Por Juan Rosales
Es abril de 2022. La semana previa a la Semana Santa, en la que la fe cristiana recuerda la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. En el banquillo de los acusados del Tribunal de Mayor Riesgo B, de Guatemala, nueve exmilitares y expolicías terminan de escuchar la acusación formal en su contra por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Los señalados, entre quienes se encuentran dos generales, otros oficiales de alto rango y elementos operativos, habrían pertenecido a estructuras ilegales desde las que cometían delitos de lesa humanidad en contra de personas pertenecientes a organizaciones revolucionarias, detención ilegal, allanamientos de morada, pillaje, violencia sexual, tortura, asesinato y desaparición forzada.
Entre los hechos atribuidos a los exmiembros de la seguridad del Estado, se encuentran los casos de los hermanos María Quirina y Juan Pablo Armira López, con los que se puede comprobar que hasta niñas y niños fueron considerados enemigo interno por parte de estas estructuras del ejército de Guatemala.
Además, la Fiscalía de Derechos Humanos presentó documentos incautados durante el allanamiento a la casa de Gustavo Adolfo Oliva Blanco, jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional. Dicha papelería es importante porque se corrobora la información que aparece en el denominado “Diario Militar” o “Dossier de la muerte”.
El Ministerio Púbico concluyó así las acusaciones en contra de nueve de los detenidos y se espera que en las próximas audiencias se pueda escuchar a las partes querellantes en el caso. También se podrá oír las argumentaciones de la defensa técnica de los acusados. Se tiene previsto que continúen el lunes 18 de abril, a las 9 de la mañana.
