De la FECI a la cárcel: carta escrita por Virginia Laparra, detenida por denunciar actos de corrupción

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Créditos: El Procurador de los Derechos Humanos hizo visita de verificación, para evaluar la situación de la Dra. Lilian Virginia Laparra
Tiempo de lectura: 3 minutos

Desde el Centro de Detención Mariscal Zavala

 Carta abierta al pueblo de Guatemala

 

A la fecha tengo más de un mes de estar presa, veo la luz del sol una vez al día, fui arrancada de mi tierra, mi bella, amada e inigualable Quetzaltenango. Me alejaron de mi casa, de mi familia, de mis amigos, me dejaron sin trabajo y me arrebataron mi libertad.

Mi delito: tener la entereza de presentar denuncias administrativas como fiscal del Ministerio Público, en contra de un juez de Primera Instancia Penal en Delitos de Mayor Riesgo.

A lo largo de mi carrera he visto denuncias administrativas presentadas por jueces en contra de fiscales, de hecho, el mismo juez a quien denuncié, ha presentado denuncias como juez en contra de fiscales, incluida yo y pregunto, ¿eso es delito, un delito de tal gravedad qué merezca PRISIÓN PREVENTIVA? Es claro que las circunstancias cambian dependiendo de quien es el actor.

Al proceso abierto en mi contra le abrieron 2 causas, una en Quetzaltenango y otra en Guatemala; la causa de Quetzaltenango es del año 2018 y la de Guatemala en 2019, ¿en qué Estado de derecho se abren distintas causas, en distintos departamentos a un mismo número ministerial? Solo en el que se me está aplicando a mí.

El día siguiente a mi aprehensión yo tenía audiencia programada en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, el mismo que dictó mi aprehensión, pregunto, ¿Por qué no me permitió llegar a la audiencia ya programada? ¿Por qué mandar a aprehenderme de inmediato un día antes?

La causa donde se gira mi aprehensión es año 2019 y el NUEVO número de expediente del Ministerio Público que le dan a esa causa es ahora 2021, de 2 años posteriores al número de causa, pregunto ¿cómo un juez puede tomar control de un número del Ministerio Público que aún no existía?

Cuando el Ministerio Público solicita mi aprehensión el juez le pregunta, ¿por qué aprehensión y no citación? La respuesta de la fiscal es: “porque son órdenes de mi jefa y se sospecha se pueda fugar”, a lo que el juez agrega, que dicta la aprehensión porque he planteado: tantas actividades procesales defectuosas, tantas reposiciones, apelaciones, quejas, incidentes y amparos y que por eso giraba la aprehensión; lo que el juez NO DIJO es que todos esos planteamiento los hice porque nunca me permitieron estar en las audiencias de adhesiones de los supuestos querellantes y porque me tenían DOS CAUSAS ABIERTAS POR EL MISMO CASO, que ejercer el sagrado derecho de defensa NO ES PELIGRO DE FUGA, por ende no es motivo legal para dictar aprehensión y mucho menos dictar prisión preventiva.

En la primera declaración el juez al dictar mi prisión preventiva indica que: si me deja salir al día siguiente yo estaría presentado muchos requerimientos en su judicatura y en tono de burla se refiere a mi grado académico de Dra. en Derecho Penal y Procesal Penal.

Llevo más de un mes presa por:

  1. Ser mujer
  2. Haber pertenecido a la FECI
  3. POR NO HABER FUGADO EN 4 AÑOS que este proceso ha durado intentando por todos los medios a mi alcance que me dieran la intervención que en derecho correspondía.
  4. Por ejercer mi derecho de defensa
  5. Por tener un grado académico de doctorado
  6. Mi delito: presentar denuncias administrativas por un actuar anómalo de un juez, eso: NO ES DELITO.

Es una discriminación y criminalización selectiva y malévola que tiene como fin erradicar cualquier posibilidad de que en el futuro un fiscal, se atreva a denunciar a un juez, eso es una venganza.

Denunciar administrativamente es un derecho, para un empleado y/o funcionario público, es una obligación no un delito, aunque en Derecho Internacional además de ser un derecho y una obligación como ya se apuntó, mi situación constituye también un GRAVE INCUMPLIMIENTO a los mecanismos de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la cual como una de sus recomendaciones establece: que Guatemala debía implementar ”medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan no estar tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa”, además de “medidas de protección, orientadas no solamente hacia la protección de la integridad física del denunciante y su familia sino también hacia la protección de su situación laboral (…), especialmente cuando se trate de un funcionario público (…).

Así las cosas, es evidente que mi posición de mujer, haber pertenecido a FECI, ejercer mi sagrado derecho de defensa, no darme a la fuga y tener un grado académico, hoy por hoy me tienen en prisión.

 

¡¿Hasta cuándo mi amada Guatemala?!

 

Guatemala, 03 de abril de 2022

 

Dra. Lilian Virginia Laparra

Ex jefa de la FECI Regional con sede en

Quetzaltenango

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