Créditos: La Hora
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Una de las electoras del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que apoyó al decano de la Facultad de Humanidad de la Universidad de San Carlos (USAC), Walter Mazariegos, para llegar a la rectoría, es, además, asesora de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) del gobierno de Alejandro Giammattei.

Por Prensa Comunitaria

El 26 de abril pasado, Jordán Rodas y Carlos Valladares, representantes de las planillas SOS USAC y Avante, denunciaron un fraude electoral en las votaciones para Rector de esa casa de estudios, luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) excluyera a varios cuerpos electorales, para asegurar la victoria del decano de Humanidades que compite por la planilla Innova.

Prensa Comunitaria conoció recientemente los vínculos de algunos de los electores que respaldaron a Mazariegos y que habrían sugerido al CSU dejar fuera a los cuerpos que habían dado su voto a Rodas y a Valladares.

Entre el listado está Claudia Surama Ramos Leal, de 40 años, abogada y notaria desde 2008. En sus 14 años de ejercicio profesional ha trabajado en el Registro de Comercializadores de Equipos Terminales Móviles y Tarjetas SIM ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en 2015, ha sido catedrática en el Diplomado de Actualización en Ciencias Penales en la USAC en 2017 y fue técnica en capacitación electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la realización de la Consulta Popular en 2018.

Crédito: cortesía

También ha participado como candidata de la Planilla Alianza de Profesionales de Justicia para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones en 2019 y, actualmente, es asesora de Walter Alexander Levy Herrera, secretario de la Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Una institución bajo las órdenes de la Presidencia de la República.

La SIE se encarga de aplicar tácticas de contrainteligencia para prevenir y/o detectar actividades de inteligencia de actores que representan amenazas o riesgos, analizar y formular escenarios que permitan identificar las amenazas y los riesgos al Estado, sus instituciones y habitantes; además de asesorar al presidente, y al Consejo Nacional de Seguridad la Inteligencia de Estado.

En el desempeño del cargo como asesora, Ramos Leal percibe 23 mil quetzales de salario mensual, de acuerdo al contrato administrativo 005-029-2022.

Otros electores

Ramos Leal no es la única electora que respaldó a Mazariegos con su voto y que tienen conflicto de intereses. Otra integrante que forma parte del Tribunal Electoral del CANG es Astrid Elizabeth García Castillo, subdirectora de Asuntos Jurídicos de la USAC, quien también votó a favor del decano.

García Castillo aparece en el “listado de exclusión de notarios con impedimento para el ejercicio del notariado”, que el Organismo Judicial elaboró en 2014.

Le sigue Luis Fernando Cordón Lucero, director jurídico de la USAC, quien habría recomendado al CSU no acreditar los cuerpos electorales de Agronomía, lo que desató la denuncia del fraude electoral por la rectoría.

Hasta el año pasado, Cordón había fungido como jefe de Control Académico de la Facultad de Humanidades que preside Mazariegos desde hace 16 años.

El decano de Humanidades también recibió el apoyo de Juan Carlos Godínez a quien Estados Unidos incluyó en la “Lista Engels” de actores corruptos y antidemocráticos a los que se les ha negado la visa americana.

Godínez, además, es miembro del CSU en representación al CANG. Durante el proceso de aprobación de cuerpos electorales que se ha efectuado en abril de este año, Godínez ha sido uno de los consejeros del CSU que apoyó que Mazariegos y Luis Suárez,  decano de Ciencias Económicas, participaran en la votación aunque ambos competían por la rectoría.

En 2021 se postuló para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ese año, la Fundación Myrna Mack y Movimiento Projusticia objetaron su candidatura por estar vinculado al caso “Comisiones Paralelas 2020”, tras haberse reunido con Gustavo Alejos Cámbara, acusado de amañar varios procesos de designación de funcionarios y de varios casos de corrupción. También fue señalado de ser abogado de integrantes del cartel Los Huistas.

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