gente tenemos una sola voz, somos un solo cuerpo’ (Krznaric, 2021, p. 41). Mientras evitan pagar salarios dignos a sus trabajadores, subsidian generosamente la “mano de obra barata” de sus propios funcionarios, recompensan a sus apoderados militares con beneficios especiales y bonificaciones conocidas como “dobletes” (Gutiérrez, 2016, p. 9) y financian escuadrones de la muerte cuando sea necesario (Krznaric, 2021).

Para dar solo un par de ejemplos emblemáticos de los oscuros pactos de las élites, el abogado de la CGN Rodolfo Sosa fue alguna vez socio legal del expresidente Oscar Berger (período 2004-2008) (El Observador, 2020); sus hijos también se casaron, haciéndolos “concuños” con muchas otras conexiones (Binks-Collier, 2020). Berger, descendiente de colonos belgas que emigraron a Guatemala en busca de concesiones liberales de tierras a los europeos, se casó con Wendy, la hija del barón azucarero Walter Widman (Solano, 2008). Los Widmann son otra familia alemana de cafetaleros del siglo XIX (Widmann Roque) que ahora posee una controvertida refinería de azúcar (para la exportación de etanol a Europa) que grotescamente llamaron Chabil Utzaj (“buen azúcar” en Q’eqchi’) (Bastos & de León, 2014; Solano, 2011). Para salvar el negocio familiar, Carlos Widmann usó sus conexiones políticas y obtuvo un préstamo de $31 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Bird, 2011) con una falsa presentación de responsabilidad social empresarial (Oglesby, 2004) para “levantar a la vez proyectos en salud, educación, caminos rurales, agua y saneamiento” (Solano, 2011, p. 4). En 2007, estas familias empresarias emparentadas entre sí, formaron una organización sin fines de lucro para cabildear por sus intereses y asfaltar una vía de comunicación. Tiene un nombre con sentido ambiental: la Fundación para el Fomento de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Polochic ​​ (CMI-G, 2019).

La genealogía de élite, sin embargo, no tiene por qué ser el único destino. El alcalde de Panzós en el momento de la masacre de 1978, Walter Overdick, desciende de Hans Overdick Kern (nacido en 1899), que emigró a Guatemala en el boom del café alemán. Al reemplazar a Flavio Monzón. el alcalde títere de los militares en Panzós, Walter Overdick simpatizaba con los campesinos Q’eqchi’es y brindó un testimonio importante ante las comisiones de esclarecimiento histórico y un caso judicial de 2011, en el que nombró a cuatro terratenientes que habían conspirado con oficiales militares (GHCR , sf).

Sin embargo, su hijo homónimo, Horst Walther, que tenía diez años al momento de la masacre, usó su “herencia de poder” para derramar más sangre en Guatemala (Gálvez Suárez, 2014). A través de las conexiones de su familia por el comercio de cardamomo, Horst Walther comenzó a contrabandear cocaína en 1999 con las familias Turcios y Lorenzana. Se conviritió en “El Tigre”,   el capo que se alió con el ultraviolento cártel mexicano de los Zetas en 2008 para desplazar a los ganaderos que anteriormente habían controlado el narcotráfico regional (Anónimo, 2011; Gálvez Suárez, 2014). Arrestado y extraditado a EE. UU. en 2012, fue deportado inexplicablemente a Guatemala en 2019, donde se desconoce su paradero (Staff, 2019a). Kevin, uno de sus hijos,  también fue arrestado en 2011 en una fiesta organizada por Los Zetas (Staff, 2019b). Horst Walter, otro hijo con el nombre del abuelo,)fue apresado recientemente por agresión de género (Chumil, 2019). Digna de un drama de Shakespeare, esta familia muestra cómo los individuos pueden cambiar de alianza en el laberinto sombrío de la política de esta región.

Un ejemplo distinto de cambio de lealtades es el líder guerrillero “César Montes” (Julio César Macías López)[5], que regresó a esta región después de los Acuerdos de Paz para dirigir una organización sin fines de lucro, la Fundación Luis Augusto Turcios Lima. Está nombrada en honor al fundador de las FAR que, como tantos otros militares guatemaltecos, recibió entrenamiento en la “Escuela de las Américas” de la Fortaleza Benning, en Georgia (EEUU), pero se rebeló contra los élites (Solano, 2007). A pesar de la retórica de apoyo al desarrollo agrario integrado para los pueblos mayas, se informa que Montes ahora apoya a diversas empresas (azúcar, caucho, dos empresas de níquel, aceite de palma, aserradero). De hecho, las declaraciones del caso canadiense Hudbay incluyen correos electrónicos en los que Montes recomendó que la empresa usara sobrevuelos en helicóptero para infundir miedo en la población Q’eqchi’ “sin costar nada extra” (Binks-Collier, 2020).

Cuando un ex-guerrillero se cambia de lado después de años en la montaña, ¿en quién confiar entonces? Quizás en nadie y todos. La desconfianza hacia individuos que pueden ser corrompidos es una de las fortalezas del liderazgo Maya.

Conclusiones

Los colonizadores saben desde hace mucho tiempo que la mejor manera de mantener el poder es dividir y conquistar. Espacialmente, los invasores españoles hicieron esto reubicando a los pueblos mayas en reducciones que se convirtieron en municipios.  En cambios dramáticos como ése, la represión puede crear nuevas identidades y nuevas comunidades en lo que Bastos llama “reetnización” (2021a). Aunque los Acuerdos de Paz renovaron las oportunidades para que el movimiento Maya se reuniera y organizara más allá del pueblo o del grupo lingüístico, muchas organizaciones Mayas permanecieron divididas, en parte porque tenían que competir por los escasos recursos de los donantes.

Sin embargo, algo parece haber cambiado en la última resistencia a los desalojos Q’eqchi’es en El Estor. Solo los organizadores del CUC investigaron la masacre de Panzós,  pero las comunidades Q’eqchi’ ahora tienen sus propios periodistas como Carlos Choc (Bastos, 2021b) y publicaciones como Prensa Comunitaria.  En el calendario maya, los nacidos el día de Aj K’at (red tejida) son conectores y líderes. La cosmología Q’eqchi’ honra este tipo de liderazgo al nombrar a sus líderes Aj Pop, aquellos que se sientan sobre una estera tejida que representa la voluntad común de las fibras de la sociedad. Los periodistas indígenas que tejen y conectan historias que la prensa convencional no quiere contar son conectores heroicos.

Mientras escribo estas palabras, el Bernardo Caal Xol enfrenta su cincuentenario en prisión, como preso político por defender el río sagrado Cahabón que se une al Polochic que desemboca en el lago Izabal. Antes de ser encarcelado injustamente, Bernardo se desempeñó como traductor de la emotiva presentación del libro de la antropóloga Victoria Stanford a la comunidad de Panzós en el 32 aniversario de la masacre. La nieta de Adelina Caal, María Maquin, dio un emotivo discurso sobre cómo sobrevivió a la masacre siendo una niña de 12 años (Sanford, 2011). Tales conmemoraciones son esenciales porque la mitad de la población de Guatemala nació después de la guerra civil.

Se podría argumentar que la masacre de Panzós fue única no solo porque fue la primera de una larga lista de comunidades Mayas masacradas, sino porque muchas personas en Guatemala se organizaron de inmediato para denunciarla. Una vez más hoy, los jóvenes están reorganizando su parentesco y sus relaciones a través de las redes sociales. Para los investigadores que se preocupan por indagar, las élites también revelan sus linajes y alianzas en selfies, páginas de Facebook, y sitios genealógicos (de hecho, consulté Prezi para ver parte del árbol genealógico de Overdick descendiente de Hans Overdick Kern, el colono alemán). Con múltiples autores anónimos, el ensayo de Wikipedia sobre Panzós, por ejemplo, es uno de los relatos más precisos y completos de la masacre. La voz común crea la verdad.

Los activistas urbanos, especialmente los estudiantes, se solidarizan con los movimientos rurales mayas como no lo han hecho en mucho tiempo.  A principios de este año, unas 252 organizaciones, incluida la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mama Maquin, condenaron el hostigamiento de los periodistas Q’eqchi’es y defensores ambientales. Cuando las comunidades Q’eqchi’es desafiaron a la oligarquía para bloquear el paso a la mina de níquel, cientos de jóvenes, organizaciones mayas aliadas, aliados internacionales e incluso columnistas de los principales periódicos siguieron los acontecimientos. Cuando el presidente Giammattei (¡otro apellido europeo!) declaró el estado de sitio el 25 de octubre de 2021, estos aliados llegaron para documentar la represión en El Estor.

Debido a la pandemia, solamente he podido seguir de lejos las manifestaciones y denuncias por las redes sociales, unidas por un símbolo tejido, las #hastags, #ElEstorResiste y #Todos SomosElEstor. Que tanta gente en Guatemala que nunca ha puesto un pie en El Estor estén uniéndose en nombre de las comunidades Q’eqchi’, me sugiere que algo profundo está cambiando en Guatemala. Al igual que la masacre de Panzós, la lucha actual en El Estor se ha convertido en un símbolo de resistencia a la extracción y el falso parentesco corporativo. El discurso y la creatividad que he presenciado en Twitter me da esperanzas de que un día cercano el movimiento social y popular de Guatemala se una para seguir los pasos de Chile y ganar una asamblea constituyente plurinacional.[6]

A medida que los mayas entrelazan sus movimientos con un tejido más compacto para enfrentar a oligarquía que ha gobernado Guatemala durante demasiado tiempo, las montañas temblarán más de lo que cualquier dinamita minera corporativa podría hacerle a las sagradas colinas vivas del Polochic.

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[1] Universidad de California, Departamento de Estudios de Pueblos Nativos Americanos. [email protected]. Nacida un 2 (Ka) K’at quien por lo tanto tiende a notar dualidad y conexiones transnacionales. Escrito 13 de enero 2022, 50 cumpleaños de Bernardo Caal, 12 Oc, 13.0.9.3.10

 

[2] En Costa Rica, sin embargo, Stone (1990) pudo rastrear todos los presidentes de Costa Rica a tan solo dos conquistadores.

[3] Israel, beneficiario de la ayuda militar estadounidense, vendió armas a Guatemala incluso después de que se suspendiera la asistencia militar estadounidense (Doyle, 2002) y tenía hasta 300 asesores en Guatemala a principios de la década de 1980 (Vargas Foronda, 1984). De hecho, las armas utilizadas en la masacre de Panzós eran semiautomáticas de fabricación israelí (Engelman, 1978).

[4] Incluso al 6%, las regalías de Guatemala son minúsculas en comparación con otros países como Chile que recaudan el 36% de los ingresos mineros (Moreno & Salvadó, 2017).

[5] Un joven Eduardo Galeano pasó por Panzós en busca de una entrevista con el legendario comandante guerrillero César Montes (Galeano, 1967).

[6] Una mujer indígena mapuche, Elisa Loncon, encabeza la asamblea constituyente de Chile.

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