Por Regina Pérez
Guatemala atraviesa actualmente uno de los procesos políticos y administrativos más trascendentales de los últimos años, la elección de la persona para Fiscal General que sustituirá a Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP), quien en mayo próximo finalizará una gestión criticada por numerosas razones, pero principalmente por lo que analistas llaman una destrucción de la institucionalidad: la persecución de jueces, fiscales y abogados que lucharon contra la corrupción y una menor efectividad en el trabajo del ente investigador.
Porras, actual jefa del MP se acercó un paso más a una posible reelección luego de que la Comisión de Postulación, encargada de la elección de Fiscal General, le otorgara una nota de 90 puntos al momento de evaluar su expediente, sin tomar en cuenta los señalamientos por el plagio de su tesis doctoral. Su inclusión en la nómina de seis candidatos que será entregada al presidente Alejandro Giammattei se definirá el miércoles 20 de abril, cuando los comisionados voten a viva voz sobre su candidatura.
La Comisión de Postulación procedió el pasado 18 de abril a revisar los expedientes de los 15 candidatos que quedaron en el proceso, luego de que al principio del mismo varios perfiles fueron desechados por no cumplir con los requisitos. La Postuladora había aprobado otorgar 30 puntos a los méritos académicos, 65 puntos por méritos profesionales y 5 por proyección humana.
Uno a uno los comisionados fueron calificando a los candidatos, entre los cuales, los perfiles cuestionados del Procurador General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, quien es cercano al presidente Alejandro Giammattei, o el del magistrado Henry Elías Wilson, señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, no alcanzaron la nota mínima de 75 puntos, aprobada por la Comisión, para ser incluidos en la lista de seis candidatos.
En el caso de Consuelo Porras, la candidata más cuestionada del proceso, incluso por la comunidad internacional, alcanzó 90 puntos, la nota más alta de todos los candidatos. Los comisionados le otorgaron 15 puntos por su tesis doctoral realizada en la Universidad Mariano Gálvez, que de acuerdo con objeciones presentadas, fue plagio de la tesis de licenciatura del abogado Benigno Ramírez Choc, ya fallecido.
En la fase de la evaluación, la Postuladora no tomó en cuenta las objeciones presentadas en contra de la tesis doctoral. La trayectoria y experiencia profesional de Porras, que incluye experiencia previa en el MP, haber sido magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala y magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) le valieron 60 puntos por parte de la Postuladora. En total, fue calificada con 90 puntos, el máximo punteo otorgado por los comisionados.
En esta fase del proceso, los comisionados tampoco se pronuncian sobre los méritos éticos de los candidatos, ya que solo toman en cuenta aspectos medibles como los posgrados, especializaciones, maestrías, docencia y trayectoria.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, una de las organizaciones que monitorea el proceso de elección de Fiscal General, señaló que aunque el papel de la Postuladora de Fiscal General ha sido criticado, por no invalidarle el doctorado a Porras que ha sido cuestionado, entre las funciones y facultades de los comisionados no está el despojar de sus títulos a los candidatos, sino que esto corresponde a la Universidad que lo dio.
Todo lo que hemos visto ha sido formalidad jurídica, porque en ese ámbito se mueve la Comisión, que tiene mandatos constitucionales que cumplir y hasta ahora han sido cuidadosos, agregó.
Por otro lado, señaló que Porras ha sacado buenas calificaciones en todos los procesos de elección en los que participado, donde intentó llegar a ser magistrada de la CSJ y Fiscal General en 2014 y 2018, por su buena trayectoria. “Ella era buena hasta que llegó a ser Fiscal General”, indicó Ibarra.
“Porras destruyó la institucionalidad del MP”
Desde que asumió como Fiscal General, Consuelo Porras arreció una persecución en contra de fiscales y exmandatarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que en su momento trabajaron casos de corrupción, así como otros en contra de abogados, jueces y periodistas.
Alejandro Rodríguez, consultor del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), señaló que además de presentar una tesis doctoral claramente plagiada, Porras “destruyó la institucionalidad del Ministerio Público” y calificó el trabajo de la Postuladora como “cuestionable” por calificar a Porras con una nota de 90 puntos pese al cuestionamiento de su tesis doctoral.
El consultor indicó que el trabajo de Porras en el MP ha sido menos efectivo que el de su antecesora, Thelma Aldana. En el Índice de Percepción de Corrupción, de Transparencia Internacional, Guatemala descendió 8 puntos, “eso precisamente evaluando el deterioro del sistema de justicia y especialmente el tema de la lucha contra la corrupción”, explicó.
Sumado a eso, Rodríguez aseguró que nunca se había dado la manipulación de los casos, la destitución arbitraria de fiscales o casos y cambiar a otros cuando está funcionando una buena Fiscalía e incluso destituir al jefe de la FECI, “por satisfacer los deseos del presidente de la República”, como en esta gestión.
En julio de 2021, la jefa del MP destituyó a Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI y en febrero de este año coordinó la captura de una exmandataria de la CICIG y varios fiscales, además de interponer denuncias en contra de varios jueces independientes. Una de las fiscales, Virginia Laparra, quien fue jefa de la FECI en Quetzaltenango, continúa en prisión, mientras que la exjueza Érika Aifán tuvo que salir al exilio.
Además de ser incluida en la lista de actores antidemocráticos y corruptos del Departamento de Estado, de Estados Unidos, en septiembre de 2021, en marzo pasado el portavoz del Departamento de Estado en Washington, Ned Price, manifestó su preocupación por los “descarados” ataques de Porras contra el sistema de justicia, a través de capturas por motivos políticos a funcionarios y exfuncionarios que lucharon contra la corrupción.
El Parlamento Europeo también criticó las acciones en contra de jueces, abogados y fiscales iniciadas por la Fiscal General, en una resolución realizada a inicios de este año.
Parlamento Europeo condena criminalización a operadores de justicia y periodistas
En un análisis reciente, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expuso que al menos 15 jueces o fiscales de alto perfil han dejado el país en menos de un año. En tanto, al 22 de marzo, 24 operadores de justicia han sido obligados a exiliarse con el fin de proteger sus vidas.
Para Rodríguez el daño que se ha cometido al MP y a Guatemala bajo la gestión de Porras es irreparable, por lo que es una verdadera vergüenza que la Comisión está avalando la destrucción de la institucionalidad del MP y la manipulación de casos, por lo que calificó este proceso como una farsa.
Comisiones terminaron por ser cooptadas
Las Comisiones de Postulación fueron institucionalizadas con el fin de limitar la discrecionalidad de los organismos del Estado sobre los nombramientos de determinadas autoridades, como Fiscal General de la República, magistrados de las altas Cortes y de la Contraloría General de Cuentas.
Ibarra dijo que las Postuladoras, antes de que se aprobara la Ley de Comisiones de Postulación, en 2009, trabajaban en secreto y a discreción. Al crearse las Comisiones lo que se pretendía era crear un tener un filtro de orden académico y gremial que evaluara a los aspirantes y elaborara una lista.
“La intención fue muy buena, porque intentó despolitizar o restar la influencia partidaria en estos procesos de postulación”, señaló Ibarra.
No obstante, dijo que a partir del 2000, cuando surgió la fuerza gremial encabezada por el abogado Roberto López Villatoro, apodado el “Rey del Tenis”, se empezaron a mover diferentes fuerzas políticas que terminaron de cooptar a las Comisiones, por la vía directa o indirecta, explicó Ibarra.
La vía indirecta fue por medio de estrategias y jugadas de influencia y la vía directa, creando Universidades con Facultades de Derecho para tener un escaño en las Comisiones de Postulación. “El amaño en los procesos de postulación se logra por esas dos vías, la directa y la indirecta, pero hay comisionados y entidades que tratan de hacer un buen trabajo, por lo tanto no podemos hacer una crítica generalizada a quienes participan en los procesos”, mencionó.
Por su parte, Rodríguez, consultor del ICCPG, opinó que la actuación de la actual Comisión de Postulación fue nefasta y lamentable.
Al principio de este proceso dejaron fuera a buenos candidatos como Nidya Corzantes, exdirectora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), y a Walter Paulino Jiménez Texaj, actual magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), en cambio, dejaron pasar a aspirantes como José Enrique Urrutia, uno de los candidatos más cuestionados que tenía su expediente plagado de errores, afirmó Rodríguez.
El proceso de elección de Fiscal General ha llamado la atención a nivel nacional e internacional ya que de este depende el cambio del rumbo del MP. Ana María Méndez y Julia Aikman Cifuentes, de WOLA, señalaron en un artículo que, a pesar del marco legal, elecciones anteriores de Fiscal General han estado marcadas por irregularidades.
En el caso de la actual Comisión está presidida por la magistrada presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, contra quien se planteó un antejuicio por el caso Comisiones Paralelas 2020, por el amaño en la elección de magistrados de las altas Cortes en 2019. Valdés también ocupa la presidencia de la CSJ más allá del plazo legal, esto porque el Congreso no ha elegido a sus sucesores.
Tras un amparo del abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo en la CC, se excluyó a los jueces de participar en la actual elección. Las autoras señalan que “lejos de ser un proceso técnico, la selección de Fiscal General de Guatemala es en últimas “una decisión política” ya que será Giammattei quien decidirá de la lista de seis candidatos.
De acuerdo con las autoras, este proceso de elección es fundamental porque brinda una oportunidad para reconstruir el sistema de justicia e hicieron un llamado a la comunidad internacional a tomar posturas más firmes contra las tendencias autoritarias en la región, incluyendo Guatemala.
20 de abril, fecha clave en la elección
El miércoles 20 de abril, los comisionados estarán bajo los ojos de la sociedad guatemalteca puesto que tendrán que elegir a la lista de seis candidatos que se le entregará a Giammattei y tendrán que pronunciarse sobre cada uno de los aspirantes.
Solo dos de 15 aspirantes lograron obtener un punteo mayor a la nota mínima de 75 puntos, aprobada anteriormente por la Comisión, para ser incluidos en dicha lista, por lo tanto, la Postuladora tendrá que tomar mañana una decisión sobre dicho punteo para tener más opciones para votar. Cada candidato tendrá que obtener, al menos 10 votos para ser incluido en la nómina final.
“Mañana (miércoles) si no hay excusas, no tienen que ver papeles, cuando voten y se pronuncien previamente sobre la honorabilidad, van a tener que decir algo de las tachas, si no lo hacen sí va a ser decepcionante” señaló Ibarra, quien dijo que a la hora de votar los comisionados van a validar o no todo lo que implica el aspirante. Si votan por Porras van a validar todo de la candidata más cuestionada de este proceso.
