Por crímenes de lesa humanidad nueve militares y expolicías enfrentarán juicio en el caso del Diario Militar o Dossier de la Muerte. Por un lado, los familiares de las víctimas tienen esperanza en la justicia; y por el otro, las estructuras de violencia e impunidad se sentarán en el banquillo de los acusados. En el país se espera conocer la verdad.
Por Juan Calles
El tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, luego de 21 audiencias, decidió enviar a juicio oral y público a nueve exmilitares y expolicías acusados delito de desaparición forzada, delitos contra deberes de la humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa.
Los militares y expolicías que deberán enfrentar juicio son: José Daniel Monterroso Villagrán, Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa, Rone René Lara, Jacobo Esdrás Salán Sánchez, Marco Antonio González Taracena, Juan Francisco Cifuentes Cano y Gustavo Adolfo Oliva Blanco.
El poder que ejercen estos personajes ligados a estructuras que mantuvieron al pueblo guatemalteco en vilo, durante varias décadas, aún se siente en la sala de audiencias; los periodistas arrinconados en una esquina de la sala, tenían dificultades para fotografiar a los acusados de frente, si alguien lo intentaba de inmediato se quejaban abogados defensores y las auxiliares del juez.
Algunos de los acusados militares se presentaban en batas de hospital, unos en sillas de ruedas, dejándose ver débiles y enfermos, haciendo su máximo esfuerzo para ocultar a quien en su juventud torturó y violó a dirigentes sociales y sus familiares.
Entre los ligados a juicio hay personajes que pertenecieron a redes criminales como la Cofradía, la red Moreno, el grupo Salvavidas, todas estructuras de robo y saqueo en aduanas y otras instancias gubernamentales. En este juicio se lleva frente a la ley a algunos de los hombres más violentos que ha conocido Guatemala.
Una audiencia de tres días y la apuesta por la justicia
La mañana del 4 de mayo estaba marcada en el calendario con un círculo rojo, ese día iniciaría a las 9 y media de la mañana, la audiencia en la que el juez Gálvez anunciaría su decisión, en las afueras del palacio de justicia un grupo de familiares y organizaciones de víctimas del Diario Militar organizaron una instalación en la que sillas vacías con fotografías de sus familiares representaban la ausencia, el vacío, la falta de justicia, pero también la esperanza, “ellas y ellos tienen una silla en primera fila, en estos momentos”, dijo un familiar.
En la sala del tribunal de mayor riesgo, el juez Gálvez anunciaba que la audiencia se dividiría en dos días (sin embargo se alargó a tres) por lo complejo del caso y “quiero que todo quede bien claro para todas las partes, no me voy a tardar mucho, pero voy a explicarlo todo”, dijo el juez, que vaticinaba una larga jornada antes de dar a conocer su decisión final.
En medio de su alocución, el juez debió reprender a uno de los abogados de la defensa de los militares, pues mientras leía fragmentos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el defensor negaba con la cabeza. Gálvez dijo, molesto: “Abogado, yo lo escuché respetuosamente en su alocución, igual que a todos los sujetos procesales, ahora escúcheme usted a mí”. El resto de abogados de la defensa se limitó a pegar su mirada en las pantallas de sus celulares.
Mientras tanto, en las afueras de la torre de tribunales, en la plaza de los derechos humanos, fueron colocados claveles rojos, mantas amarillas, fotografías en blanco y negro; había tensión y esperanza en el ambiente. Esa mañana, Alejandra Cabrera buscaba entre las sillas la fotografía de sus padres, caminaba lentamente observando los rostros en blanco y negro; cuando encontró la foto de su madre, se paró junto a ella, sonrió y levantó la mirada hacia los fotógrafos, como diciendo, la encontré, ahora si tomen fotos.
Alejandra Cabrera, con voz tranquila, contó como sus padres fueron detenidos en marzo de 1984, cuando ella era una niña. Su madre fue liberada meses después; hoy aún busca a su padre Eleuterio Leopoldo Cabrera García. “Ella ya no vio esta justicia, pero nunca dejó de buscar a mi papá”, mencionó. Cabrera es parte de los familiares querellantes en contra de los militares y policías que resultaron involucrados en los crímenes relatados en el diario militar.
Otro de los militares que enfrentará juicio por orden del tribunal de mayor riesgo es el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien al momento de los hechos era el subjefe del curso de adiestramiento y operaciones especiales “kaibil”. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el coronel ha sido vinculado a varias redes de crimen organizado, entre ellas la Red Moreno, el grupo “Salvavidas” y la Cofradía.
Tan solo mencionar el nombre de Salán Sánchez o La Cofradía provoca el temor de las personas que conocen el recorrido de violencia y terror de los que se le señala; entre los documentos que el juez Gálvez leyó para justificar su decisión se encuentra el de un testigo que lo involucra con el asesinato de una familia completa, incluidos niños, una familia cercana a él mismo precisamente de apellido Salán.
En 2014, tras una investigación del Ministerio Público y la CICIG, Salán Sánchez fue condenado por el robo de Q120 millones del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Alfonso Portillo. Salán Sánchez también fue involucrado en casos de violaciones de derechos humanos, como el secuestro y asesinato de varios estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, (USAC), en 1989.
Una Estructura bien organizada para torturar y asesinar
Las historias son dantescas, pasillos oscuros y llenos de sangre, olores fétidos, violaciones masivas, toques eléctricos en los genitales, tortura psicológica; “si no nos das información matamos a tu hija”, le decían a una señora que veía cómo los militares se llevaban a su pequeña de 4 años.
El ejército de Guatemala se organizó junto a la policía nacional para realizar estos hechos atroces contra quienes eran calificados como “enemigo interno”, enemigos del Estado. El juez Gálvez leyó un documento desclasificado en el que se informaba que para no dejar pruebas de las torturas y asesinatos lanzaban los cadáveres al mar desde aviones del ejército, “Algunos aún iban vivos”, se lee en el documento.
De no ser por algunos sobrevivientes y por el descubrimiento del Diario Militar y el Archivo Histórico de la Policía Nacional, estos hechos continuarían ocultos, cobijando con el manto de la impunidad a estos militares y policías que ahora deberán enfrentar juicio.
Como parte de sus conclusiones, el juez Miguel Ángel Gálvez solicitó al Ministerio Publico investigar a Toribio Acevedo Ramírez, actualmente prófugo, otro militar identificado por testigos y ubicado como uno de los torturadores más sanguinarios que fue en años recientes jefe de seguridad de la empresa Cementos Progreso.
Mientras el juez Gálvez leía sus conclusiones, familiares de víctimas de desaparición forzada mostraron fotos de sus familiares, a pesar de la prohibición, en ese momento se sintió un silencio respetuoso y profundo, algunos familiares con lágrimas en los ojos comentaban que se sentía la presencia de ellos y ellas, de quienes hoy encontraron un poco de justicia.
De edad avanzada, algunos de ellos enfermos, los militares y expolicías enfrentarán a la justicia, por crímenes que cometieron contra ciudadanos guatemaltecos, aunque hoy se vean débiles, estas personas fueron señaladas de haber estado al mando de estructuras clandestinas que aterrorizaron a una parte importante de la población guatemalteca durante el conflicto armado interno.
