Por Regina Pérez
La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, resolvió ligar a proceso a Alfonso Bulux Vicente, exintegrante de una patrulla elite kaibil, que entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 participó en la masacre de unas 200 personas del parcelamiento las Dos Erres, ubicada en La Libertad, Petén.
Bulux, quien fue subinstructor de curso de adiestramiento de Operaciones Especiales, kaibil, del Centro de Estudios Militares, con grado de sargento especialista del ejército, fue acusado por la Fiscalía de Derechos Humanos, del Ministerio Público (MP), por los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato, en agravio de 200 personas, hechos ocurridos en 1982, en el contexto del conflicto armado interno.
“Hasta el momento todos los medios de convicción determinan la posible comisión de delito, graves violaciones a los derechos humanos, no solo en el contexto nacional sino en el internacional”, resolvió la jueza antes de ligarlo a proceso, quien realizó una extensa argumentación, detallando los medios de convicción presentados por el MP, entre los que hay testimonios, peritajes, mapas cartográficos y fotos.
La juzgadora también argumentó sobre el delito contra los deberes de humanidad, crimen de lesa humanidad, los cuales, dijo, se consideran crímenes graves y que son imprescriptibles.
La jueza agendó para el 28 y 29 de junio la audiencia de etapa intermedia, en donde resolverá si envía a juicio a Bulux. Además, dictó prisión preventiva en contra del acusado quien permanecerá en la cárcel de Mariscal Zavala, por la gravedad de los hechos que cometió.
Bulux fue detenido el 17 de septiembre de 2021 en Melchor de Mencos, Petén. Tenía una orden de captura desde el 19 de abril de 2000.
#Ahora La jueza Claudette Domínguez comienza a resolver si envía a juicio o no al exkaibil Alfonso Bulux, por su presunta responsabilidad en el #CasoDosErres, masacre cometida por el ejército en La Libertad Petén, en diciembre de 1982. 👇🧵
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) April 12, 2022
Así sucedió la masacre
Durante su argumentación, la jueza Domínguez repasó los hechos expuestos por la Fiscalía, que señaló que el 7 de diciembre, Bulux junto a los demás integrantes de la patrulla élite kaibil, acompañada de 40 soldados y un guía prisionero de guerra, se dirigió al parcelamiento las Dos Erres, supuestamente para recuperar 21 fusiles que habían sido arrebatados al ejército unos días antes en una emboscada preparada por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).
Para llevar a cabo el operativo se organizaron en cuatro grupos, de comando, asalto, seguridad, apoyado por un contingente de 40 soldados.
La Fiscalía acusó a Bulux de haber procedió, junto a los demás militares a sacar a las personas de sus casas, en la madrugada del 7 de diciembre de 1982. A los hombres los reunieron en la escuela y a las niñas, niños y mujeres, los llevaron a la Iglesia evangélica.
El grupo de asalto, dirigido por Cesar Adán Rosales Batres, perpetró actos de violencia y de violencia sexual en contra de las mujeres, “incluyéndolo a usted señor Alfonso Bulux Vicente, que usted realiza actos de violencia y violencia sexual en contra de varias mujeres, dentro de ellas se encontraba una niña que fue violada frente a su familia y otras personas de la comunidad”, dijo la jueza.
Ese mismo día, los integrantes de la patrulla elite kaibil obligaron a las mujeres, de quienes habían abusado sexualmente, a prepararles sus alimentos. Por la tarde, mataron a los pobladores y el término que usaron es que iban a “vacunarlos”.
“En esa fase, las acciones que a usted se le atribuyen, señor sindicado es que usted traslada a las niñas, niños, mujeres y hombres que previamente habían sido concentrados en la escuela o la iglesia, con rumbo a la orilla de pozo de agua, que se encontraba en construcción, ubicado en la parcela del señor Juan Arévalo”, prosiguió la jueza.
Ahí, los kaibiles procedieron a interrogar a mujeres y hombres sobre los fusiles, quienes tenían los ojos vendados, a quienes también torturaron. “A usted se le reprocha que intervino en la privación de la vida de las personas pertenecientes a dicha comunidad, a las víctimas se les privó de la vida golpeándolas en la región de la cabeza con una almádana, lanzándolas posteriormente al pozo, para finalmente cuando ya estaban las víctimas en el pozo efectuaron disparos, inclusive les lanzaron granadas”, señaló.
Entre los medios de convicción que presentó la Fiscalía hay informes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), donde se establece que las víctimas tenían un golpe en el cráneo hecho con una almádana, un objeto usado para romper piedra en busca de agua.
El abogado defensor de Bulux intentó desacreditar este extremo, sin embargo, Domínguez señaló que está acreditado por medio de los informes.
El MP también acusó al exkaibil de saquear las viviendas de los pobladores “y generó las condiciones para que se le diera muerte violenta y sometimiento a actos de tortura, a un grupo de pobladores, aproximadamente 200 personas”, señaló la jueza.
Luego de ejecutar la masacre, los soldados se retiraron rumbo a Bethel, un pueblo al norte de Petén, llevándose a tres mujeres y a dos niños, Ramiro Osorio Cristales y Óscar Alfredo Castañeda. Las mujeres fueron violentadas y asesinadas, en tanto los niños fueron tomados como botín de guerra y, según los medios de convicción, fueron registrados con nombres y apellidos diferentes.
La jueza resaltó que el nombre de Alfonso Bulux fue mencionado por testigos, cuyos testimonios constituyen prueba anticipada.
Otros procesados por la masacre
Además de Bulux, quien tendrá que enfrentar audiencia de etapa intermedia, ya han sido condenados por este hecho el exteniente Carlos Antonio Carías López y los integrantes de la patrulla elite kaibil, Daniel Martínez Méndez, Manuel Pop Sun, Pedro Pimentel Ríos, quien fue extraditado de EE.UU., Reyes Collin Gualip y Santos López Alonzo, este último también extraditado del país norteamericano.
Los exkaibiles, Gilberto Jordán y José Mardoqueo Ortiz Morales esperan juicio por esta masacre. Ambos fueron deportados de Estados Unidos, el primero después de pasar 10 años en prisión en ese país, por fraude migratorio, en tanto Ortiz Morales violó las leyes migratorias estadounidenses, al mentir sobre su participación en la masacre.
El primer fallo histórico en relación con esta masacre, fue el 2 de agosto de 2011, cuando se condenó a cuatro exkaibiles a 6 mil 60 años de prisión.
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