Por Regina Pérez y Paolina Albani
La elección de Fiscal General se encuentra en un entrampamiento luego de que la Comisión de Postulación no lograra conformar la nómina que entregará al presidente Alejandro Giammattei. Este viernes se conoció que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el amparo provisional a los abogados que accionaron en contra de la Postuladora y el presidente, lo cual obligaría a la Comisión a elegir al sexto candidato, entre los que se encuentra Consuelo Porras, que ha sido el centro de la controversia.
Según dos abogados consultados por Prensa Comunitaria, la resolución de la CC no puede obligar a los comisionados a incluir a Porras en la lista final.
La resolución de la Corte, que fue dada a conocer por “netcenters” antes que la propia CC y medios de comunicación, señala que por “prevención”, decreta el amparo provisional que ordena a la Postuladora a conformar la nómina de Fiscal General, atendiendo criterios meritocráticos, de conformidad con lo que la misma Comisión aprobó en el acta de la sesión del 22 y 23 de febrero.
En dicha sesión, la Postuladora avaló por unanimidad que el voto mínimo para que los candidatos estén en la votación final sería de 75 puntos. La Comisión tuvo que bajar dicha puntuación a 60, debido a que solo dos candidatos, la fiscal Porras y el magistrado Néstor Guilebaldo de León obtuvieron más de 75 puntos.
La Comisión de Postulación suspendió ayer la sesión permanente en la que se encontraba, donde después de nueve rondas de votación no conseguía elegir a ningún candidato y programó la próxima sesión para el sábado 23 de abril.
Sin embargo, al conocerse la resolución de la CC, que otorgó el amparo provisional a los abogados Erik Castillo, vinculado a Roberto López Villatoro, “Rey del Tenis”, conocido por haber sido operador en elección de Cortes, y Maynor Caté, la Postuladora convocó a una nueva reunión este viernes a las 4 de la tarde.
⚠️🚨La @CCGuatemala da conocer la resolución que ordena a la Postuladora elegir a los seis candidatos, de conformidad con lo que aprobó la Comisión el 22 y 23 de febrero, cuando aprobó que la puntuación mínima para que candidatos entraran en votación final sería de 75 puntos. pic.twitter.com/hu5SpCkJdQ
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) April 22, 2022
En la resolución, la CC también señala que remitía el amparo al Juzgado Sexto, porque según el artículo 14 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es un juez de primera instancia el que debe conocer el amparo promovido en contra de la Comisión de Postulación.
El abogado Eddie Cux, de Acción Ciudadana, opinó que hay una manipulación de las normas por parte de la CC para beneficiar políticamente a ciertas personas. “Es clara la manipulación dentro de los procesos, porque la Ley de Amparo es clara en indicar las competencias de la CC y otros Tribunales de Amparo”, dijo Cux.
Según el abogado, tenía que ser un juzgado de instancia el que debía conocer dicho recurso. “Con la excusa de dar una medida urgente como el amparo provisional, le dan trámite de forma ilegal, en fraude de ley, y emiten un amparo que casi obliga a la Comisión de Postulación a incluir a Consuelo Porras dentro del proceso”, agregó.
La resolución no es tan expresa en definir que designen a Consuelo Porras, sino que remite al acta que aprobó la Comisión de Postulación, en la que los comisionados establecen un límite en la puntuación, que es de 75 puntos, dijo el abogado.
Cux indicó que si bien los comisionados aprobaron un puntaje, esa calificación es solo un parámetro. “El espíritu de la norma es que con base a las objeciones y criterios de los comisionados, deben establecer si la persona es honorable y ética, los méritos que menciona la CC pueden ser ponderados a través de una puntuación, por haber cumplido con requisitos formales, pero en este caso la decisión de asignar a cierto candidato como elegible también obedece a criterios de honorabilidad y de ética que eso no se puede ponderar”, señaló Cux.
El problema es que la Corte influye en otro organismo del Estado que es la Comisión y atenta contra su independencia, manifestó.
Por su parte, el abogado Ramón Cadena calificó dicha resolución como “ilegal” y manifestó que están interfiriendo en la Comisión de Postulación. Según Cadena, “la resolución de la CC no puede ordenar que elijan a alguien, eso es ilegal”.
Porras, cuestionada, es el centro de la discordia
Porras es la candidata mejor calificada, pero también quien tuvo más objeciones en su contra, por su inclusión a la lista Engel y el señalamiento del plagio de su tesis doctoral, que le valió 15 puntos, razón por la que llegó a sumar 90 puntos en la tabla de gradación.
Los comisionados en su momento decidieron validar su tesis doctoral y en las nueve rondas de votación que se han realizado, los que están a su favor esgrimen que es la candidata con mayor punteo y experiencia, justificando su voto.
Sin embargo, un grupo de 7 decanos se niega a votar por Porras y han considerado sus votos a favor de la candidata Silvia Juárez y el candadito Maynor González, con 67 y 61 puntos respectivamente.
La presidenta de la Comisión, Silvia Patricia Valdés, que ha votado a favor de Porras, incluso pidió el pasado jueves a los decanos que votaron en contra de la Fiscal que explicaran sus votos. Según Valdés, quizá entre los argumentos de los decanos esté “que tengan algún tipo de presión, alguna instrucción de su universidad, que sea un tema político, que sea un tema ideológico, pero que lo discutamos”.
Para el abogado Cadena, lo que está ocurriendo en la Comisión de Postulación es una muestra de las arbitrariedades que ha cometido la misma Postuladora, porque ellos le dieron una calificación de 90 puntos a una candidata que no merecía tener el punteo más alto, por estar seriamente tachada.
Según el entrevistado, “la Comisión está enredada en su propia actuación arbitraria”.
Cadena recordó que los cuestionamientos hacia Porras no solo se relacionan con el plagio de su tesis, sino también con su actuación como fiscal general, aspectos que cuestionan su idoneidad y su honestidad, lo cual no la hacen competente para su reelección. “Si a eso sumamos que hay una denuncia de plagio, eso ya la debería de descalificar, no se necesita una sentencia que determine que hubo plagio”, afirmó.
Actualmente la Comisión enfrenta varias presiones, ya que también la Fundación contra el Terrorismo denunció a los siete comisionados que no han votado por Porras. “Nos parece atroz lo que está sucediendo en la Comisión”, dijo Cux.
Según Cadena, esto es una muestra de lo viciado que está el procedimiento de elección de Fiscal General y de que el sistema de Comisiones de Postulación para elegir a las altas autoridades del sistema de justicia debería cambiar.
Estrategia de cooptación del Estado
La elección de Fiscal General se ha desarrollado en medio de varias controversias, señalamientos y presiones contra comisionados, incluso desde la propia Fiscal General, que advirtió a la Postuladora no revisar su tesis doctoral ya que eso constituiría una intromisión de las Universidades, lo que conllevaría responsabilidades penales.
Los jueces, que participaron en la elección de 2018, no pudieron participar en este proceso por un amparo de la Fundación contra el Terrorismo, que fue declarado con lugar por la CC. También se han interpuesto denuncias en contra de comisionados y se han hecho publicaciones al respecto, como los casos de David Gaitán, de la Universidad Da Vinci y Hugo Rolando Escobar, de la Universidad Rafael Landívar. El primero renunció a la Comisión.
Adrián Zapata, analista independiente, refirió que el escenario en que se realiza la designación de la nómina para Fiscal General del MP se ha enmarcado en la estrategia de quienes buscan la cooptación del Estado. Es decir, las redes político criminales cuya fuente de enriquecimiento son los negocios que hacen con Estado y que necesitan de la corrupción e impunidad para garantizar la supervivencia de este modelo económico. Entre los actores de esta red hay empresarios que velan por que sus intereses de ellos no sean afectados y también subyacen los intereses del narco.
“No trabajan juntos, pero hay una coincidencia en la intención de cooptar la institucionalidad estatal en estas agrupaciones. En esto el MP es una pieza clave y con Porras lo han logrado, lo que quieren ahora es mantenerlo”, dice Zapata quien además menciona que Porras no es indispensable para el esquema.
“La lista que hasta ahora ha avanzado en la comisión ya contiene personajes funcionales a los intereses referidos porque puede haber otros que desempeñen el rol de Porras. Aun así, hay una porción de estos sectores que quieren que esa función sea ejercida por la actual fiscal”.
Jorge Luis Donado Vivar, actual jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien integra la nómina consensuada por la comisión de postulación, sería uno de los posibles reemplazos de Porras. “Él sería funcional para los intereses de las redes”, indicó Zapata.
Más allá de quién sea nombrado como Fiscal General del MP, lo que las redes político criminales buscan es asegurarse de que “lo que sucedió en tiempo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no se repita. Hay un espíritu de venganza. Lo que se avanzó en tiempos de la comisión ya empezó a ser desmontado por las estructuras. Esto se debe a que piensan que el MP y la CICIG fueron parciales en las investigaciones”, aseguró el analista.
Zapata agregó que la continuidad de Porras es una decisión que puede tener un costo político para las estructuras y parecen dispuestos a contradecir a EE.UU. que ve con alarma para sus intereses de seguridad que el gobierno no es funcional por la cooptación y los manejos del narco.
De esta situación pueden darse tres escenarios pesimistas, de acuerdo a Zapata. El primero, que la resolución de la Corte de Constitucionalidad, al dar el amparo provisional, obligue a la comisión de postulación a incluir a Porras. El segundo, sería que no la incluyan pero sí incluyan a otros para que el pacto de corruptos tenga “opciones”. Y tercero, que el proceso se paralice como ocurrió en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no se presente la lista y se prolongue de la gestión de Porras.
Pese a estos escenarios Zapata hace hincapié en que “vale la pena seguir luchando para que la cooptación del Estado pare”.
Si bien reconoce que la situación judicial “está peor que antes de la llegada de la CICIG”, recuerda que todo proceso genera una reacción y los “péndulos tienen un retorno”. En otras palabras, la búsqueda de justicia abanderada por la CICIG regresará con más fuerza de la que se está impulsando ahora pues nada es permanente, concluyó.
Tras los acontecimientos de esta semana, todo indica que la Comisión tendrá que definir una lista de seis candidatos que tendrá que ser entregada, a más tardar, el 25 de abril.
Fiscal General: un amparo presiona más a la Postuladora que no logra elegir a sexto aspirante
