El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que el Estado de Guatemala no ha mostrado voluntad a las recomendaciones hechas para mejorar las condiciones que garanticen la libertad de expresión, la independencia judicial y la situación de los pueblos indígenas; señalan retroceso.
Por Regina Pérez
Recientemente el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio a conocer la calificación que dio a Guatemala en tres temas: libertad de expresión, independencia judicial y pueblos indígenas, en los cuales el país recibió una calificación “C”, que significa insatisfactorio, debido a que el Estado guatemalteco no ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por dicho Comité.
Recomendaciones para reforzar las políticas de protección a periodistas, implementar las consultas en territorios indígenas, detener los desalojos forzosos no acordes con los estándares internacionales y garantizar la elección de magistrados de las altas Cortes, entre otros, no han sido implementadas por Guatemala.
Mara Bocaletti, directora regional de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, dijo que el Comité informó el pasado 18 de marzo al Consejo de Derechos Humanos sobre esta calificación dada al Estado de Guatemala, en el marco de su periodo de sesiones.
Plataforma Internacional es parte de las organizaciones que enviaron un informe al Comité de Derechos Humanos el año pasado, para contrastar el informe del gobierno guatemalteco en torno a las recomendaciones emitidas por el Comité en 2018, que hasta la fecha no han tenido avances. Las organizaciones se reunieron con dos integrantes del Comité para dar seguimiento a dicha evaluación.
Vasilka Sancin, integrante del Comité de Derechos Humanos, explicó los criterios utilizados para emitir las recomendaciones: primero, que sean implementables en tres años; y segundo, que la recomendación requiere atención por la gravedad del asunto o por la urgencia de la situación, o que el tema ha estado pendiente por mucho tiempo y no ha sido tratado por el Estado parte.
Sancin informó que para la calificación en independencia judicial Guatemala recibió un “C”, igualmente para la libertad de expresión y asociación y obtuvo una división entre los pueblos indígenas entre B y C. “La respuesta por parte del Estado parte a estas tres recomendaciones no ha sido satisfactoria, C significa que la acción no es satisfactoria y que el Estado debe implementar estas recomendaciones y brindar evidencia de mayor cumplimiento”, indicó.
¿Qué dice el informe enviado por las organizaciones?
En el tema de libertad de expresión, las organizaciones hacen notar la falta de una política de protección para defensores de derechos humanos y periodistas y la aprobación de la Ley de Oenegés, tras un pronunciamiento favorable de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El Estado guatemalteco tampoco ha dotado de recursos necesarios a los organismos existentes con el fin de mejorar la respuesta ante los ataques a periodistas y defensores.
Del 2018 a abril de 2020, la Fiscalía de Sección de Delitos Cometidos contra Periodistas recibió un total de 211 denuncias. “En el caso de la libertad de prensa continúa un elevado número de agresiones contra periodistas, comunicadoras y comunicadores sociales y comunitarios”, señala el informe enviado.
El documento da cuenta del fenómeno de acoso selectivo contra periodistas y comunicadores que informan sobre proyectos extractivos y sobre actos de corrupción y funcionarios estatales. En el marco de ese acoso selectivo, se producen agresiones contra ellas y ellos por medio de las redes sociales, actos de criminalización y de vigilancia.
En el tema de independencia judicial, se recomendó a Guatemala garantizar el nombramiento de jueces, magistrados y Fiscal General, basado en criterios objetivos y transparentes, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado la elección de los magistrados de las altas Cortes.
Otra recomendación fue reforzar el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, para que puedan luchar de manera efectiva contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la CICIG fue expulsada del país durante el gobierno de Jimmy Morales y su mandato no fue renovado. En tanto informes independientes dan cuenta que Guatemala continúa en la lista de los cinco países más corruptos de América Latina.
Según la directora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, quienes antes eran garantes de derechos, ahora son criminalizados. “El caso de la jueza Érika Aifán y de los otros jueces que corren peligro en su seguridad individual y todos los casos de hostigamiento que se estaban dando era importante resaltarlos”, manifestó.
En el caso de pueblos indígenas, se emitieron recomendaciones para velar por la celebración de consultas efectivas para obtener su consentimiento previo e informado, lo cual no se ha realizado en territorios como El Estor Izabal, donde opera el proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). En el informe se señala que en 2021 representantes del Ministerio de Energía y Minas, en contubernio con la empresa, dejaron fuera a representantes legítimos de las comunidades y procuraron el nombramiento de otros afines a sus intereses.
Rigoberto Juárez, autoridad ancestral maya Q’anjob’al, dijo que en representación de su comunidad y territorio han tenido la oportunidad de hacer llegar sus preocupaciones y participar en la elaboración de las recomendaciones a los informes. “El tema de la violación a los derechos de los pueblos indígenas es transversal, porque está el derecho de las mujeres, niñez, de las ancianas y ancianos, hace falta ubicarlo con mayor precisión en estos debates a nivel de Naciones Unidas”, indicó.
Juárez dijo que se confirma lo que se ha venido diciendo: que hay un Estado que agrede, despoja y que tiene la política de exterminar a los pueblos indígenas junto con empresas que se aprovechan del despojo que hace el Estado. “Pero el Estado tiene una alta responsabilidad ante los sistemas a los cuales pertenece, en este caso Naciones Unidas, pero cuándo el Estado va a reparar estos daños que ha hecho a los pueblos, seguramente tendremos que acudir a esa instancia para solicitar la reparación a los graves daños a los derechos humanos”, manifestó.
Sobre la calificación “C” dada por el Comité, la autoridad indígena señaló que hace falta visibilizar más derechos que no aparecen. Entiendo que tenemos una responsabilidad nosotros de hacerlo más visible, creo que ahí está la oportunidad en estos informes, dijo.
Por su parte, Bocaletti lamentó la calificación “C” para el país, porque quiere decir que no existe la voluntad política de mejorar las condiciones, de generar mejorías y procesos que a lo largo del tiempo den indicadores y evidencias claras de que hay voluntad de cambiar la situación. “Más bien hay un retroceso”, dijo.
El informe del Comité de Derechos Humanos para dar a conocer por qué Guatemala dio esa calificación aún no ha sido publicado.
Las organizaciones que enviaron el documento son la Asociación de Periodistas de Guatemala, Gobierno Plurinacional de las Naciones Q’anjob’al, Chuj y Akateko, Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanzas de los sistemas de Salud, la Red Rompe el Miedo, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), entre otros.
