El juez Miguel Ángel Gálvez solicitó protección a su integridad y a su independencia judicial por el alto cargo que desempeña, sin embargo, la CSJ no se ha pronunciado, a pesar de ser públicas las amenazas y hostigamientos de parte de grupos conservadores.
Por Juan Calles
Por medio de un memorial, el juez Miguel Ángel Gálvez solicitó, este 17 de mayo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se pronuncie respecto a las coacciones y amenazas que ha sufrido en el ejercicio de la función judicial, además pide que la Corte adopte medidas de protección y garantice su independencia judicial. La CSJ no se ha pronunciado al respecto.
Después de enviar a juicio a nueve militares de alto rango por el caso del Diario Militar, el juez Gálvez ha sido objeto de coacción y amenazas por parte de Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo.
En el documento, Gálvez expone que en medios de comunicación y redes sociales Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, lo han hostigado, incluso, amenazando su intimidad y su independencia judicial.
“Aunado a las acciones intimidatorias descritas, los integrantes de la Fundación contra el Terrorismo han promovido múltiples denuncias penales y solicitudes de antejuicio en mi contra, agravando la criminalización indebida de la que he sido víctima en los últimos años. Dicha acción, que atenta contra mi independencia judicial, fue hecha pública en medios de comunicación”, se lee en el memorial enviado este día a la CSJ por el juez Gálvez.
Ante los hostigamientos, dice el documento, y con base en el artículo 10 del Código Procesal Penal: “Queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría, que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrá hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza, que pudiera impresionar o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador”.
También agrega que: “el juez que sufra alguna interferencia en el ejercicio de su función lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la que deberá tomar las medidas adecuadas paras hacer cesar dicha interferencia”.
El 6 de mayo, el juez Gálvez, quien preside el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, resolvió enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías, por las desaparición forzada de opositores políticos que aparecen listados en el Diario Militar, un documento de la inteligencia militar del ejército, que evidencia como, bajo el consentimiento del Estado, vigiló, persiguió, detuvo y desapareció a más de 183 personas durante el gobierno de facto del general Óscar Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
Dicha resolución ha sido objetada por sectores de derecha extrema que con amenazas buscan detener los procesos contra los militares y policías que han resultado involucrados en delitos de lesa humanidad como tortura, violación, asesinato y desaparición forzada.
En días anteriores el juez había denunciado la misma situación ante el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, pero hasta la fecha no existe pronunciamiento de la CSJ.
