Créditos: Juan Rosales
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El inicio del proceso estuvo marcado por la renuncia de dos de los tres abogados del acusado Edgar Virginio de León Sigüenza y de Eliseo Barrios Soto, por lo que el juez Gálvez resolvió el abandono de la defensa y también resolvió notificar al Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados, por el comportamiento del abogado de Barrios Soto, que no se presentó a la audiencia, de la que había sido notificado con 18 días de anticipación.

 Por Juan Rosales

 

Con varios minutos de retraso, inició este 28 de marzo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, dirigido por el Juez Miguel Ángel Gálvez, la etapa intermedia del caso del Diario Militar en la que la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), presentará la acusación  formal y los medios de prueba que la sustentan, en contra de 11 exmilitares y expolicías, que habrían formado parte de una estructura clandestina que detuvo, desapareció, torturo y ejecutó a opositores políticos de 1983 a 1985, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores.

El inicio del proceso estuvo marcado por la renuncia de dos de los tres abogados de Edgar Virginio de León Sigüenza y de Eliseo Barrios Soto, por lo que el juez Gálvez resolvió el abandono de la defensa y también resolvió notificar al Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados, por el comportamiento del abogado de Barrios Soto, que no se presentó a la audiencia, de la que había sido notificado con 18 días de anticipación.

Para los querellantes del caso, la renuncia a última hora de los abogados de uno de los acusados, es una estrategia que buscar entorpecer y retrasar el desarrollo del proceso.

A pesar de eso, los familiares y organizaciones querellantes, así como la Fiscalía de Derechos Humanos, pidieron continuar con el proceso judicial. El juez Gálvez decidió iniciar la etapa intermedia.

La Fiscalía de Derechos Humanos, inició las acusaciones presentando algunos medios de prueba obtenidos durante el allanamiento realizado al momento de la detención del teniente coronel Gustavo Adolfo Oliva Blanco.

La documentación obtenida en la casa de Oliva Blanco, expuso la Fiscalía, permitió hacer un análisis de las mismas y encontrar en los documentos incautados códigos similares a los que aparecen anotados en algunas fichas de personas que aparecen en el Diario Militar. Con ellos, sostuvo el MP, se comprueba la persecución y la ejecución de personas de diferentes organizaciones guerrilleras durante el Conflicto Armado Interno.

La Fiscalía presentó formalmente acusaciones en contra de cuatro de los 11 que supuestamente debían empezar esta etapa intermedia, dos abogados defensores renunciaron o no se presentaron, lo que llevo al juez Gálvez a tomar la decisión de separarlos de las audiencias que se realizaron en esta semana. Su etapa intermedia se llevara a cabo en otro momento.

Durante cuatro días, en la sala del Juzgado de Mayor Riesgo B a cargo del Juez Miguel Ángel Gálvez se escuchó como una estructuras ilegal, que utilizó recursos del Estado, desarrolló a operaciones ilegales para detener a opositores políticos con presencia en la ciudad de Guatemala y Escuintla.

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene previsto presentar las acusaciones individuales, del 28 de marzo al 12 de abril, de los acusados que fueron ligados a proceso por los delitos de desaparición forzada; delitos contra los deberes de la humanidad; asesinato; asesinato en grado de tentativa y ejecución extrajudicial.

Las audiencias continuarán el martes 5 de abril en el Juzgado de Mayor Riesgo B a las 8:30 am.