Por Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo
Guatemala: Criminalización y obstaculización del ejercicio profesional de abogadas ex integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
Las abogadas Claudia González, Leydi Indira Santizo Rodas y Flor María Gálvez están sufriendo represalias por la labor realizada como exmandatarias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)[1] y por la defensa técnica de fiscales y exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI)[2].
Esta situación de riesgo de las abogadas se enmarca en un contexto de retroceso en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la persecución judicial en contra de personas operadoras de justicia y ex integrantes de la CICIG, comprometidas con la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y corrupción.
El ejercicio de la abogacía involucrada en este tipo de asuntos está siendo criminalizado, observándose un particular ensañamiento hacia las mujeres abogadas que defienden a otras mujeres comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala. Las denuncias consisten frecuentemente en acusaciones infundadas que califican su ejercicio profesional como delincuencia organizada que obstruye el funcionamiento de la justicia.
Además del riesgo de criminalización, las abogadas se enfrentan a graves obstáculos a la hora de ejercer la defensa en estos procesos judiciales. En particular, denuncian irregularidades y arbitrariedades manifiestas en los procedimientos: ocultación de información e imposibilidad de acceso a los expedientes de sus clientes e incongruencias y ausencia de argumentación jurídica en las resoluciones judiciales, lo que atenta directamente contra el derecho a la defensa y al debido proceso.
Leydi Indira Santizo Rodas, abogada exmandataria de la CICIG se enfrenta en la actualidad a cargos por presunta obstrucción a la justicia, habiendo permanecido en detención preventiva injustificada durante 28 días. Según la información recibida, la detención tiene su origen en la defensa técnica que la abogada estaba realizando de la fiscal de la FECI, Eva Siomara Sosa Pérez, quien también se enfrenta a un proceso judicial en su contra.
La abogada y exmandataria de la CICIG Flor María Galvez, ha recibido diversas denuncias penales en su contra por haber asumido la defensa técnica de Leydi Indira Santizo y Eva Siomara Sosa. Asimismo, se le ha pretendido vincular a un proceso penal por haber denunciado, conjuntamente con la fiscal Virginia Laparra Rivas, actos de corrupción contra funcionarios públicos. Por temor a ser detenida, Flor Gálvez se vio obligada a abandonar temporalmente el país y a presentar, junto a otras compañeras, una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en febrero de 2022 que por el momento no ha sido resuelta.
Actualmente, la abogada y también exmandataria de la CICIG, Claudia González, defiende además del caso contra la abogada Santizo y exfiscal Sosa, a la fiscal Virginia Laparra, quien continúa en prisión preventiva desde el 23 de febrero de 2022 por haber denunciado actos de corrupción. Además de enfrentarse a los obstáculos y arbitrariedades de los procesos judiciales que defiende, Claudia es víctima de estigmatización a través de ataques discriminatorios y misóginas en redes sociales que deslegitiman su ejercicio profesional como abogada defensora.
El Observatorio condena firmemente la criminalización de las compañeras y la injerencia sufrida en el ejercicio legítimo de su profesión.
El Observatorio hace un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que garanticen el cese de cualquier criminalización e injerencia del ejercicio profesional de las compañeras.
El OIAD recuerda a las autoridades guatemaltecas que la independencia de la abogacía es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados (1990), según los cuales:
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.” (Principio 16).
“Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.” (Principio 17)
“Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.” (Principio 18)
“Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo.” (Principio 20)
“Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso se facilitará lo antes posible.” (Principio 21)
[1] La Comisión Internacional Contra al Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada en 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, como órgano independiente y con la finalidad de apoyar al Ministerio Público y otras instituciones del Estado en la investigación y desmantelamiento de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. La CICIG fue disuelta en 2009 por decisión unilateral del expresidente Jimmy Morales.
[2] La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) nació con el fin de investigar casos de corrupción de alto impacto seleccionados por la CICIG y el Ministerio Público.
