Créditos: Encuentro Continental Mujeres, Territorio y Libertad de Expresión. Abril de 2022. Foto: Nelton Rivera
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La imposición de una agenda e ideologías conservadoras, la falta de financiamiento, la negación de espacios de comunicación y la desprotección son algunas de las limitaciones que periodistas, comunicadoras y activistas de Latinoamérica tienen en común.

 

Por Prensa Comunitaria

Periodistas, comunicadoras, feministas, cineastas y activistas de derechos humanos de El Salvador, México, Honduras, Bolivia y Colombia, contaron las limitaciones y dificultades que han enfrentado al intentar reivindicar su derecho a la defensa de la libertad de expresión en el “Encuentro Continental Mujeres, Territorio y Libertad de Expresión” que se celebra en Guatemala desde el 25 de abril.

Las personas que participan en este foro tienen en común una historia como víctimas de violencia. Ejercida, principalmente, por el poder político y económico que, muchas veces, es permitido por los gobiernos de sus países. Sus relatos incluyen abusos de poder, amenazas, persecución, difamación, acoso cibernético y sexual, estigmatización, violencia de género e incluso, asesinato de personas cercanas.

En medio del acoso y la persecución, reflexionaron sobre las implicaciones de continuar con sus labores y han reafirmado que la lucha por el derecho a la libertad de expresión vale pena.

Estos son sus testimonios.

Colombia: persecución por denunciar al narco-gobierno

Nancy Bravo, autoridad indígena del municipio Toribío, en el departamento de Cauca, Colombia. Abril de 2022. Foto: Paolina Albani.

Colombia firmó la paz entre el Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionadas (FAR) en 2016. Durante 4 años, tuvieron tranquilidad, pero a partir de 2020, inició una nueva ola de asesinatos y señalamientos contra quienes han denunciado los malos manejos del gobierno y su complicidad con el narco, y las fuerzas armadas.

“El temor es que cada vez damos más pasos hacia atrás. Una vez expresamos las situaciones que ocurren en las comunidades y las organizaciones, empiezan a circular panfletos y amenazas. El Gobierno criminaliza en los panfletos y los grupos armados hacen efectivos los asesinatos. Eso genera temor. Eso no permite que las denuncias avancen. Es un proceso bien organizado por el Gobierno. Nos están aplicando estrategia de guerra”, indicó Nancy Bravo, de 48 años, autoridad indígena del municipio Toribío, en el departamento de Cauca, Colombia.

Las veces que han denunciado el acoso y la desprotección, el gobierno les ha ofrecido ponerles seguridad y un vehículo,  pero los líderes comunitarios saben bien que se trata de un engaño para controlarlos y saber a dónde va, qué hacen y con quién. La respuesta ha sido “navegar”, es decir, no rechazar la protección, pero tampoco confiar en las buenas intenciones.

La desconfianza ha llevado a las comunidades indígenas del Cauca a fortalecer a los guardias indígenas para protegerse y, también, al territorio. Han acudido oenegés amigas para publicar las agresiones que sufren a manera de llevar registro y visibilizar la situación de violencia y acoso, las cuales las autoridades de seguridad ignoran.

“Como pueblos indígenas sabemos que supervivir no es fácil. Sabemos que la ambición por los territorios se mantendrá siempre allí. Si acaban con los territorios no hay esperanza de vida para los que vienen detrás. El deber que tenemos es luchar para tratar de garantizar una vida digna. La ambición por los territorios nos va a matar. Si nos quedamos callados nos matan despacio, si hablamos y nos defendemos… A lo mejor, nos matan a algunos, pero no a todos. Si vamos a morir que sea luchando, que sea en defensa y que sea por algo”, afirmó la lideresa.

 

Guatemala: Criminalización de periodistas comunitarios

Anastasia Mejía, periodista comunitaria maya-k’iche’ y directora de la estación de radio Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV. Abril de 2022. Foto: Paolina Albani.

Anastasia Mejía, periodista comunitaria maya-k’iche’ y directora de la estación de radio Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, fue detenida en septiembre de 2020, cuando realizaba la cobertura y transmisión desde su celular, de una manifestación pacífica que terminó en la quema de la alcaldía de Joyabaj, Quiché. El alcalde de esa municipalidad, Florencio Carrascoza, la señaló de pertenecer al grupo de manifestantes que iniciaron el fuego. Pasó un año en prisión antes de ser absuelta de los cargos.

Su experiencia ante el sistema de justicia le ha dejado una triste reflexión: “La libertad de expresión no existe en Guatemala”. “Los periodistas damos nuestras vidas, nos ponemos en peligro, nos arriesgamos, pero debemos tomar medidas de seguridad porque estamos expuestos ante cualquier situación, incluso la muerte. No tenemos a dónde recurrir. La única esperanza que tenemos es unificarnos los periodistas, comunicadores, organizaciones, indígenas.  A los corruptos les duele que los jalemos desde los pies y los arrastremos”, indicó en el encuentro.

¿Valió la pena estar en prisión? Le preguntaron. Ella con un resoplido contestó: “Cuándo no”. A pesar de que su injusto encarcelamiento, hoy sabe que su caso fue orquestado por el Ministerio Público y el alcalde de Carrascoza, a quien le resultada incómoda su labor fiscalizadora.

“Persisto -en el periodismo- por el compromiso que tengo de ayudar a cambiar este país. Si no hacemos nada qué futuro dejamos a quienes vienen detrás de nosotros”, explicó.

Mejía no ha sido la única injustamente perseguida. Carlos Choc y Juan Bautista Xol, periodistas Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, también han sufrido vejámenes de parte del régimen por documentar los abusos cometidos por la minera rusa Fénix.

México: intimidaciones y asesinatos de periodistas

La situación de libertad de expresión es mucho más tensa en territorio mexicano. En los últimos tres meses, 8 periodistas han sido asesinados, de acuerdo a Gloria Muñoz, directora del medio de comunicación “Desinformémonos”.

Muñoz compartió el caso de Sabin Flores Soberanis, asesinado en febrero de 2019, como uno de los ejemplos de persecución en contra de periodistas en México. Flores Soberanis fue fundador de una radio que transmitía la defensa comunitaria en contra de un proyecto extractivo que incluye una termoeléctrica, dos gasoductos, un acueducto y que atraviesa tres estados.

“Esta polarización desde el Palacio Nacional provoca que los asesinos de periodistas se sienten con luz verde para cometer estas acciones.  En abril, allanaron en 3 ocasiones la vivienda de una compañera de lucha de Flores Soberanis, Miriam Vargas, quien también trabaja en una radio. Le robaron papelería, le pusieron un cuchillo en la cama. Los agravantes son muchos porque el mecanismo de protección no los acoge”, indicó Muñoz quien reconoció que existe una descalificación presidencial a las organizaciones que están haciendo la investigación de las muertes. “Dicen que son defensores pero periodistas no y creo que hay que reivindicar su labor”, refirió.

 

El Salvador: limitación radial

El panorama en El Salvador tampoco es alentador, es más, es limitativo y burocrático.  Bessy Ramírez de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador (ARPAS), contó que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones se ha negado a renovar 9 de 18 concesiones de radios que han solicitado. Y teme que si no son renovadas las radios comunitarias pueden ser clausuradas.

“Existe una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que permite acceder a frecuencias radiales a través de proyectos, pero nos lo han negado. El gobierno dice que las radios comunitarias no cumplen con los requisitos”, refirió en el encuentro.

“Es constante el acoso que vivimos como medios comunitarios. Afectan a las comunidades que hacen uso de estos medios. Son las comunidades quienes, históricamente, han estado excluidas y a las que se les ha negado la libertad de expresión y a los medios se que vuelven críticos al gobierno. También se estigmatiza a las mujeres que hacemos periodismo alternativo. Tampoco tenemos acceso a la información y coarta el libre ejercicio periodístico, porque acudimos a las instancias y lo único que nos dicen es que la información es reservada. Estamos amenazados”, dijo.

 

Argentina: los cercos mediáticos y la desfinanciación

María Eugenia Waldhüter, del colectivo editorial “Marcha Noticias”, en Buenos Aires, Argentina. Abril de 2022. Foto: Paolina Albani.

Para María Eugenia Waldhüter, del colectivo editorial “Marcha Noticias”, en Buenos Aires, Argentina, la labor del periodismo comunitario, feminista y alternativo tiene mucho que ver con crear una agenda propia que incluya acompañar procesos populares, de lucha, de resistencias, de reivindicaciones y, al mismo tiempo, atravesar los cercos mediáticos de difusión.

“En nuestros países, el periodismo comunitario y el periodismo alternativo no es visto como lo suficientemente profesional sino se ejerce desde las empresas de comunicación. El periodismo popular y comunitario al poder le incomoda y sí lo reconocen de una manera tenebrosa”, aseguró.

Las dificultades periodísticas que ha atravesado también tienen que ver con la multiplicidad de tareas que se deben asumir para llevar adelante la comunicación. Una de ellas es el financiamiento.

“Para poder mantener la labor hay que sostenerla financieramente, hay que poder armar un cuerpo de organización. A veces, la búsqueda de recursos complica la posibilidad de dar estabilidad a esos procesos de comunicación. Cuestionar o estigmatizar la profesionalidad con la que nos desempeñamos ya es una manera de instalar un relato para deslegitimar la tarea que hacemos. Tampoco tenemos la capacidad de incidir en las agendas porque estamos rodeamos de emporios de comunicación. El sistema de medios está muy concentrado en Argentina. Necesitamos hacer alianzas para amplificar nuestros relatos”, afirmó.

 

Brasil: vulnerabilidad ante el ciberacoso

Si bien antes las redes sociales representaban una libertad en la democratización digital, ahora representan una herramienta de ataque para excluir y silenciar, reflexionó Vanesa Oliveira, profesora de periodismo en una universidad privada de Brasil, durante el encuentro.

“La ciberseguridad sigue siendo un problema. Estamos súper vulnerables. Ellos -el poder- lo saben y lo que hacen es fragmentarnos Es un problema ideológico porque tenemos un sistema que se ha convertido en una clausura. La ideología de ellos es callarnos, marginarnos y empiezan desde lo virtual, desde la desacreditación, sobre todo de las mujeres periodistas. Cuando los activistas están actuantes jaquean sus perfiles de redes sociales, los difaman. Por ejemplo, el caso de Patricia Camposmelo, que es periodista de política internacional, pero desde la reelección de Jair Bolsonaro empezó a hacer una investigación de las elecciones y la difamaron diciendo que cambiaba información por sexo. Aunque estamos en grupos de WhatsApp no tenemos método de hacer circular la información ni para protegernos.”, concluyó Oliveira.

Las mujeres periodistas, comunicadores y activistas seguirán compartiendo sus experiencias a lo largo de la semana de duración del encuentro que también abordará el extractivismo y medioambiente, el abordaje a las problemáticas, medidas de seguridad, entre otros.

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