Su paso más reciente en el camino a la acumulación del poder absoluto en El Salvador es la aprobación de una ley que, con el pretexto de combatir a las pandillas, criminaliza al periodismo.
Por Héctor Silva Ávalos
El presidente de El Salvador se inventó una guerra con las pandillas porque tiene miedo. No teme al adversario al que dice combatir, que en realidad es su aliado. Nayib Bukele tiene miedo a las libertades de los demás. Teme que, sin el control absoluto del Estado, los crímenes en que él y los suyos se han embarcado sean demasiado visibles.
La nueva guerra de Bukele empezó el 27 de marzo con una escalada de violencia que, en las siguientes 72 horas, dejó 87 cadáveres de salvadoreños en las calles del país. En principio, la Policía Nacional Civil atribuyó la matanza a las pandillas Barrio 18 y MS13 e incluso hizo circular reportes según los cuales la mayoría de víctimas eran también pandilleros. Reportes periodísticos posteriores desmintieron eso.
Tres días después, el miércoles 30 de marzo, la Asamblea Legislativa, donde Bukele tiene supermayoría, decretó un régimen de excepción durante un mes. Luego, los diputados oficialistas enmendaron seis cuerpos legales, entre ellos el Código Penal y el Código Procesal Penal, para, según el discurso oficial, endurecer la guerra contra las pandillas.
En realidad, las reformas son amplias y criminalizan a cualquiera que el gobierno considere apologista, financista o colaborador de las pandillas. Todas las instituciones implicadas en la ejecución de estas reformas, desde los diputados hasta el fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema, son leales al presidente.
El abogado penalista Oswaldo Feusier entiende que todo está encaminado a criminalizar a quien se oponga al gobierno. “Hay vulneraciones claras al derecho que tiene cualquier ciudadano a ser juzgado con un debido proceso. No se juzga a criminales, se juzga a cualquier persona a la que el poder del Estado señale como criminal”, dice.
Y será el Estado, bajo el dominio de Bukele, el que decidirá a quién meter preso. “Es muy peligroso dejar al arbitrio de un funcionario quién es y quién no es sospechoso”, asegura Xenia Hernández, directora de la Fundación Democracia Transparencia Justicia.
La última vuelta de tuerca en las medidas de corte autoritario tomadas por el bukelismo llegó el miércoles 5 de abril, cuando el país ya estaba bajo régimen de excepción. Ese día, en otra sesión extraordinaria, los diputados del presidente modificaron más leyes para criminalizar a quienes hablen de las pandillas, del control territorial que ejercen en amplias zonas de El Salvador, de la incapacidad del gobierno para contener la violencia cuando el pacto que mantiene con las pandillas se ha roto y del mismo pacto pandillero.
“Es una reforma arbitraria que abre la puerta a la censura. No hace falta mucha interpretación cuando se están poniendo penas de 15 y 20 años de cárcel a quien diga que las pandillas ejercen control territorial en el país”, dijo a Prensa Comunitaria Nelson Rauda, periodista del periódico El Faro y secretario de actas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Cuando, el miércoles anterior, las reformas estaban por ser aprobadas, dos diputados oficialistas ya habían dejado claro quiénes eran los destinatarios de las reformas. Jorge Castro, de Nuevas Ideas, el partido del presidente, ya había pedido legislar para que hubiera “consecuencias jurídicas” para los medios que publicaran sobre el pacto de Bukele con las pandillas.
En un tuit que escribió tras la primera tanda de reformas de marzo, Castro abogó por considerar como “grupos terroristas” a quienes criticaran las medidas propuestas por el oficialismo tras la reciente escalada de violencia. Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, criticó a Castro y, por ello, recibió decenas de ataques en redes sociales, incluido uno directo del presidente Bukele.
Guillermo Gallegos, diputado de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), también pidió considerar como terroristas a los periodistas que escriban sobre el pacto pandillero. Gallegos no tiene en buena estima a la prensa independiente salvadoreña, que ha publicado varios reportajes sobre corrupción e irregularidades en manejos de fondos públicos atribuidos al diputado.
Todo está disfrazado como un intento de legislar para evitar algo que los diputados oficialistas llaman, de forma difusa, apología del delito. De lo que se trata, en realidad, es de esconder la relación del gobierno con las pandillas, algo que, de acuerdo con al menos dos agentes federales consultados en Estados Unidos, está a punto de reventarle a Nayib Bukele en forma de sendas acusaciones penales del Departamento de Justicia a dos funcionarios señalados por coordinar el pacto.
Hay ya decenas de pruebas del pacto entre Bukele y las pandillas. Muchas de ellas están en manos del gobierno de los Estados Unidos. Basado en esas pruebas, recogidas en buena medida por una fuerza especial llamada Vulcan y formada por agentes del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro, Washington sancionó a Osiris Luna Meza, director de prisiones de Bukele, y a Carlos Marroquín, un funcionario de la presidencia, por organizar el pacto con la MS13 y el Barrio 18 en nombre del presidente.
En diciembre pasado, la agencia Reuters reveló, citando fuentes oficiales estadounidenses, que el Departamento de Justicia prepara acusaciones penales a Luna y Marroquín. A inicios de abril, Prensa Comunitaria consultó en Washington al respecto con dos funcionarios federales que están al tanto de las investigaciones de Vulcan, quienes confirmaron que los procesos penales contra los salvadoreños son “inminentes”.
Pero hay más acciones recientes de Bukele y sus socios en el Judicial que reiteran un escenario de pacto entre el gobierno y las mismas pandillas a las que este dice combatir en esta especie de guerra que ha servido al presidente para afianzar su autoritarismo.
Mano dura a los críticos, mano blanda para los pandilleros
El adversario en esta guerra, en realidad, no son las pandillas o, al menos, no sus líderes. Solo este año, en las semanas previas a la escalada de violencia la Dirección General de Centros Penales (DGCP), liderada por Osiris Luna, el funcionario investigado por Estados Unidos, permitió la salida de prisión de uno de los principales líderes de la MS13.
El líder al que Osiris Luna liberó se llama Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de 14 miembros de la ranfla nacional -como se denomina en jerga pandillera al directorio nacional de la MS13 en El Salvador- a los que Estados Unidos ha solicitado en extradición para que respondan en una corte de Nueva York por delitos que van del homicidio al terrorismo. Luna lo liberó en junio de 2021, según confirmó una investigación de El Faro.
En agosto de 2021, la Corte Suprema de Justicia, dominada por magistrados impuestos por los diputados de Bukele, suspendió el proceso de extradición de otro líder de la MS13, este llamado Eliú Melgar, alias Blue, a quien Estados Unidos acusa de coordinar asesinatos por toda la costa este de ese país. Rodolfo Delgado, el fiscal general de Bukele, pidió explícitamente a la Corte que no deportara a Blue.
Una investigación del portal argentino Infobae determinó, también, que una de las razones por las que los diputados de Bukele impusieron al fiscal Delgado y a cuatro nuevos magistrados de la CSJ cuando la nueva legislatura tomó posesión, el 1 de mayo de 2021, fue para tapar el pacto pandillero y evitar la deportación de miembros de la ranfla a Estados Unidos, donde, entre otras cosas, podrían servir como testigos en eventuales casos criminales contra funcionarios salvadoreños.
Y el 5 de abril, un tribunal de apelaciones, también bajo la influencia de la corte bukelista, liberó provisionalmente a Vicente Ramírez, líder de vendedores ambulantes del centro de San Salvador implicado con pandillas y quien, según consta en documentos judiciales, tuvo contactos con funcionarios de Bukele, entre ellos con su secretario de prensa, Ernesto Sanabria, y su ministro de trabajo, Rolando Castro, este último también sancionado por Estados Unidos.
No fueron los periodistas salvadoreños ni la sociedad civil los que pactaron con la MS13 y el Barrio 18, tampoco los que liberaron al Crook y protegieron al Blue. Ni quienes liberaron a Vicente Ramírez. Todo eso lo hicieron funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. La guerra del presidente no ha sido contra el liderazgo pandillero. Es contra el periodismo y el disenso.
Bukele le declaró la guerra al disenso desde que asumió como presidente de El Salvador en junio de 2019. Pero fue la suya una declaración gradual, por estrategia no por exceso de escrúpulos. Cuando juró como jefe del Ejecutivo, el primero de junio de aquel año, Bukele aún cuidaba su imagen de joven líder, apóstol de la lucha contra la corrupción y némesis de la vieja política. Muy pronto, ni un año después, se metió con un grupo de soldados al Congreso del país a exigir que le aprobaran un préstamo. Desde entonces, Bukele no ha parado.
El presidente emprendió una arremetida contra el periodismo salvadoreño independiente que reveló sus tratos con las pandillas y su participación en un esquema internacional de lavado de dineros a través de un conglomerado empresarial llamado Alba Petróleos, investigado por lavar dinero procedente del petróleo venezolano. Inició también una persecución administrativa contra El Faro y otros periodistas independientes que ahora está a un paso de convertirse en persecución penal.
Solo entre el primero de enero de 2020 y el 5 de abril de 2022, durante el gobierno de Bukele, al APES ha registrado 374 agresiones a periodistas, un número muy superior a los de administraciones anteriores.
“Han juntado ya todas las herramientas para criminalizarnos. La intención explícita de hacerlo. Solo falta que den ese paso. Nada se los impide”, dice el periodista Nelson Rauda, directivo de APES.
No, no es a las pandillas a las que Bukele teme, es al periodismo independiente.
