Por Nelton Rivera
Olga Ché y Cristóbal Pop, autoridades ancestrales de El Estor, Izabal, informaron que varios vehículos particulares permanecen en las cercanías de sus casas y las de otras personas que integran la resistencia antiminera. El domingo 10 de abril, dieron a conocer a Prensa Comunitaria que varios vehículos particulares, tipo sedán, con vidrios polarizados y placas cubiertas fueron fotografiados por los vecinos.
Pop dijo que a inicios de abril aumentó el control y la vigilancia en su casa. Los vehículos permanecen durante horas frente a las viviendas de Ché y de él, incluso agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), vestidos de particular, los vigilan. Agregó que también han visto un dron sobrevolar sus hogares.
Ché y Pop, forman parte de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ y de la directiva de la Gremial de Pescadores Artesanales. Pop fue criminalizado por Solway, por oponerse a las operaciones del proyecto minero Fénix, desde 2017 y enfrenta un proceso penal.
Cristóbal y Olga, fueron dos de los voceros más visibles, en El Estor, durante los 20 días de resistencia antiminera: posteriormente han sido fotografiados por agentes de la PNC, el Ministerio Público (MP) y personas del Ministerio de Gobernación, en repetidas ocasiones.
Durante el estado de sitio de 2021, que inició el 24 de octubre, las autoridades allanaron sus viviendas y la empresa logró ingresar varios camiones cargados de carbón para el funcionamiento de la planta procesadora; dos días le tomó al Gobierno de Giammattei desalojar el plantón antiminero.
Cinco meses después de la represión en El Estor, el 22 de marzo de 2022 con la detención de Julio Ancelmo Toc Mucú, de 28 años, señalado del delito de instigación a delinquir, se confirmó una nueva demanda penal por parte de 14 agentes de la PNC que participaron en el desalojo, contra once comunitarios, varios de estas autoridades ancestrales y el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Choc Chub.
Estas doce personas fueron acusadas por el MP de Morales, Izabal, por el delito de instigación a delinquir, por haber participado del plantón antiminero, del 22 de octubre. Ese día cientos de agentes de la PNC y antimotines lanzaron gases lacrimógenos en contra de la población, mientras intentaban ingresar un convoy de camiones de la empresa Solway a la planta procesadora de níquel. Los agentes los señalan de haberles ocasionado lesiones y golpes, según consta en un documento médico presentado por el MP.
En una entrevistada vía telefónica, Pop afirmó con preocupación sobre el aumento de gente extraña en el municipio y de estos operativos de vigilancia. “El Estado, en vez de protegernos y garantizar que la licencia minera Fénix sea suspendida como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad, se dedica a perseguirnos penalmente, reprimirnos y vigilarnos, no hay justicia”.
Lea también:
El Estor: continua la criminalización contra los defensores del lago de Izabal
